Por: Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 6 de noviembre de 2018
Después de haber exportado la corrupción a toda América Latina a través de empresas como Odebrecht, Brasil ha estado dando grandes lecciones a la región en años recientes sobre cómo combatir ese flagelo. Mejor dicho, el sistema policial y de justicia brasileño ha puesto a los políticos y empresarios más poderosos del país a rendir cuentas luego de destapar el escándalo de Lava Jato.
El juez que ha jugado el papel clave en ese proceso y quien para muchos brasileños es un héroe nacional, Sergio Moro, acaba de ser anunciado por el presidente electo, Jair Bolsonaro, como futuro ministro de Justicia. ¿Es mala o buena noticia?
La izquierda y otros observadores más neutrales lo interpretan de manera negativa. El diario “El País” asegura que Moro “ha hecho un flaco favor a la justicia al aceptar el cargo de ministro”. Moro, después de todo, condenó a la cárcel al ex presidente Lula da Silva, quien hasta entonces lideraba las encuestas presidenciales, impidiendo así su candidatura. Eso facilitó la victoria de Bolsonaro, quien ahora lo invitó a ser parte de su gabinete.
Ciertamente, no se ve bien esa secuencia de eventos. El año pasado el mismo Moro afirmó: “No sería apropiado por mi parte postular a un cargo político porque ello podría, digámoslo así, poner en duda la integridad del trabajo que he hecho hasta este momento”.
Lula y sus seguidores siempre sostenían, sin ninguna credibilidad, que la justicia se había politizado y que lo que estaba en marcha era un golpe de Estado contra la izquierda y la democracia. No importa que los investigados y condenados hayan incluido a altos miembros, tanto del partido de Lula y aliados, como de la oposición. O que el debido proceso haya seguido su curso, incluyendo a la Corte Suprema –de la cual Moro no forma parte– y cuyos miembros en su mayoría fueron nombrados por el mismo partido de Lula. Cuando se trata del Estado de derecho, las percepciones importan y al formar parte del gabinete de Bolsonaro, Moro desafortunadamente parece darle algo de razón al relato de la izquierda.
O quizás no. El experto Brian Winter explica lo que tiene en mente Moro. Él señala que hace 14 años Moro escribió un ensayo sobre el caso italiano anticorrupción conocido como Manos Limpias. Ese caso fue exitoso en su momento y Lava Jato ha sido muy parecido. Pero en Italia la corrupción eventualmente volvió.
Moro no quiere que eso ocurra en Brasil. Tal como escribió en el 2004: “Una acción judicial bastante eficaz […] puede en lo máximo interrumpir el ciclo creciente de la corrupción. No obstante, no es creíble que por sí sola pueda eliminarla, especialmente si no se atacan sus causas estructurales […] La acción judicial contra la corrupción solo se muestra eficaz con el apoyo de la democracia”.
Queda claro que lo que busca Moro en su función de ministro de Justicia es implementar esas reformas que reducirían la corrupción de manera permanente. ¿Cuáles serían esas reformas? Cuando se reunió con Bolsonaro la semana pasada, Moro llevó un reporte de Transparencia Internacional que propone 70 medidas legislativas para reducir la corrupción.
El reporte propone la creación de un portal de Internet que haga transparentes todas las contrataciones públicas, la desburocratización del Estado para reducir las oportunidades de corrupción, mayores protecciones a ciudadanos que reportan irregularidades y la prisión preventiva para congresistas, entre muchas otras medidas.
Al unírsele a Bolsonaro, Moro está apostando que puede hacer la diferencia y quizás incluso limitar los posibles abusos del nuevo presidente. Es una apuesta atrevida. Pero si le va bien, hará toda la diferencia. Buena suerte.
