Ha tenido que publicarse el libro de Umberto Jara sobre la manera como la fiscal y la perito encargadas de investigar la muerte de la cantante Edita Guerrero fraguaron una acusación contra el viudo, Paul Olórtiga, a cambio de 120 mil dólares, para que el Ministerio Público decida abrir investigación contra ambas, un caso en el que podría estar comprometido el suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien avaló públicamente una tesis que ya en ese momento era claramente cuestionada por médicos serios. ¡Lo increíble es que el proceso contra Olórtiga continúa!
El libro de Jara muestra cómo la justicia peruana puede convertirse en una fábrica de acusaciones contra inocentes y cómo las resoluciones se venden al mejor postor. Es decir, cómo se podría condenar a alguien a pasar largos años en prisión simplemente porque no tuvo el dinero suficiente para comprar su inocencia.
Hasta el momento lo que teníamos era un avance alarmante de las mafias en combinación con policías, fiscales y jueces. Por ejemplo, los innumerables casos de usurpaciones de predios. Un caso que he seguido de cerca es el de Manuel Chiarella, que perdió un fundo de 40 hectáreas en Chilca a manos de una mafia que actuó en connivencia con fiscales y jueces de Mala y Cañete. Las denuncias que hizo ante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de Ica simplemente cayeron en saco roto, hasta ahora.
Para no hablar de Rodolfo Orellana, el rey de los despojos de propiedad directamente legales, sin necesidad de invasiones directas a los predios o inmuebles. Simplemente un buen día Ud. se enteró de que ya no era propietario. En su excelente libro “La falsificación: nuevo modo de adquirir la propiedad”, el juez Gunther Gonzales explica cómo los mafiosos han inducido una errónea interpretación judicial que favorece al tercero que adquiere de buena fe y no al propietario original, algo inaudito, si no sospechoso.
Las mafias vinculadas a la obra pública en gobiernos regionales y locales también incluyen a fiscales y jueces favorables. Lo vimos en el Caso Áncash. Pero el caso de Edita Guerrero significa que las mafias están dentro del Ministerio Público. La pregunta es, claro, ¿qué pasa con los millones de peruanos de escasos recursos que pueden ser víctima de robos, despojos o extorsiones, o que son denunciados por algo que no cometieron y que no pueden pagar para que se les haga justicia? ¿Deben hacer justicia por propia mano?
Por eso es que el Perú tiene los peores indicadores en Latinoamérica en insatisfacción con la democracia y en percepción de injusticia y corrupción, y por eso es que un ‘outsider’ antisistema tiene posibilidades.
La gran tarea del Perú en los próximos años será la de implantar el imperio de la ley. Construir un sistema policial-judicial-penal que funcione. Pero junto con eso una reforma política y de la descentralización para reconstruir un sistema unitario con controles y reducir la feudalización anárquica que es pasto de las mafias. No sé si eso requiere de un acuerdo nacional, aunque sí de una clara hoja de ruta. ¿Quién la elabora?
