Franco Guiffra, Empresario
El Comercio, 25 de Agosto de 2016
La promesa del nuevo gobierno de reducir la informalidad laboral al 50% de los niveles actuales es probablemente el más ambicioso de los objetivos para el próximo quinquenio. Ambicioso es seguramente un eufemismo. Se trata en realidad de una tarea titánica y descomunal.
Máxime si el nuevo ministro de Trabajo ha anunciado que no tiene en su agenda el recorte de los llamados «beneficios laborales». Ojalá no sea por convicción, sino por estrategia. Porque de otra manera la propuesta de PPK es imposible. No hay ninguna forma de que la mitad del actual 70% de la PEA ocupada migre a la formalidad simplemente con reducciones tributarias.
La informalidad en el trabajo tiene sin duda varias causas, pero el peso de la normatividad laboral debe ser la principal. No solo en cuanto a «beneficios», sino también en cumplimiento de exigencias administrativas diversas.
La realidad es que solo las empresas grandes, que cuentan con departamentos de recursos humanos y acceso a abogados laboralistas, pueden cumplir con todas las normas existentes en esta materia y solventar los costos asociados a ello.
El problema es que no más del 3% de las empresas en el Perú tienen esa dimensión. Para el 97% restante, la formalidad laboral es absolutamente incumplible. No obstante ello, ha sido un acierto haber planteado este tema como política explícita y prioritaria. Poner una meta y trabajar en conseguirla es muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora.
¿Por dónde se empieza una tarea de estas dimensiones? Lo primero sería ordenar la normativa existente, convertirla en algo que se pueda entender. Solo hasta octubre del 2015, el compendio de normas laborales aplicable al sector privado consistía en 144 leyes, decretos supremos, decretos legislativos y resoluciones ministeriales.
Estamos hablando de más de mil páginas de disposiciones que arrancan en 1963. Una guía telefónica que probablemente ninguna empresa en el Perú aplica hoy íntegramente. Si usted quisiera, cándidamente, cumplir con todas las obligaciones laborales, necesitaría un año para entenderlas, con mucha suerte. No existe ningún libro o sitio de Internet que le diga de manera digerible todo lo que tiene que hacer.
Lo segundo es ponerle freno al milhojas. Con cada gobierno se eleva el muro que separa la formalidad de la informalidad. Permisos de maternidad ampliados, exigencias de seguridad laboral y cuotas de incapacitados se van agregando regularmente a esa guía telefónica. Todo motivado por buenas intenciones, por cierto.
Lo tercero es minimizar la protesta popular, que es inevitable. Una buena fórmula sería empezar por el actual régimen especial de micro y pequeñas empresas, que no es malo y ya existe hace años. No se enfoca en discriminar a personas, sino en reducir requisitos a las empresas. Aunque tiene poca difusión, ese régimen ya ofrece la posibilidad de pagar menos CTS, menos vacaciones y una menor indemnización por despido, entre otras consideraciones.
Sobre esa base, la primera ola de reformas podría consistir en exceptuar para esas mismas micro y pequeñas empresas otras exigencias del régimen general. ¿Causaría mucho revuelo si una norma dispusiera que una pequeña empresa no necesita practicar exámenes médicos a sus empleados cada dos años? ¿O que está exceptuada de tener un lactario?
Es poco probable que la meta planteada se logre alcanzar. Pero no es ingenuo pensar que se puede caminar en esa dirección y ganar semestralmente algunos puntos porcentuales. Quizá tome cien años, pero los primeros pasos se pueden dar esta misma semana.
Lampadia
