Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 13 de octubre de 2016
Existe abundante evidencia acerca de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, incluso cuando se trata de empleos o profesiones similares. Como cifra general, suele citarse que esta diferencia es del orden de entre 10% y 30% en favor de los caballeros, ‘ceteris paribus’, como dicen los economistas.
Aquí y en Estados Unidos la reacción política ante estos números es similar. Se trata de discriminación por parte de los empleadores. La solución no se hace esperar: intervenciones normativas para asegurar sueldos iguales.
No es lo que piensa la doctora Claudia Goldin, profesora de Economía de la Universidad de Harvard y una de las académicas que más conoce y ha escrito sobre ‘gender inequality’. Para ella, el factor más importante que explica las desigualdades salariales no es la discriminación hacia las mujeres, sino las decisiones que toman ellas mismas sobre su vida laboral.
Utilizando una fuente de data descrita como “fenomenal” por su amplitud y riqueza, Goldin ha analizado más de 400 ocupaciones reportadas por los censos de Estados Unidos y se ha servido de estudios que han hecho seguimiento a hombres y mujeres durante toda su vida laboral.
Pues resulta que el diagnóstico facilista de la discriminación no tendría mayor evidencia científica. Por el contrario, la mayor parte de la explicación reside en las opciones que toman las mujeres acerca de trabajar menos horas, hacerlo de manera flexible o abstenerse de posiciones que demandan mayor dedicación laboral.
Por muy buenas razones, dicho sea de paso. Como criar a sus hijos, atender a familiares mayores o enfermos, o simplemente priorizar otros objetivos en la vida.
Resultaría, entonces, que no son los empleadores déspotas y misóginos los que someten a las damas a esta feroz diferenciación salarial a través de un modelo de actuación vil y discriminatorio.
La bancada ppkausa, sin embargo, discrepa con la doctora Goldin. Acaba de proponer un proyecto de ley para “prohibir la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres”. En la exposición de motivos, en efecto, se dice que las diferencias salariales por género no están fundamentadas en “causas claras y objetivas” y que, por ello, “solo pueden ser explicadas por la discriminación que sufren las mujeres”.
En consecuencia, en línea con la normativa existente, establece que se considerará práctica discriminatoria “brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que […] desempeñen las mismas labores”.
Nada de lo cual sería realmente emocionante, amable lector, si no fuera por el novedoso mecanismo que el proyecto introduce para acabar con este problema. Como si andáramos escasos de regulaciones laborales, la norma propuesta exige a todas las empresas elaborar y divulgar “la política salarial del centro de trabajo”, haciendo explícitos los criterios de diferenciación remunerativa.
Compañero empresario, lápiz y papel, al toque. Relación de factores que podrían explicar diferencias salariales (entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres) en una misma chamba: experiencia, grado académico, idiomas, distracción excesiva, habilidad para escribir con tildes, años de estudio, evaluaciones de desempeño, tardanzas, tiradas de pera, llamadas al anexo no contestadas.
Y unas cuatrocientas variables más. Ahora, arme con todo eso su “política salarial” de 200 páginas para que se la apruebe la bancada oficialista y se la inspeccione la Sunafil. O vaya preparándose para apoquinar sus correspondientes multas en múltiplos de UIT.
¡Pucha! Si este es el destrabe y el aliento a la formalización, mejor dejen todo atracado nomás.
