En el último año, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se ha convertido en la piñata del Congreso.
Las razones para ello son variadas y, a mi juicio, no solo atribuibles a congresistas con una preocupación genuina, sino también a otros con motivaciones demagógicas incontenibles.
Comparte también la culpa la Superintendencia de Banca (SBS), que ha contribuido a la confusión que hoy existe sobre el SPP en su afán de perseguir un sinnúmero de objetivos, sobrerregulando de manera irracional o cuando, por ejemplo, trata de inmiscuirse en definir dónde se deberían aplicar fondos que, obviamente, no pertenecen al Estado.
Las AFP, por su parte, también han mostrado incapacidad en transmitir al ciudadano, de manera sencilla, información objetiva, veraz y transparente.
Personalmente, creo que, para juzgar todo el sistema, habría que abordar varios temas fundamentales.
¿Debería obligarse a las personas a ahorrar para su jubilación? Algunos piensan que se debe permitir a la gente ahorrar para su vejez de la manera en que crea conveniente. Pero, de ser así, el Estado se verá obligado a sacar de la indigencia a aquellos que no lo hicieron.
De hecho, el Estado ya apoya a través de Pensión 65, y con dinero de los contribuyentes, a casi medio millón de ciudadanos; un número similar al de jubilados que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones.
Mucha discusión se ha centrado en el tema de las comisiones que algunos opinan son demasiado onerosas. La comisión promedio en el sistema privado es 1.6% del sueldo; sin embargo, algunos demagogos evitan mencionar que tal suma cubre la administración de cada aporte por toda la vida del fondo hasta la jubilación.
Existe, además, la modalidad de cobro de naturaleza mixta (sobre el sueldo y sobre el saldo), que en un plazo de 8 años se convertirá en una comisión solo por saldo administrado.
Dados a escoger, la abrumadora mayoría de los aportantes optaron por permanecer en la comisión como porcentaje de su sueldo, a pesar de haber sido ilegalmente obligados a hacer un trámite para no ser cambiados automáticamente a la otra modalidad de cobro.
¿Debería bajar la comisión? Seguramente que sí, con más competencia y mayor cobertura. De hecho, en los últimos 13 años ha bajado en un 34%.
Todos parecen omitir de la discusión el hecho más importante: el sistema privado ha generado para los aportantes una rentabilidad conmensurablemente mayor a la mayoría de las alternativas de ahorro financiero.
Tema aparte es el del supuesto fomento a la informalidad. Pensar así es desconocer la complejidad del problema. En todo caso yo sugeriría crear un régimen muy flexible de inserción laboral juvenil formal que facilite contratación y despido, y que elimine todos los aportes, excepto el de salud, hasta los 29 años. Al joven le restarían 35 años de vida laboral para aportar a todo. Ello formalizará y, eventualmente, aumentará enormemente la cobertura previsional.
