(El Comercio, 03 de setiembre de 2015)
Sobre la pretendida participación de Petro-Perú en el lote 192.
Lo más patético de la discusión de la semana pasada sobre el bendito lote 192 no ha sido la invocación al filósofo griego Adam Smith. Tampoco la falta de respaldo de la bancada oficialista a su primer ministro o las contorsiones verbales de la señora Fujimori para convencernos de que no ocurrió lo que vimos.
Lo más triste ha sido comprobar que todo ese verso sobre el fortalecimiento de Petro-Perú y la apertura de su accionariado al capital privado, que se propuso hace menos de dos años, no era más que una sesión de ayahuasca de alcance cósmico presidida por el ex ministro Castilla.
La mejor prueba de este descalabro anunciado es que las decisiones de inversión de la petrolera estatal no se discuten ahora en su directorio, sino en el Congreso. Para que no quede duda sobre la solidez de su renovado gobierno corporativo.
Esa pretendida mejora de la institucionalidad de Petro-Perú era, en efecto, parte del paquete que en diciembre del 2013 trajo la Ley 30130, propuesta ingenuamente por el Ejecutivo para modernizar la empresa.
La norma otorgaba, además, luz verde para la construcción de la muy prescindible refinería de Talara y ordenaba la venta del 49% de la empresa estatal. Pero le ponía un “candado”: cero inversión en cosas nuevas hasta generar buenos flujos financieros o incorporar socios privados. Todo lo cual ayudaría a conseguir el capital y la deuda necesarios para alcanzar los 3.500 millones de dólares del proyecto Talara.
El plazo para cumplir lo dispuesto en esa norma se ha excedido con creces, mientras que la reciente intervención del Congreso ha puesto al descubierto lo que se advirtió en su día, a saber, que ese “candado” estaba hecho de plastilina.
Será necesaria otra ronda de alucinógenos para imaginar que los inversionistas privados querrán asociarse con Petro-Perú en las actuales condiciones.
Prepárese, en consecuencia, a pagar Talara con la suya, amable lector.
La plata para ese despilfarro tendrá que ser dinero de los contribuyentes o préstamos caros, señaladamente en la porción de endeudamiento sin garantía del Tesoro, considerando el mayor riesgo de prestarle a una empresa pública manejada desde el Congreso.
El mismo Congreso, por cierto, que aprobó la ley antes referida. Porque no vaya a creer que los fujimoristas, nacionalistas, toledistas y dignos y democráticos han aparecido recién ahora para defender la soberanía nacional, velar por nuestros recursos naturales y suprimir la restricción que impide a Petro-Perú invertir en el lote 192.
No, no son nuevos personajes. Son los mismos que en el 2013 votaron por algo que hoy ya no quieren. En total, 85 congresistas aprobaron la Ley 30130, incluidos 35 nacionalistas, 28 fujimoristas y 7 de Perú Posible.
De todos ellos, la medalla de oro corresponde al oportunamente inflamado don Víctor Isla, que votó a favor del “candado” en el 2013 y que la semana pasada tuvo la versatilidad mental para declarar que “así como el Congreso soberanamente fortaleció a Petro-Perú para que pueda asumir la modernización de la refinería de Talara, hoy día podemos ampliar su fortalecimiento haciendo que asuma la conducción de este lote 192”.
Es decir, o los señores representantes no entendieron lo que aprobaron en el 2013 o están movidos por el número de votantes hábiles de Loreto o se encuentran concursando en vano para escoger al sucesor del inmortal, ínclito e irreemplazable don José Candelario.
