Por: Federico Salazar
El Comercio, 29 de setiembre de 2019
El presidente Vizcarra quería cambiar la Constitución. Lo hizo con relación a las reformas políticas. No lo ha conseguido en lo que se refiere a modificar los mandatos del 2016.
Su pretensión de ser un presidente-constituyente no ha prosperado. Ahora, el presidente Vizcarra quiere intervenir en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograrlo recurre a afirmaciones genéricas, vagas y a veces injuriantes. Parece un simple agitador.
En su último mensaje a la nación se refiere a “la mayoría parlamentaria y sus aliados”. Obtener mayoría de votos ya no es democracia, sino alianza ilegítima.
Vizcarra habla de un supuesto apresuramiento de la decisión de archivamiento, pero no responde a ningún argumento del dictamen de la Comisión de Constitución, un documento de 64 páginas. El dictamen podría tener fundamentos inválidos, pero el presidente no los ha señalado.
Al archivamiento de su propuesta, dice, “se suma al intento de estos mismos sectores, de querer tomar el control del Tribunal Constitucional (TC)”.
¿Ha exhibido grabaciones, videos o testimonios? Lo más que ha hecho es remitir a una denuncia periodística de la magistrada Ledesma.
La magistrada Ledesma, por su lado, no señala quién le habría propuesto votar a cambio de una ventaja. Ninguno de los otros magistrados ha revelado que sufriera presión semejante.
Lo de la magistrada es serio, por supuesto. Y debe investigarse hasta dar con el responsable. No puede, sin embargo, mancharse el honor de las demás personas sin sustento.
“Se le habría ofrecido” condicionar su voto, dice Vizcarra, usando bien el condicional. Pero a renglón seguido exclama: “Esto es corrupción”. ¿Cómo pasa del uso del condicional a una aseveración taxativa?
El mandatario atribuye a la mayoría la intención de volver al “pasado vergonzoso donde las repartijas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones”.
Las responsabilidades penales son personales. No se puede atribuir una responsabilidad al bulto. Menos debe hacerlo el presidente de la República.
Sobre la elección del TC, el jefe del Estado dice que la actual mayoría hace un uso impropio de las instituciones. Se refiere a que la mayoría va a hacer uso de su condición de mayoría.
Entonces, ¿la mayoría no debe elegir por mayoría a los miembros del TC? Antes del pronunciamiento del presidente corría un proceso de elección por invitación. ¿Debe cortarse, anularse, suspenderse? ¿Qué quiere hacer el presidente con el proceso del TC?
Si se trata de un proyecto de ley para cambiar la forma de elección, este cambio no se puede aplicar retroactivamente. Si se trata de un proyecto de reforma constitucional, correrá la misma suerte que el adelanto de elecciones.
El presidente Vizcarra quiere ser el adalid de la lucha anticorrupción. Tiene todo el derecho. Lo que no debe hacer es comportarse como un agitador.
Las cuestiones de confianza se refieren a cuestiones de gobierno. El presidente debería tener un plan para mejorar los recursos en el Ministerio Público, un programa de gestión transparente para el sector público, una reforma del marco de contrataciones, entre muchos otros.
No se puede confundir programa de gobierno con campaña de desmontaje de las instituciones. No se es presidente para agitar.
En su ímpetu febril por liderar la lucha contra la corrupción, el presidente Vizcarra ha dejado que la defensa de la Constitución y las leyes queden en manos del fujimorismo. Esta es, sin duda, su peor contribución a la escena política nacional.
Vizcarra deja pasar la oportunidad de obtener prestigio por la eficiencia de su gobierno en los asuntos de gobierno. Carreteras, colegios, hospitales esperan la acción de un gobernante que sea más gobernante que agitador.
El Congreso no debe cerrar la puerta, por supuesto, a la iniciativa de mejora institucional. Debe hacer oídos sordos de la agitación y tomar con seriedad la oportunidad para reformar lo que haya que reformar, dentro de la Constitución.
Vizcarra le regala al Congreso no solo la oportunidad de defender la Constitución, sino también la de tomar en sus manos la serenidad que reclama la situación actual.
