Luis Carranza, Ex ministro de Economía y Finanzas
El Comercio, 10 de mayo de 2016
De cara a las elecciones y las propuestas que escuchamos de los candidatos, es importante reflexionar sobre el rol de los incentivos en el comportamiento de las personas. Si queremos que nuestros ciudadanos sean más trabajadores, que nuestras empresas inviertan más y que nuestros funcionarios actúen diligente y honestamente, debemos tener en cuenta la naturaleza de las actividades y cómo podemos incorporar los incentivos correctos para lograr estos comportamientos deseados y evitar los desvíos negativos.
¿Por qué la gente se va a formalizar si pasamos de un IGV de 18% a uno de 15%? ¿Qué garantiza que empleados mejor pagados vayan a incrementar su desempeño si la remuneración o permanencia en el puesto no está atada a la eficiencia? ¿Por qué los ciudadanos respetarán las reglas si no hay una efectiva penalización?
Si el gobierno promulga leyes pensando que todos los individuos son intrínsecamente buenos y no introduce incentivos y penalizaciones adecuadas, los resultados serán totalmente opuestos a los que se querían conseguir. Sin controles adecuados en programas sociales veremos cómo atendemos a gente que no les corresponde ser beneficiarios; sin la suficiente flexibilidad en el mercado laboral veremos menor productividad de los trabajadores y así sucesivamente.
Asimismo, si se promulgan leyes pensando que todos los individuos son deshonestos e introducimos severas rigideces y complicaciones, veremos una parálisis total en la acción de los funcionarios o demoras injustificadas. Mientras tanto, individuos deshonestos seguirán inventando la forma de sacarle la vuelta a la ley.
Existe, pues, la necesidad de una correcta calibración de estos incentivos y penalidades para poder aumentar la productividad agregada del país. Dicha calibración debe tomar en cuenta la naturaleza de los mercados o de las actividades, el nivel de visibilidad de las acciones y la inmediatez e identificación de los resultados.
La visión convencional considera que la cultura y las normas sociales determinan el comportamiento de las personas. De allí que tengamos estereotipos muy marcados como que los asiáticos son trabajadores y los latinos somos flojos. Estas simplificaciones absurdas se terminan consolidando en la medida en que las reglas de juego no cambien.
Un ejemplo interesante del poder de los incentivos es el estudio de Fisman y Miguel, publicado en el 2007, que analiza el comportamiento de los diplomáticos de las Naciones Unidas respecto al cumplimiento de las normas de tránsito. Hasta octubre del 2002, la inmunidad permitía a los diplomáticos no pagar multas por violaciones de tráfico. A partir de esa fecha, se impuso el castigo de llevarse el carro al depósito y descontar de las ayudas del gobierno norteamericano a los países el monto correspondiente a las multas.
Entre 1997 y el 2002, las multas de tráfico llegaron a 150.000 y representaban más de 18 millones de dólares. En el estudio se encuentra que existía una alta correlación entre el número de multas por diplomático y el índice de corrupción en el país. Existiendo casos de países como Noruega, Suecia y Japón sin ninguna multa y otros como Kuwait con 246 multas por diplomático, Mozambique con 111 y Nigeria con 59.
Sin embargo, a partir del cambio en la legislación y la imposición de sanciones drásticas y visibles ante la comunidad internacional y ante el propio país, las violaciones de tráfico descendieron sustancialmente hasta en un 98%.
Lamentablemente, en el debate actual no estamos viendo propuestas concretas respecto a los incentivos necesarios para obtener los resultados deseados en la sociedad. Solo vemos propuestas que intentan resolver algún tipo de problema o que responden a pedidos sectoriales o geográficos, pero sin el adecuado análisis causal.
El problema lo tendrá el gobierno que entre en funciones e intente hacer las cosas bien, pues quedará atrapado en sus propias promesas. Políticamente, tendrá un trabajo complicado en cambiar las reglas de juego existentes que ya han generado una estructura de renta cuya permanencia se tratará de defender a toda costa. Recordemos sino cómo el presidente Ollanta Humala se enredó en un trabalenguas infernal, debido a que cuando fue candidato había sentenciado “agua sí, oro no”. El próximo quinquenio no puede volver a ser el quinquenio de las oportunidades perdidas.
Lampadia
