Por: Iván Alonso
El Comercio, 13 de diciembre de 2019
Tarde o temprano tenía que llegar. El tantas veces soñado control previo de fusiones empresariales se hizo realidad. El decreto de “urgencia”, que entrará en vigor de aquí a nueve meses, contiene dos cambios importantes con respecto al proyecto que había sido aprobado por el Congreso. Primero, amplía el universo de transacciones que estarán sujetas al control. Segundo, establece un período de prueba de cinco años para ver si el encantamiento es duradero.
En su versión actual, el control previo se aplicará a toda fusión entre dos o más compañías que, en conjunto, tengan ventas anuales superiores a 500 millones de soles, en números redondos, siempre que se cumpla una condición adicional: que al menos dos de ellas vendan, cada una, más de 75 millones al año. En la versión del Congreso, esta segunda condición era un poco más restrictiva: que al menos dos de las compañías involucradas vendieran, cada una, más de 100 millones al año. Algunas fusiones que no habrían tenido que someterse al control previo ahora tendrán que hacerlo. Más poder para los reguladores.
Las virtudes del control previo de fusiones son más aparentes que reales. Se supone que previene la formación de monopolios. Se supone. Pero lo que realmente nos protege contra los monopolios es la competencia, y la competencia no se detiene, aun con la formación de un monopolio, salvo que este cuente con la protección de la ley. Mientras el mercado se mantenga abierto para que nuevas empresas puedan entrar a competir con menores precios, con nuevas variedades del mismo producto, con nuevos modelos de negocio, ningún monopolio tiene el futuro asegurado. Para conservar su posición de dominio, si es eso lo que le interesa, tiene que ser más eficiente que sus eventuales competidores.
La comisión encargada de evaluar las fusiones tendrá que juzgar en cada caso particular si la empresa fusionada tendrá un poder monopólico. Semejante juicio está necesariamente sujeto a una gran incertidumbre porque depende no solamente de cómo reaccionen, digamos, a una subida del precio otras empresas que ya están en el mercado, sino también las que hoy no están, pero que más adelante podrían estar, atraídas precisamente por dicha subida. Creemos, sin embargo, que, ante la duda, la comisión errará más hacia el lado de bloquear las fusiones que debería permitir que hacia el de permitir aquellas que debería bloquear. Paradójicamente, el período de prueba de la ley tenderá a perpetuarla, inclinando inconscientemente a los futuros comisionados a demostrar su utilidad.
Nuestra disconformidad con el control de fusiones se debe a que puede convertirse en un obstáculo para el aumento de la productividad. La motivación principal de las fusiones no es la creación de monopolios, sino operar más eficientemente los activos de las empresas adquiridas. El mercado de activos empresariales, como el mercado inmobiliario, sirve para poner los activos en manos de quienes pueden darles sus usos más valiosos. Es también un camino de salida para los emprendedores, sobre todo para los más exitosos. El control de fusiones puede convertirse en un obstáculo para mantener con vida a una empresa cuyos fundadores no tienen el capital para seguir creciendo o simplemente quieren ya retirarse. Las eventuales dificultades para vender un negocio son un desincentivo para comenzarlo.
