Un banquero comenta que en su primer contacto con el mundo de las microfinanzas encontró en el reporte de préstamos uno que decía: “Rubro: transportes. Monto, 1.000 soles”. Habituado a sumas considerablemente mayores (camiones y buses), verificó la operación: el cliente tenía una carretilla en la cual llevaba verduras al mercado central.
Las cifras muestran que, en el Perú, uno de cada dos trabajadores es autoempleado: el ciclista que carga rumas de diarios en difícil equilibrio mientras se cubre de la llovizna; la carretilla multicolor de la frutera de la esquina; el amigo Wagner en los alrededores del óvalo Gutiérrez, con sus bolsas de paltas o duraznos a 5 soles, reclamando que Wong le hace la competencia; María que antes me perseguía con su saco de choclos “a cinco la mano” y hoy tiene el puesto de verduras más concurrido; el que arregla relojes de todas las marcas; el que cada invierno vuelve nuevas las botas; Doris, con sus manos de hada, que teje, cose, borda, pinta y cocina, y hoy enseña a otras la magia de hacer carteras…
En el Perú nos sentimos muy orgullosos del espíritu emprendedor de nuestra población. ¡Faltaba más!
Tenemos más de 6 millones de negocios, desde micro a medianos, formales e informales, que emplean a un total de 8,5 millones de personas.
Pero lo pequeño no siempre es hermoso ni hacer empresa es hacer realidad un romántico sueño: el 13% de esos trabajadores y empresarios (más de un millón de personas) trabaja más de 60 horas a la semana y casi la mitad de los llamados “emprendedores” se convirtieron en tales por necesidad económica y no porque se les desbordara el espíritu empresarial. Hasta hace poco, solo el 11% de estas empresas eran formales, lo cual se debe, en gran parte, a que la formalización es engorrosa… y costosa.
Excluyendo los casos delictivos en los que el informal busca solo estafar al Estado y a los ciudadanos, podemos ver en la informalidad un “remedio”: es la respuesta (desesperada) ante la falta de oportunidades, una enfermedad que se convierte en desempleo, subempleo y pobreza que nace del sistema tal como está legalmente diseñado ahora; un sistema que puede ser perfecto en las intenciones de sus creadores, pero que no da solución a todos los que necesitan generar ingresos.
Pero ese “remedio” de la informalidad tiene muy serios efectos secundarios: quienes trabajan para pequeñas unidades productivas informales no tienen seguro ni pensión; muchos no son ni siquiera asalariados (pregunten al niño de 10 años que atiende en el restaurante familiar en el que paran rumbo a la playa cuánto recibe).
Para el informal, el financiamiento tiene costos sustancialmente más elevados y una enfermedad puede llevarlos a la quiebra.
Finalmente, se genera un círculo vicioso: la informalidad se convierte, aún sin quererlo, en una traba para el desarrollo de empresas que podrían estar creciendo, invirtiendo, investigando e innovando; pero que no lo hacen porque no pueden competir con aquellas que, en la informalidad, evaden deberes para bajar costos. Un sistema tan perfecto puede terminar generando explotación.
Una parte de la solución, entonces, es crear un sistema que, aunque parezca menos perfecto, sea aplicable a la realidad que muestra que la mayor parte de los peruanos, el ciclista con los diarios, el que carga bultos en el mercado, el carretillero que transporta desde gas hasta verduras, el muchacho que recoge pelotas en las canchas de tenis, el vigilante ‘free lance’ parado toda la noche a la intemperie…; todos aquellos que nunca podrán recibir capacitación para aspirar a algo mejor y que para vivir, trabajan 60 horas semanales sin seguro, ni vacaciones, ni CTS, ni domingos ni feriados. Y que el día que no trabajan porque están enfermos, o deben atender una emergencia familiar, simplemente no cobran.
Para ellos, no parece resultar tan mala la posibilidad de encontrar un empleo formal…, aunque solo les den 15 días de vacaciones, un sueldo no menos al mínimo vital, una jornada laboral de 8 horas con derecho a cobrar sobretiempo, seguro de salud y supervivencia, capacitación y entrenamiento, subsidio de invalidez y maternidad. Y todo en el marco de la seguridad de un contrato que la ley protege.
