Por José Carlos Saavedra, Socio de Apoyo Consultoría
El Comercio, 11 de febrero de 2018
Recientemente se han vuelto a escuchar propuestas de control de precios, en este caso de medicamentos, motivadas por el objetivo de asegurar que la población acceda a productos con precios bajos. La intención puede ser buena, pero la idea es muy mala. Acá algunas razones.
Es inefectiva, porque busca fijar artificialmente algo que es de naturaleza variable. Los precios de los medicamentos dependen de diversos factores que varían frecuentemente entre zonas y en el tiempo, como la calidad de los productos, los costos de distribución, los costos operativos de mantener una farmacia y el nivel de ganancias que animan a un empresario a ofrecer el producto. Si el precio fijado es menor al del libre mercado, la cantidad demandada por los consumidores aumentará, pero la oferta caerá, pues para algunas farmacias no será rentable vender los medicamentos. El resultado más probable es la escasez, que termina siendo más costosa.
Es contraproducente, porque la fijación de precios exacerbará el problema que en teoría busca solucionar. Esta política afectará más a las farmacias con costos promedio mayores, las cuales probablemente son en gran parte pequeñas farmacias independientes. Las cadenas de farmacias, por su gran escala, probablemente tengan costos promedio menores que muchas farmacias pequeñas e independientes.
Por eso, lo más probable es que una eventual fijación de precios incremente la participación de mercado de las grandes cadenas, así como de las farmacias informales (que tienen costos menores). Esto, a su vez, incrementaría el riesgo de incentivar el mercado negro de medicamentos (adulterados, falsificados, contrabando, etc.).
Es inequitativa, porque afecta más a la población en zonas apartadas, donde es más costoso llegar y donde hay una mayor proporción de hogares de bajos ingresos. Ellos serían los más afectados por la eventual escasez y el incremento en costo de acceso a medicamentos.
Venezuela es un excelente mal ejemplo. Debido al control de precios de la divisa y de los medicamentos, se ha generado una escasez sin precedentes. Ocho de cada diez medicamentos son muy difíciles o imposibles de encontrar. Los altos precios en el mercado negro son inalcanzables para los hogares de bajos ingresos.
Otro ejemplo más cercano al Perú es la fijación del precio del agua, el cual en muchas regiones está en un nivel bajo, que no permite financiar la infraestructura necesaria para aumentar la cobertura del servicio. La consecuencia es que la población más pobre y alejada no accede a los servicios de saneamiento y tiene que recurrir a otras fuentes de agua más caras e inseguras. Es difícil de implementar y monitorear. El cumplimiento de las políticas de control de precios requiere de un costoso sistema de implementación y fiscalización.
Miles de farmacias a nivel nacional deben ser monitoreadas y miles de precios deben ser fijados de manera continua. Estos costos, usualmente ignorados, son muchas veces los causantes del elevado incumplimiento de las normas en el Perú. Si el objetivo es impedir el encarecimiento de precios en los medicamentos se tienen que evaluar medidas efectivas y menos riesgosas para la población. Una podría ser la mejora y difusión del “Observatorio de productos farmacéuticos” del Ministerio de Salud (http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), el cual permite comparar precios de medicamentos en diferentes farmacias. Otra es potenciar el rol del Indecopi para identificar abusos y prácticas que limiten la competencia.
Finalmente, el Estado podría atender la escasez de medicamentos baratos en sus propios establecimientos. El querer controlar los precios con una norma es una ilusión muy costosa, que podría extender tal escasez a las farmacias privadas.
