Por: Fernando Rospigliosi
El Comercio, 15 de febrero de 2020
El Comercio, 15 de febrero de 2020
La crisis que ha llevado a varios cambios en el Gabinete Ministerial es una consecuencia del fracaso de la política del gobierno de Martín Vizcarra y sus fiscales adictos en el Caso Lava Jato. Aunque la propaganda oficialista ha pretendido vender la idea de que se han logrado grandes avances, en verdad los resultados son magros considerando los enormes beneficios que se le han entregado a Odebrecht y el hecho de que mucha de la información relevante ha sido obtenida de fuentes externas, ajenas a la fiscalía.
La demanda de Odebrecht por US$1.200 millones que detonó el escándalo ha sido, como la describió gráficamente Ricardo Uceda, una patada en el estómago en la fiscalía (“La República”, 11/2/20). Dejó al descubierto nuevamente que el Gobierno y los fiscales –que han admitido que no previeron esa posibilidad– realizaron una pésima negociación. Eximieron a los mayores corruptores de la historia de toda responsabilidad penal y civil, fijaron una reparación ínfima y admitieron que ellos entreguen la información que quieran. Encima les permitieron llevarse el producto de la venta de Chaglla, incluyendo los últimos S/524 millones, a pesar de que Odebrecht le debe más de S/750 millones al Estado (Cofide) y sin asegurarse de que Odebrecht no demandaría al Estado por el gasoducto.
El último pretexto que usaron los fiscales y sus socios periodísticos de IDL-R fue que Odebrecht necesitaba los S/524 millones para entregar la información de sus servidores en Suiza. Otra mentira con la anuencia de la fiscalía, porque como ha revelado el portal Convoca.pe, Odebrecht no solo no ha entregado nada, sino que ha interpuesto acciones legales para impedir que esa información llegue al Perú.
En ese contexto el Gobierno inició una clandestina negociación con Odebrecht. A estas alturas no cabe ninguna duda de que todos los altos cargos del Gobierno, incluyendo al presidente Martín Vizcarra, no solo estaban al tanto de las tratativas, sino que las aprobaban. Si como dicen ahora sus voceros oficiosos, eso es normal, ¿por qué las ocultaron hasta que “Panorama” los puso al descubierto? ¿Y por qué han sancionado al procurador y a varios ministros si todo era correcto?
Al parecer las gestiones del procurador Jorge Ramírez y de Odebrecht iban bien encaminadas, pues el ministro Juan Carlos Liu declaró luego de las conversaciones que “existe ánimo del Gobierno para darle celeridad” al nuevo proyecto de gasoducto (“Gestión”, 10/2/20).
Eso es exactamente lo que quiere Odebrecht, que se licite nuevamente el gasoducto para que la empresa que la reemplace le pague los US$1.200 millones. Su demanda al Ciadi probablemente es un arma de negociación para lograr su propósito.
El problema es que, como han demostrado varios analistas –ver, por ejemplo, Manuel Romero Caro en “Gestión”, 30/1/20 y 11/2/20–, el gasoducto del sur es un elefante blanco: no se justifica una inversión monumental porque no hay mercado para el gas que se transportaría. Por eso Odebrecht hizo que en el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia cambiara el proyecto inicial en el que una empresa privada lo construía a su costo por otro en que el Estado lo pagaba cobrándonos a todos los peruanos. Para eso Odebrecht obtuvo la complicidad de funcionarios públicos como el ministro de Humala, Jorge Merino, investigado por eso, y de consultores privados como Juan Carlos Liu –que a su vez era consultor de Odebrecht–, que preparó en pocos días un informe que se convirtió en sustento legal para esa operación.
En realidad, los fiscales y el Gobierno han centrado sus esfuerzos en investigar los aportes de campaña –cuando eso no era delito– a algunos candidatos, no a todos, con el propósito de demoler a los adversarios de Vizcarra. La mayor parte de la información importante ha llegado de afuera, empezando por las de las coimas en algunas obras que Odebrecht admitió en Estados Unidos, como las de Alejandro Toledo. Otras, como los sobornos que recibió el socio político y ex primer ministro de Vizcarra, César Villanueva, se conocieron gracias a la investigación del periodista ecuatoriano Andersson Boscán. En suma, cada día que pasa se va demostrando que los héroes de la lucha anticorrupción de la coalición vizcarrista son un fiasco.
Solo los enceguecidos miembros de esa coalición pueden seguir sosteniendo que el Gobierno y los fiscales están haciendo un trabajo encomiable.
Otrosí digo. El nombramiento de Susana Vilca, exviceministra de Humala, muestra que la alianza de Vizcarra con el humalismo sigue funcionando. Y que las malas designaciones no cesan. Nombrar a alguien vinculada a la minería ilegal como ministra de Energía y Minas es un récord.
