Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 1 de Junio de 2017
En medio del desastre del pasado verano, una de las ideas más fangosas que circuló entre los políticos fue la de castigar a las autoridades que facilitaran la instalación futura de personas en lugares expuestos a inundaciones o huaicos.
La iniciativa sirvió para recordarnos un aparente misterio de la peruanidad: ¿por qué diablos la gente se mete a vivir en lugares peligrosos? ¿No se dan cuenta de que han puesto su casa en el cauce de un río? Es un enigma aplicable a casi todas nuestras ciudades. Todo el Perú urbano crece de manera caótica y desordenada.
Ahora que estamos enfrascados en la reconstrucción de muchos de estos pueblos y ciudades, es fundamental ensayar una respuesta adecuada a estas interrogantes para evitar repetir los errores pasados.
Pues bien, resulta que una buena parte del desmadre de nuestras ciudades, señaladamente en sus zonas periféricas, no es producto de la voluntad suicida de la gente pobre. Tampoco es el anhelo de contar con vistas privilegiadas lo que ha llevado a la gente a instalarse en los cerros.
Todo lo contrario. Lo que ocurre es que durante los últimos 60 años la provisión de tierra urbana, de forma planificada y ordenada por parte del Estado, ha sido cero. El marco legal no ofrecía una salida que no fuera la invasión. ¿Y dónde era más fácil invadir? Obviamente, en los lugares menos sujetos a la oposición de un propietario, público o privado: laderas, cauces, quebradas, lechos y demás espacios que suscitaran el menor antagonismo.
Mucho de ese marco legal ha cambiado en la última década y las invasiones de antes han cedido en buena parte en favor de las nuevas urbanizadoras que lotizan terrenos y los venden al crédito. Con tropiezos, existe ya una industria dedicada al crecimiento de las ciudades.
Obviamente, esto servirá para los nuevos propietarios, pero no para la gente que ya está instalada hace décadas en lugares inadecuados. Resolver la situación de estos casos es un reto mayor que requiere montar dos estrategias potentes y complementarias.
La primera es aceptar que la reconstrucción de ciudades no es un problema únicamente de ingeniería. Se debe empezar por el ordenamiento legal. Hay que mapear terrenos disponibles, públicos y privados, en un catastro que generalmente no existe. Hay que precisar quiénes tienen predios registrados y quiénes no. Y hay que ofrecer un tránsito legal para el saneamiento de los que se puedan quedar y los que deban mudarse.
Estamos hablando de operativos de formalización masivos con reglas especiales y expeditivas en las zonas comprometidas. También de la clasificación de casos y soluciones previamente elaboradas de aplicación al por mayor. Misma campaña militar. Esto lo sabe hacer la gente que estableció Cofopri en sus mejores años.
La segunda herramienta es exigir a las municipalidades provinciales y distritales el tratamiento veloz de todo lo que sean habilitaciones urbanas, lotizaciones, licencias, etc. No hablamos de saltarse la ley, sino de que se cumplan los plazos y se respeten los TUPA. El tubo legal ya existe hoy, pero recorrerlo es una endoscopía tortuosa.
En resumen, existe una dimensión legal en la reconstrucción que tiene dimensiones enormes. Hay que convocar a la gente que conoce de estos temas. Las máquinas y el cemento no van a llegar muy lejos si se omite esta perspectiva. Hay que evitar el voluntarismo de una solución Caterpillar.
