Por Patricia Teullet
Perú 21, 06 de abril de 2018
La grabación de conversaciones entre dos funcionarios públicos origina ataques destemplados contra uno de ellos. Desconocemos el contexto, pero se percibe cómo uno de ellos intenta llevar al otro a un tema particular. No hay sobornos para adjudicar una obra o comprar medicamentos con sobreprecios. Mucho menos derivan las conversaciones en el enriquecimiento de una de las partes. Sin embargo, la difusión editada va acompañada de ataques contra personas cuya trayectoria moral muestra que nunca serían capaces de apropiarse de un solo centavo de dinero público.
Es momento de ver si, en cada caso, hubo perjuicio o siquiera intención de perjudicar al Estado.
Salvo en las FF.AA., Relaciones Exteriores o el BCRP, no existe en el Perú una carrera pública, como sí hay en otros países cuyos funcionarios son bien entrenados y compensados para trabajar defendiendo intereses del Estado. Y, mientras sea así, es lógico captar, temporalmente, personas del sector privado.
Mi primer trabajo fue en el Estado. Y el segundo, el tercero y el cuarto, hasta que migré al sector empresarial. Cuando pensé que estaba ‘privatizada’, noté que no muchas veces defendía medidas de la Sunat o apoyaba rebajas arancelarias y acuerdos comerciales, enfrentando empresas que habían cobrado precios absurdamente altos a los consumidores.
Desde el sector privado, logré parte de lo que antes no había conseguido en el sector público, fortaleciendo simultáneamente al sector empresarial. Porque hay una agenda común cuando se busca el desarrollo del país.
El profesional privado que asume un cargo público traslada sus conocimientos y experiencia a un ámbito que suele ser poco atractivo para profesionales exitosos. No nos neguemos esa opción.
