Por Luis Carranza
(El Comercio, 23 de Junio de 2015)
A menos de un año para las elecciones, el país ya entró al mar de los Sargazos. Como veníamos sin viada, sin actividad económica sustentada por ganancias de productividad, inversiones de grandes proyectos o importante impulso de inversión pública, el estancamiento será el resultado natural del ciclo político: la postergación natural del gasto privado por incertidumbre política y el poco afán de los funcionarios públicos para dar permisos o aprobaciones en medio del creciente ruido político.
En este escenario, resulta ingenuo esperar que las facultades ayuden significativamente a mejorar la perspectiva de crecimiento. De hecho, a estas alturas del año, las decisiones de inversión están dadas y, ante la incapacidad de la política fiscal y el agotamiento de la política monetaria, solo dependeríamos de buenas noticias en el lado primario para tener un crecimiento superior al del año pasado. Además, es un error estratégico encerrarse a legislar y no ponerle la agenda legislativa al Parlamento, que debería dedicarse en el segundo semestre de este año a discutir los proyectos (supuestamente buenos) del Ejecutivo. Muy por el contrario, se le dejará tiempo libre al Congreso para que florezcan las iniciativas populistas.
Más importante que promulgar en 90 días decretos legislativos para el crecimiento de largo plazo es evitar que se sigan deteriorando las condiciones de competitividad de nuestra economía. Pero ello no ocurrirá porque el nivel de enfrentamiento político a todo ámbito (Legislativo-Ejecutivo, Gobierno-oposición e incluso dentro del propio oficialismo) hace casi imposible que se controlen los ímpetus populistas del Parlamento.
El siguiente gobierno tendrá la difícil tarea de sacarnos del marasmo económico en el que estamos. Eso implica trabajar en cuatro líneas de acción muy claras. La primera es un plan de infraestructura muy dinámico, aprovechando la gran capacidad fiscal que tiene el país para reactivar grandes proyectos, coordinar con gobiernos subnacionales y generar planes nacionales de inversión en carreteras, salud, proyectos de irrigación, entre otros. El nivel de empleo que se genera es significativo en el corto plazo, las ganancias de productividad en el largo son muy importantes y mejoran la calidad de vida de manera inmediata.
Pero para que esto sea consistente con la prudencia fiscal, se tendrá que ir más despacio con los programas sociales, en que hay un enorme espacio para mejorar su eficiencia, reduciendo los enormes gastos de administración, disminuyendo los excesivos gastos de publicidad e implementando mecanismos de control; y, por lo tanto, llegando a más beneficiarios.
En segundo lugar, retomar el impulso a la simplificación administrativa y predictibilidad en plazos, costos y decisiones de la administración pública respecto a las empresas y personas. Aquí el campo de mejora es enorme, especialmente en temas judiciales, tributarios, medioambientales, laborales y municipales. Estos cambios regulatorios, normativos y administrativos deberían ser resultado de un enfoque científico de manejo de datos y minimización de riesgos y no de posiciones ideológicas, maximalistas o de deliberada poca transparencia para favorecer la corrupción. Aunque este es un esfuerzo cuyos resultados demoren en verse, solamente el anuncio e institucionalización del programa debería afectar positivamente el estado de ánimo de los inversionistas.
En tercer lugar, se deberían retomar las reformas estructurales que se han quedado estancadas, como mejorar la libertad económica, mejora del mercado de capitales, revisar el tema laboral, entre otras reformas; y continuar lo bueno que se ha hecho en este gobierno, en particular y fundamentalmente con la agenda educativa que viene implementando el actual ministro. Aquí lo sensato es hacer una evaluación de cuáles son las reformas prioritarias desde el lado económico y cuál debería ser la secuencia políticamente factible para llevarlas adelante. Queda claro que querer hacer todo al inicio no es posible y esperar demasiado implicaría no hacerlo. La reforma laboral sería, de lejos, la más importante; pero si no se hace en los primeros meses de gobierno, será muy complicado de implementar después.
Finalmente, retomar el apoyo decidido a la inversión en minería, fortaleciendo la confianza de la población en el gobierno como garante del respeto al medio ambiente y los derechos de las comunidades, pero también haciendo efectivos los derechos de propiedad de las empresas, controlando a los grupos antimineros. En un siguiente artículo explicaremos por qué esto es crucial para el país.
Difícil tarea que tendrá el siguiente gobierno para enrumbar el Perú a la prosperidad. Esperemos que cualquiera que llegue al gobierno opte por este arduo camino y no por el camino simplista de culpar a la situación externa o a los gobiernos anteriores.
