Por Luis Carranza
El Comercio, 27 de octubre, 2015
Este gobierno ha entrado en su etapa final en medio de ardorosos combates con la institucionalidad del país. A menos de seis meses de las elecciones, la sensación de alivio de que ya se termina va cambiándole el humor a la gente. Aunque no da para que inviertan o consuman más, por lo menos la ilusión de que vendrá un nuevo gobierno ayuda a soportar las inclemencias de la desaceleración económica.
En este escenario, la próxima administración empezará con una expectativa muy alta, no solo por la parálisis que deja este gobierno, sino por el probable discurso triunfalista que darán todos los candidatos presidenciales.
Por lo tanto, es fundamental tener muy claras las reformas y las políticas públicas que se deben priorizar. En general, las reformas que generan aumentos en la productividad implican casi siempre que un grupo de interés se verá afectado.
Aunque los beneficios para la sociedad sean muy importantes, la respuesta política del grupo afectado será inmediata y la contraofensiva será directamente proporcional a los beneficios de la reforma. Por ello, se requiere de capital político y liderazgo para llevar adelante estas reformas.
Por el desgaste natural de los gobiernos, estas reformas solo se hacen en la primera parte de un régimen y se utiliza el resto del tiempo para su implementación. La actual administración nunca entendió esto y emprendió mal y tarde algunas reformas que tenían alguna señal de avanzar en la dirección correcta (contribución previsional de independientes, ley del empleo juvenil, etc.), pero fracasó rotundamente.
Las reformas que sí desarrolló fueron en el fondo programas asistencialistas. Tras perder la mitad del tiempo, en educación retomó lo emprendido por el régimen anterior. Esto es paradójicamente su logro más importante.
Si la siguiente administración quiere volver al crecimiento rápidamente, no podrá perder un segundo y deberá seleccionar e implementar sus reformas desde el inicio. La medida más urgente es reactivar el gasto en infraestructura.
Si bien tenemos recursos, se requerirá de una gran capacidad de gestión para ejecutar las obras y coordinar entre los distintos niveles de gobierno. Impulsar el gasto en infraestructura será como si nos pusiéramos a empujar vacas de acero. No tiene ningún peligro, pero necesita un enorme esfuerzo que debe ser constante durante los cinco años de gobierno.
Por otro lado, hay reformas que son tigres de papel, asustan mucho y terminan paralizando de temor al gobierno. La principal reforma que cae en esta categoría es la laboral. Hoy solo 28% de la fuerza laboral está formalizada y la inmensa mayoría de trabajadores no recibe ningún tipo de beneficio.
La alta informalidad laboral se explica por el divorcio entre la productividad y las rigideces legales. Esto no quiere decir que implementar la reforma laboral no tenga costos políticos, porque incluso los trabajadores informales tienen expectativas de acceder a estos beneficios en el futuro. Sin embargo, la posibilidad de ofrecer derechos sociales razonables en salud, pensiones y cobertura de desempleo a la mayoría de la fuerza laboral aplanará cualquier oposición en el mediano plazo.
Asimismo, tenemos reformas o políticas públicas que son dragones de fuego, porque hay una férrea oposición, ya sea por razones políticas o porque se ataca una ineficiencia o imperfección que genera “rentas” para muchos individuos. Por tanto, cuentan con gran capacidad de movilización y presión política.
En el gobierno anterior se emprendieron reformas que eran dragones de fuego: la reforma educativa y la eliminación de exoneraciones tributarias en la selva. Hoy, implementar políticas públicas que aseguren que los grandes proyectos de inversión en minería e hidrocarburos se desarrollen se ha convertido en un dragón de fuego no porque esto perjudique el medio ambiente o afecte negativamente a las comunidades, sino por el trabajo político de grupos radicales y la incapacidad del Estado para contrarrestar a estos grupos. Esto implica, entre otras cosas, lograr mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las comunidades.
El siguiente gobierno debe priorizar las reformas necesarias y tener la capacidad política para implementarlas. Solo así lograremos reactivar la inversión privada y, por tanto, el crecimiento económico.
