Patricia Teullet
Perú21, 9 de diciembre de 2016
Es un problema de S/12,000 millones. Cuando Sandro Fuentes presentó la cifra en el CADE, quedó más claro por qué la simplificación administrativa es difícil de lograr: porque de ello viven muchas instituciones públicas.
Si bien se supone que las entidades del Estado cobran solo lo que cuesta un trámite, ¿que haría usted si hubiese sido contratado y tuviese riesgo de perder su puesto? Probablemente defendería la importancia del trámite que realiza: “es para asegurar que la persona esté viva”; “una cosa es el DNI y otra la partida de nacimiento“; “sí, su DNI dice ‘divorciado’ pero para vender su auto tenemos que ratificarlo con su sentencia”; “son un original y 3 copias; pero no se preocupe, al frente sacan las copias”… Estos trámites cuestan y sostienen a entidades.
Hay casi millón y medio de empleados estatales, incluidos maestros y personal de salud que brindan atención perceptible y directa, pero estos son financiados con recursos ordinarios y no con los S/12,000 millones que pagamos al margen de los impuestos.
El Dr. Fuentes sostiene que esta sería una de las principales limitantes a la simplificación. Las entidades estatales se han acostumbrado (¿o tal vez se han visto obligadas?) a ingeniárselas para complementar su presupuesto y no importa que se trate de pedir papeles que nadie lee y que ocupan espacio porque nadie se atreve a botarlos. Para eso, hay que esperar algunos años.
El problema de los trámites, en gran parte absurdos, es que su costo no es solo de dinero, a eso se debe sumar las horas perdidas frente a la ventanilla de Sunarp o del Banco de la Nación… Dicho sea de paso, ¿por qué es el único que puede recibir o hacer ciertos pagos?
