Por Roberto Abusada Salah
El Comercio, 6 de marzo de 2018
El año pasado el Perú fue fuertemente golpeado por los desastres naturales y la corrupción de las empresas brasileñas. La economía terminó creciendo 2,5%, una tasa inaceptable para un país con sólidos fundamentos en su macroeconomía y el bono adicional de la demografía que añade cada año 300 mil personas dispuestas a trabajar. Mientras tanto, el mundo en su conjunto creció 3,7% y las economías de los países emergentes, como la nuestra, crecieron 4,7%. Claramente, el Perú no converge hacia el desarrollo. Este año se esperaría un enorme rebote, con un crecimiento vigoroso en la producción y el empleo, más aun considerando el fuerte crecimiento mundial y la subida de los precios de los principales productos de exportación. Contrariamente, los analistas más optimistas predicen que el Perú crecerá solo 3,5%. Es decir, a fines del 2018 habremos acumulado, desde el 2014, cinco años de magro crecimiento en promedio del 3%.
Pero eso no es todo. La creación de empleo formal el año pasado fue negativa; es decir, la economía peruana arrojó al subempleo a esos 300 mil jóvenes. La inversión privada permaneció estancada después de caer tres años y la inversión pública, que debió compensar de alguna manera tal caída, creció cero.
¿Cómo explicar este desastre? ¿Qué hacen el presidente y sus ministros para remediar esta absurda situación? ¿Qué está haciendo el Congreso para finalizar esta parálisis? ¿A qué se dedican los alcaldes y gobernadores regionales? ¿Qué actitud están adoptando los procuradores, fiscales y jueces? ¿Cómo están reaccionando los medios de comunicación? ¿Están los líderes de opinión, gremios y sociedad civil informados de las consecuencias de la inacción y la parálisis en que toda la sociedad está envuelta?
Ya no mencionaremos la metástasis burocrática que está ahogando la creación de riqueza. Este año sufrimos la parálisis general que siguen generando las revelaciones de corrupción, que se nos dosifica en calculados capítulos por las empresas corruptoras. Todos los otros países afectados por este mismo caso de corrupción pudieron prontamente establecer la continuidad de sus proyectos sin afectar la cadena de pagos, sin propiciar la quiebra de empresas y la pérdida de centenas de miles de empleos. Solo para mencionar un ejemplo: el metro de Quito avanza a toda marcha a pesar de haber estado a cargo de Odebrecht, empresa que ya salió del consorcio constructor. Nosotros no hemos podido siquiera establecer reparaciones civiles y permitir que decenas de empresas sigan trabajando, al mismo tiempo que los responsables de delitos sigan siendo procesados por los órganos jurisdiccionales.
A comienzos del año pasado el Ejecutivo pretendió aliviar esta situación dictando un decreto de urgencia con el objeto de garantizar la continuación de las obras y asegurar el pago de las reparaciones civiles. Tal decreto no consiguió ninguno de esos dos objetivos. Las obras están detenidas y el Ministerio de Justicia ha conseguido retener dineros para reparaciones por la ridícula suma de seis millones de dólares. El Congreso, por su lado, dedicó meses a considerar modificaciones al decreto de urgencia original y en ese intento solo ha causado más incertidumbre y más parálisis. Y ahora que el Ministerio de Economía pugna por conseguir la aprobación de una ley que reemplace el fallido decreto, los parlamentarios se niegan a asumir responsabilidad alguna, no solo ocasionando la pérdida de miles de empleos y prolongando la agonía de decenas de empresas, sino poniendo en peligro la estabilidad del sistema financiero en su conjunto debido a la exposición de este al conjunto de sectores afectados. Proyectos como Olmos y Chavimochic o importantes obras viales continúan paralizados, y la reconstrucción del norte marcha a un ritmo inaceptablemente lento a pesar de los enormes recursos que el MEF ha liberado para tal fin. No sorprende que todos los indicadores de confianza hayan vuelto a caer en febrero.
Como si esto fuera poco, innumerables proyectos que no están afectados por los problemas de corrupción se encuentran paralizados o marchan a un ritmo inaceptable por la desidia de autoridades edilicias, regionales y del Gobierno Central. Hace pocos días la revista “Semana Económica” reveló que la Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene detenidos proyectos comerciales y edificaciones por valor de 1.400 millones de dólares. La MML no parece estar satisfecha con haber cancelado o paralizado otros importantes proyectos, sino que de manera displicente se niega a poner en operación la Línea Amarilla, el proyecto vial urbano más importante ya concluido en enero.
Esta situación puede y debe enmendarse en semanas, no meses. De lo contrario el Perú lamentará otros 300.000 jóvenes dejados sin empleo mientras ve agrandarse, año a año, la brecha con los países desarrollados.
