El representante del Estado Peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, sostiene que cuando interfiere, a nombre del gobierno, en la disputa legal entre “La República” y El Comercio por la administración comercial del diario “Correo”, lo hace para elevar el nivel del debate. Para elevarlo, dice, a nivel continental. Un tema que se originó en el nivel más bajo de las pasiones, en el despecho y la ira de un empresario que perdió un negocio, quiere ser elevado ahora a los altares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué?
Desde que Gustavo Mohme, el director de “La República”, perdió la apuesta, sus aliados han hecho esfuerzos denodados por elevar el nivel de la rencilla: la demanda judicial estuvo a cargo de un grupo de periodistas; pronto el presidente Humala tomó partido a favor de ellos. Y ahora, el único ex primer ministro que no se ha mostrado crítico a las formas de manejo de la primera dama afirma que solicitará la opinión consultiva de Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso porque le preocupa la libertad de expresión en el Perú. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Jiménez le pone tanto énfasis al carácter continental de la opinión de la corte en este tema?
Si Gustavo Mohme, el perdedor, hubiera tenido razón, habría apelado, inmediatamente, al Indecopi o a la Conasev, que son los organismos encargados de regular la competencia entre las empresas de nuestro país. Pero ni siquiera lo intentó. No agotó esa vía. En cambio, tomó el camino de la política, aprovechando viejas disputas entre periodistas.
Sinceramente, creo que debemos sospechar. Esta movida no solo puede cargarse con la libertad de prensa en el Perú, a través de una ley de medios que termine regulando los contenidos –cosa que, maquillada, ya ha sido propuesta en el Congreso– sino que, además, podría estar orientada a sanear los zarpazos contra la prensa independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela.
Jiménez dice que es un liberal del siglo XIX pero, a la vez, es incapaz de calificar al gobierno de Maduro como la dictadura que es; con gesto adusto, como si fuera un intelectual abrumado por los conocimientos, asevera que lo que ocurre en Venezuela es “un problema de respeto de los derechos y de intolerancia a las minorías”. Y se refiere a María Corina Machado como la “ex diputada” venezolana. Tal y como la llaman los chavistas en ese castigado país.
No podemos distraernos. Ya lo vivimos. Los periodistas que apoyaron las “reformas” del dictador Juan Velasco Alvarado se convirtieron en los directores de los medios que él expropió.
Pues bien, sigamos a Jiménez y llevemos el debate a nivel continental. Pero que participen los periodistas argentinos, ecuatorianos, venezolanos, que también están sufriendo el embate de quienes gobiernan sus países. Este tema no les compete solo a los periodistas que trabajan en los medios involucrados en el Perú, es un tema de todos. Velasco comenzó robando los periódicos, pero terminó haciendo lo mismo con la radio y la televisión.
