Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 4 de setiembre de 2018
Tan solo hace 15 días escribí en este espacio acerca de la oportunidad que se le abrió al Perú debido a una decidida actitud del presidente Martín Vizcarra de liderar una reforma del sistema de justicia, así como la de emprender la indispensable reforma política. Al emplazar al Congreso con la iniciativa de llevar su propuesta a la población mediante un referéndum, parecía que con solo esa atrevida acción había logrado restaurar el casi inexistente balance de poder político sobre el que se debería asentar toda verdadera democracia. En otras palabras, la mayoría de Fuerza Popular parecía por fin encontrar el contrapeso en un Ejecutivo fortalecido.
La fuerte subida en la popularidad del presidente gracias a su despertar del letargo con que inició su mandato, y la aparente inicial aquiescencia del Congreso, y en particular de Fuerza Popular, a apoyar las iniciativas de reforma, dieron la impresión de que por fin se allanaba el camino para un diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Congreso, un diálogo que no solo es ya un clamor ciudadano, sino que obviamente beneficiaría a ambos poderes del Estado.
Han transcurrido escasas dos semanas desde este evento y ya nuestra clase política se ha encargado de arruinar por completo esta increíble oportunidad. La oportunidad para empezar a enderezar la situación de desgobierno, corrupción y demagogia en que se encuentra sumida la nación. Hoy Congreso y Ejecutivo se encuentran más enfrentados que nunca, y lo único que tenemos es nuevamente el ambiente enrarecido por la mentira y la acrimonia. Solo vemos políticos guiados por los resultados de las encuestas y actuando de acuerdo a estrategias –por de más ridículas y torpes– para ganar unos puntos de ráting a costa del desgobierno. Han tirado por la borda una oportunidad valiosa para emprender verdaderas reformas estructurales, reencender el magro crecimiento económico y cortar la pobreza. Todo bajo la creencia de que los sondeos de popularidad así lo requieren. Tenemos ahora a ambos bandos discutiendo sobre la revelación de reuniones clandestinas como si no fuera lo más natural, democrático e indispensable que los líderes políticos se reúnan y conversen por el bien del país.
Pareciera que nuestros líderes no se dieran cuenta de que afuera de las puertas del Congreso y las del Palacio de Gobierno hay un país que requiere ser gobernado, que necesita que se atienda el deplorable estado en que se encuentran el sistema de salud, la educación, el empleo, la seguridad ciudadana, el servicio civil y la regionalización. Se los percibe indolentes ante el avance de la corrupción. Permanecen impávidos ante asuntos tan variados como, por ejemplo, el que dentro de las casi 15.000 listas que se presentarán a las elecciones de octubre existan cientos de prontuariados por una extensa gama de crímenes, o que el estado actual de la infraestructura y las políticas laborales absurdas sean un impedimento infranqueable para elevar la productividad y cimentar el progreso.
El Perú necesita gobierno y política limpia. Es inaceptable que mientras el debate y el fuego cruzado se centran en si determinado personaje político asistió o no a tal o cual reunión no se puedan solucionar problemas que cualquier administrador diligente hubiera resuelto hace mucho tiempo. Problemas como que el primer aeropuerto del país se encuentre colapsado, que al menos dos enormes irrigaciones estén paralizadas o que urgentes proyectos viales que no requieren de financiamiento estatal no se construyan a pesar de haber sido concesionados hace años. Muy probablemente también la reforma judicial y la reforma política se empantanarán mientras los poderes del Estado centran su atención en trifulcas improductivas.
Es sabido el peligro que engendra esta situación: el de la captura del poder por el antisistema o simplemente por parte de algún aventurero.
Ha llegado la hora de que la ciudadanía obligue a sus representantes a ponerse de acuerdo y asumir conjuntamente la responsabilidad de las decisiones necesarias para resolver problemas de larga data, cuya solución parece estar a la espera de los resultados de cada encuesta. Las reformas necesarias son conocidas y no pueden esperar. El país requiere adecentar la política, restaurar el imperio de la ley y actuar en reformas de salud y educación, reformar los cuerpos policiales y el servicio civil. Los ciudadanos y sus organizaciones, los medios y los gremios no podemos eludir la responsabilidad de contribuir a reencauzar el debate político por la senda del diálogo democrático y el análisis basado en hechos exentos de craso populismo o prejuicios ideológicos. El destino del Perú es demasiado importante como para dejarlo al solo albedrío de los políticos.
