Por: Ricardo Uceda
La República, 16 de abril de 2019
Los distintos caminos del periodismo y la justicia en algunas investigaciones sobre derechos humanos. Casos: La Cantuta, Pedro Huillca, el espía ecuatoriano. Mariela Barreto, un misterio sin resolver.
La reedición de Muerte en el Pentagonito me obligó a revisar de nuevo los hechos, especialmente en lo que concierne a la relación entre el periodismo y la justicia. Desde el 2004 el Poder Judicial intervino en casi todas las historias, en la mayoría de casos a causa de su publicación. Aún asisto a tribunales que examinan crímenes evidenciados en el libro o vinculados a ellos. En algunos juicios acabados, sus conclusiones concordaron con lo narrado, y hubo sentencias de culpabilidad. En otros no hubo prueba suficiente. También hay sentencias en las que se comprobó una parte de la información. Y otras donde salta a la vista que no me creyeron. Aunque acudí a la mayoría de citaciones no hice activismo para convencer a fiscales o jueces. Mi propósito no fue judicializar exitosamente las investigaciones.
El que decidió
A estas alturas, sin embargo, creo que debo reivindicar precisamente aquellas historias que no tuvieron acogida en el Poder Judicial. Una sostiene que la matanza de los estudiantes de La Cantuta no fue ordenada por Vladimiro Montesinos o Alberto Fujimori. Fue el mayor Santiago Martin, quien, exasperado porque se le ordenó entregar a los detenidos a la DINCOTE, decidió ejecutarlos en un terreno contiguo a la avenida Ramiro Prialé. Consideraba a su grupo un cuerpo de élite del Ejército al que no se le podía encargar arrestos como si fueran simples policías.
Esta versión fue publicada por reporteros de la revista Sí en 1993. En los años posteriores otros periodistas la confirmaron y yo pude reafirmarme en la certeza antes de editar el libro. Las fuentes no eran otras que miembros del Grupo Colina. Un indicio indirecto era que Martin había seguido un guion completamente opuesto al de un operativo de inteligencia. Dejó huellas por todas partes de que un grupo militar había secuestrado a estudiantes de una universidad tomada por el Ejército, de donde nadie entraba o salía sin autorización del comando.
Eran senderistas
Segundo caso: el asesinato de Pedro Huillca no fue cometido por el Grupo Colina sino por Sendero Luminoso. Yo lo afirmé basado en testimonios de los propios ejecutores. La policía, incluso, llegó a determinar quiénes fueron los autores. Sin embargo las versiones dieron un volteretazo durante el proceso, y los militares terminaron siendo imputados. En la versión del libro, el dirigente sindical, militante del Partido Comunista –y por ende considerado enemigo del marxismo-leninismo-maoísmo de los senderistas–, fue victimado con motivo del 99° aniversario del nacimiento de Mao Tse Tung.
En otra discordia, la justicia asumió que el Grupo Colina fue operado por el SIN y no por el Ejército, la tesis de Muerte en el Pentagonito. En 1991, cuando el destacamento estaba en formación, el Ejército ordenó una serie de atentados con cartas-bomba, una de las cuales asesinó a la periodista Melissa Alfaro. Otra dejó sin un brazo al abogado Augusto Zúñiga. El juicio aún no termina, pero la fiscalía considera que fue Vladimiro Montesinos quien los ordenó directamente, según declaró el ejecutor, un capitán retirado, Víctor Penas, quien trabajaba ese año en el SIE1, el departamento de búsqueda de la inteligencia militar. No fue eso lo que Penas me contó. En cuanto al Grupo Colina, los comandantes generales del Ejército involucrados, Pedro Villanueva y Nicolás de Bari Hermoza, han declarado que sus operativos fueron realizados a sus espaldas. Culparon al SIN.
En el Pentagonito
No combatí estas verdades judiciales porque se construyeron en un escenario legítimo para dilucidar responsabilidades, involucrando a todas las partes. Pero no es porque deje de creer en lo que publiqué. ¿Por qué las divergencias? Creo que hubo colaboradores eficaces que a cambio de una reducción de su pena brindaron una versión grata a los oídos del Ministerio Público, cuyos operadores pudieron incluso terminar convencidos de que era cierta. Es difícil imaginar que un fiscal, conscientemente, exculpe de un asesinato a Sendero Luminoso para aumentar la carga de Montesinos.
De otro lado, la investigación periodística contribuyó al esclarecimiento de otros crímenes emblemáticos. Algunos siguen en juicio, como el extraordinario caso del espía ecuatoriano. Ya está sobradamente demostrado que en 1988 el Ejército secuestró a Enrique Duchicela, agregado aéreo de Ecuador en Lima y organizador de una red de informantes en el SIE que le vendió secretos militares. Tanto Duchicela como Marco Barrantes, el subteniente del SIE que era su contacto, fueron secuestrados por el agente Jesús Sosa y luego ejecutados en el Pentagonito por orden del comando del Ejército. La Corte Suprema consideró que al coronel Oswaldo Hanke, entonces jefe del SIE, no se le podía condenar porque pasó al retiro cuando aún no existía la ley de desaparición forzada, que sí se aplicará para sus subordinados. Contra ellos sigue ahora el proceso.
Tres muertes
Un juicio próximo es el de tres asesinatos en el Pentagonito que se atribuyen a Montesinos y al ex jefe del SIE Enrique Oliveros. Ocurrieron en 1993, cuando el SIN supervisaba al SIE. En este caso la justicia chilena ha permitido el procesamiento de Alberto Fujimori. En cuanto al resto de episodios, es remarcable que la justicia haya podido dictar sentencia, luego del hallazgo de huesos humanos, sobre las ejecuciones en el cuartel Los Cabitos. Allí cientos de cadáveres fueron incinerados. Otros procesos de los años noventa se desarrollan silenciosamente en la Base Naval. Por ejemplo, el de las supuestas torturas a la agente del SIE Leonor La Rosa, que recién abordé cuando mi libro ya había salido. Otro próximo es el del asesinato de Mariela Barreto, un misterio que aún continúa en las sombras. Quizá haya sorpresas en un futuro cercano.
