Enzo Defilippi, Profesor de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 20 de setiembre de 2016
Mañana se debatirá en el Congreso el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. Por ello, conviene enriquecer la discusión analizando las principales medidas que se busca implementar.
Sobre reducir en 1% el IGV, hay poco que agregar. Se sabe que existen serias dudas sobre su efectividad para incentivar la formalización o generar más recaudación, y seestima que le costaría al fi sco S/3.000 millones anuales.
También se busca aumentar en S/12.000 el deducible para el pago del Impuesto a la Renta (IR) de los trabajadores (sustentado con facturas de gastos en vivienda, salud, y probablemente, educación). La idea podría ayudar a combatir la informalidad, pero a un costo de S/1.500 millones anuales y de reducir en aproximadamente 500.000 el número de contribuyentes (no hay cifras ofi ciales).
Y a menos que se pongan buenos fi ltros terminaríamos sacrifi cando recaudación para subsidiar a quienes pueden pagar viviendas caras y educación privada.
Asimismo, el Ejecutivo solicita facultades para aumentar el IR de las empresas a 30%, una medida que permitiría recaudar S/2.500 millones adicionales el 2017 pero a costa de restar competitividad al país (la tasa promedio en Latinoamérica es 27% y en la OCDE, 25,5%) y desincentivar la inversión privada (a pesar de que fomentarla es un objetivo explícito de las reformas).
Si bien estas medidas generan una pérdida de S/2.000 millones anuales, el ministrode Economía dice que las reformas planteadas generarían una mayor recaudación de hasta S/12.000 millones anuales en el 2021. Esperemos que mañana muestre el detalle de esta proyección, que parece ser bastante optimista.
Hay que tomar en cuenta que la recaudación aumentará en los próximos meses aun si el gobierno no hace nada. Pronto cesará el inusual incremento de las devoluciones del IGV (S/4.000 millones desde enero), y la reaceleración de la economía generará una mejora en los márgenes de las empresas que aumentará los ingresos del Estado. Estos efectos deben tomarse en cuenta para evitar atribuir a las reformas planteadas efectos que no generan. Nótese que en términos de recaudación, 1% de IGV es equivalente a más de 3% de IR de las empresas.
Cabe mencionar que la orientación de estas propuestas trasluce contradicciones evidentes. Si uno de los objetivos centrales es generar más contribuyentes, ¿tiene sentido reducir su número en más de 500.000
aumentando el deducible para el pago del IR de los trabajadores? Y si reducir el IGV es conveniente para incentivar la formalidad y reducir la evasión, ¿aumentar la tasa del IR no estaría fomentando la informalidad y la evasión?
Aunque existen dudas de la efectividad de algunas de las medidas planteadas y es muy probable que generen un costo bastante mayor al previsto, es razonable que un nuevo gobierno pueda implementar el plan para el cual fue elegido. Por ello, opino que el Congreso debería concederle al Ejecutivo las facultades
legislativas que solicita. Eso sí, con algunas condiciones razonables (como exceptuar de subsidios a quienes no los necesitan) y con metas específi cas de recaudación.
Esperemos que el debate en el Congreso sea alturado y permita un sano intercambio de ideas entre gobierno y oposición. Los peruanos nos lo merecemos.
