Por Patricia Teullet
Perú 21, 02 de marzo de 2018
Esta vez, la Rosi tiene razón: hay miles de estudiantes de institutos técnicos que no tienen acceso a las instalaciones o herramientas para practicar antes de graduarse.
Pero nuestra Rosi está siendo víctima de una práctica común que aplican aquellos que, sin argumentos ni datos en los cuales apoyarse, descalifican propuestas porque van en contra de sus intereses personales o porque quieren ganar protagonismo con demagogia: tergiversan los hechos, y a veces también aplican una etiqueta pegajosa a la propuesta tergiversada. Sucedió antes con la ley que se conoció como ‘Pulpín’ y sucede ahora con la de la ‘esclavitud juvenil’.
Revisemos los hechos: (a) las carreras técnicas son menos valoradas que las universitarias; (b) no hay mercado para absorber a todos los egresados de universidades; (c) existe, en cambio, una demanda no satisfecha de técnicos especializados en muchos campos; (d) la calidad de la educación superior es, en promedio, mediocre; esto afecta la productividad y, por ende, las remuneraciones de los trabajadores; (e) existe mucha distancia entre lo que se enseña en las instituciones educativas y lo que la empresa requiere; (f) la práctica es esencial para completar la educación; es decir, aprender trabajando en una empresa mejora la formación, la productividad, las oportunidades de empleo y el nivel salarial.
Pero en el Congreso y la prensa, un proyecto que intenta resolver un problema no genera debate ni otras propuestas. Es más fácil indignarse sin haber leído, burlarse y defender la “libertad” y el derecho de salario mínimo, vacaciones, seguro de salud, CTS, estabilidad laboral, indemnizaciones y pensión…
Lástima que el 70% de los trabajadores peruanos nunca contará con eso. Y que los más jóvenes son los más afectados.
Congresistas, analistas, me encantaría escuchar su propuesta.
