Por: Iván Alonso
El Comercio, 28 de febrero de 2020
Qué ironía que haya sido su “refinado” lenguaje lo que catalizara la renuncia de Carlos Paredes a la presidencia del directorio de Petro-Perú. En cuanto al fondo del asunto, no es ninguna novedad que Paredes le estaba pidiendo al Gobierno que asumiera 1.500 millones de dólares de la deuda que la empresa estatal ha tomado para financiar la modernización de la refinería de Talara. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, evidentemente se ha negado a asumirla, dando como explicación que no hay una partida para eso en el presupuesto de la república. Su negativa es reconfortante, pero no tanto, pues nada impide que una partida semejante se incluya en el presupuesto del 2022.
La posición del MEF, en realidad, es desconcertante. La modernización de Talara no es un proyecto solamente de Petro-Perú. Ha sido aprobada explícita o implícitamente por el Gobierno, que es quien nombra a los directores de la empresa. Desde el punto de vista de la disciplina fiscal, no es tan importante si la deuda está en los hombros de Petro-Perú o en los del Estado. El Estado garantiza, de facto, cualquier deuda de Petro-Perú. Lo que verdaderamente importa es si el proyecto debe o no debe continuar. El Gobierno debería ser claro sobre eso. Si cree que debe continuar, tiene que apoyarlo financieramente, de una u otra manera, porque los números de Petro-Perú simplemente no dan para sustentarlo. Si cree que no debe continuar, debe paralizarlo ya.
Paredes, como buen economista, comprendió desde el principio de su gestión que esa decisión no debería basarse en lo que ya se había gastado, sino en lo que todavía faltaba por gastar; de los costos y beneficios de ahí en adelante, para ser más exactos. Su conclusión fue que valía la pena seguir. Si el Gobierno comparte esa conclusión, debería explicársela a la gente. Si no la comparte, también.
Algunas personas familiarizadas con el proyecto piensan que ya es muy tarde para detenerlo. Puede que sí, puede que no. Habría que poner en la balanza cuánto cuesta terminarlo y qué beneficios traería para el país.
Ese costo es incierto. Hemos estado siguiendo el proyecto de modernización de Talara desde que era poco más que una cocinita de 300 millones de dólares, hace dieciséis o diecisiete años. Desde entonces ha ido mutando hasta convertirse, más que en una modernización, en la construcción de una nueva refinería. Ahora, por lo que sabemos, costará 5.000 millones o quizás 6.000 millones de dólares, si incluimos los intereses del financiamiento. “My, how you’ve grown”, dicen las tías inglesas a los sobrinos adolescentes. ¡Cómo has crecido! Todavía puede crecer más. Hay una disputa pendiente con el contratista. Cuánto queda por gastar es la gran pregunta.
Los beneficios, por otro lado, no parecen estar en riesgo. Principalmente se trata de tener combustibles menos contaminantes. Si ese es el objetivo, no es indispensable terminar de construir la refinería. Siempre es posible importarlos. Y es más sensato también si sus precios internacionales son menores que los costos de producirlos localmente.
Siendo realistas, la única evaluación que nos imaginamos haciendo a este gobierno es política: cuánta gente vive en Talara. No va a paralizar el proyecto. Pero tarde o temprano va a tener que inyectarle capital a Petro-Perú o asumir parte de su deuda. O dejar que lo haga el siguiente.
