Otto Guibovich Arteaga
Ex comandante general del Ejército
Para Lampadia
No es fácil la tarea recibida por el actual responsable del despacho de defensa. Lo ideal sería tener a un ministro mirando al futuro y buscando enganchar el sector dentro de las demandas del siglo XXI; tarea complicada cuando hay lastres legados por el humalismo, que no pueden pasar por agua tibia si se pretende avizorar con determinación el futuro.
El ejecutivo ha cumplido con el compromiso expuesto en su plan de gobierno de crear una comisión que evalúe lo actuado por el régimen saliente en gestión de recursos humanos, pues ya se sabía de la ruptura de normas en algunas instituciones para favorecer a allegados.
Como en muchas burocracias que privilegian el hecho consumado, aparecen críticas a la comisión, su conformación, sus conclusiones, nombres de mas o de menos y esgrimen que es una intromisión que afecta la institucionalidad. Vaya absurdo. Para entender esta postura hay que entender también la cantidad y cualidad de los actores involucrados.
De un lado están quienes prefieren el statu quo donde la utilidad es más práctica que la verdad. Si alcanzaste tus objetivos personales y puedes sostenerlos, ¿para qué cambiar el estado del arte?. (En las negociaciones de paz en Colombia alguien diría: nadie negocia para ir preso si puedes sostener tu estatus). Entonces, el escrutinio para unos puede oler a azufre.
De otro lado están quienes fueron atropellados en sus derechos al ser cesados injustamente para generar espacios y buscan recuperar sus derechos, viven una vía crucis inaceptable. Algunos acudieron a la vía judicial y fueron reincorporados con derechos menoscabados por el tiempo y oportunidades perdidas. Otros van al ritmo impredecible de los procesos que uno sabe cuando empiezan y no cuando terminan. Con los procuradores de defensa haciendo su trabajo los cesados deben enfrentar la lentitud de la justicia y a los procuradores bajo control del propio sector que los expectoró. Una lucha desigual.
La institucionalidad debe ser entendida como el imperio del derecho, donde las normas se apliquen a todos por igual siempre. En las instituciones castrenses las jerarquías diferencian bastante y son las normas y su aplicación correcta las que igualan a las personas. La meritocracia es un activo fundamental y las actas que la sustentan no pueden desaparecer, ni los sistemas de cómputo ser alterados sin que ello no indigne o cesar oficiales que durante 30 años demostraron su valía, en una expresión de desprecio por el mérito, el esfuerzo personal, el plan de carrera y vida de un profesional. La astucia no puede suplir al mérito.
Humala tuvo la gran oportunidad de respetar y sentar las bases de una sólida institucionalidad proyectando al tercer siglo la marcha del ejército en particular. No solo la desperdició sino causó heridas que tomará tiempo cicatrizar particularmente si no se resarce a los afectados y apostamos por un nunca más, con convicción.
El problema es claro: se hizo tabla rasa de normas para cesar a unos y promover a otros rápidamente. Puede haber la idea que las decisiones correctivas afecten más a la institución y algunos prefieren dejar que el tiempo se encargue. Muy peligroso, pues equivale a tapar el polvo con la alfombra. Un laissez faire que pretenda que los problemas se arreglen solos, garantizaría que estos se repitan ¿para lamentarlos en 2021 o 2026?.
A grandes males, grandes remedios. Y en este caso la cura debe llegar desde el lado del derecho y de la proyección institucional donde jóvenes generaciones no vean este problema como una rutina desalentadora. Hay que reparar y mejorar las normas derogando aquellos dispositivos legales o sus reglamentas que afectaron y afectan a las personas. Recordemos que el régimen pasado también afectó a los veteranos conculcando sus derechos pensionarios. Y algo hay que cuidar: no incurrir en los mismos disparates del humalismo. Lo peor que puede pasar es que detectadas algunas irregularidades no se actúe en consecuencia.
Un riesgo siempre merodea en el ambiente y podría tipificarse como el «Síndrome de Estocolmo Burocrático», donde las autoridades por afinidad o proximidad laboral, se congracien con un estado de cosas que pueden no mostrar evidencias diarias de lo sucedido y que induzca a creer que todo es normal y limite las decisiones. Esperemos un nunca mas, he ahí el reto.
