Por: Alfonso Bustamante Canny
Perú21, 3 febrero de 2021
“La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho»”. Es la confianza de que, al amparo de la ley, los ciudadanos tenemos derechos ante los demás. Al menos eso dice la Constitución.
Quiero citar una ley que por su mal uso se ha convertido en un instrumento de violación de derechos a la propiedad privada: la prescripción adquisitiva de dominio es un mecanismo legal por el cual un posesionario puede arrebatar la propiedad de otro individuo aun actuando de mala fe si es que transcurre el tiempo suficiente. Con ello, los propietarios de un terreno, lote, casa, habitación o cualquier otro inmueble están sujetos a perderlo frente a un usurpador.
Con estos incentivos, claro está que se promueve el tráfico de tierras y así los traficantes deciden cómo se da forma a nuestras ciudades y valles agrícolas. No importa que la inversión posterior en dotar a estas nuevas áreas urbanas con servicios públicos sea descomunal, tampoco que el transporte de los nuevos habitantes ocupe la mitad de su día, ni que tengan que comprar agua en cilindros de camiones-cisterna.
Si los perversos incentivos permanecen, los traficantes seguirán encontrando clientes para sus invasiones, perjudicando el desarrollo de viviendas formales, incluso a través de los programas de asistencia a la primera vivienda como Techo Propio, Mi Vivienda, entre otros que vimos crecer en la época del ministro de Vivienda Carlos (‘Techito’) Bruce.
Con las invasiones diseñando el crecimiento horizontal de nuestras ciudades, los servicios públicos básicos como transporte, agua y desagüe, luz, gas e Internet tardarán en llegar a las personas que ocupen estos lotes, debiendo obtener los servicios sustitutos con limitaciones y altos costos: una paradoja que azota a la población más vulnerable.
En el campo, tuve una experiencia indignante que grafica esta situación, cuando un gran inversionista del vecino país del sur se apropió de 1,000 hectáreas del Estado, quien ante mi protesta respondió graciosamente que regularizaría su situación y es que es así “como se hacen las cosas en el Perú”.
Para que podamos seguir generando crecimiento sostenido, es fundamental ocuparnos de inconsistencias como estas en nuestra legislación. El tráfico de terrenos se ha convertido en un crimen organizado por bandas de mafiosos que trafican con las necesidades básicas insatisfechas que deja un Estado inoperante e indolente.
