Jaime de Althaus
Las denuncias de sobornos al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, y nuevas revelaciones que aparezcan, traen como consecuencia la posibilidad de que sea vacado, lo que sería traumático para el país porque se interrumpiría la gestión -por más mediocre que sea- para pasar a un impredecible gobierno del Congreso, y absurdo faltando tan pocos meses para la elección general.
En ese sentido, debería haber un acuerdo explícito o tácito para que culmine su mandato mientras las investigaciones siguen su curso, a fin de prevenir un proceso de decapitación que una vez que comienza se vuelve indetenible. El problema es que un Vizcarra debilitado por estas acusaciones reduce la capacidad del Ejecutivo de demandarle al Congreso la elaboración conjunta de los proyectos de ley que se presentan, cada uno más peligroso e irreflexivo que el otro.
El gobierno tuvo éxito con la ley de congelamiento de deudas, logrando que finalmente se apruebe un texto que atiende el problema real de mucha gente, pero sin desestabilizar el sistema bancario. A partir de allí se pensó que finalmente había encontrado un mecanismo de concertación que se aplicaría a todos los proyectos de ley de ese tipo, y así lo conversaron Martos y Merino, tranquilizando a la opinión pública. Pero resulta que la producción de misiles legislativos se ha reanudado con nuevos bríos. Y esto se debe a la pérdida de autoridad moral del Presidente para convocar al Congreso a trabajar de la mano.
Anteayer lo escuchábamos implorarle al Congreso un trabajo conjunto para arreglar un proyecto. Se refería probablemente a un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que deroga un DU que ordenaba el proceso de negociación colectiva en el Estado y ponía límites a los acuerdos, y otro relativo a las reincorporaciones por mandato judicial de personas que ni siquiera habían ingresado por concurso público y para las que no existía plaza presupuestal.
Ambos temas se habían escapado completamente de control amenazando seriamente la disciplina fiscal del país, una conquista nacional que es una de las pocas fortalezas del Perú. Se aprueban laudos que otorgan aumentos y beneficios inmanejables que pueden convertirse en una bomba de tiempo fiscal y que generan una situación caótica e injusta donde pequeños grupos son privilegiados en detrimento de la calidad de los servicios públicos para todos los peruanos. En el caso de las reposiciones judiciales el costo, según el MEF, alcanza los S/ 151 millones cada año y podría llegar a más de S/ 1300 millones.
Hemos escuchado al presidente de la Comisión, Omar Chehade, sostener argumentos tinterillescos y falaces como que esos decretos de urgencia se dictaron sin que hubiera urgencia, cuando se trató de DU dados durante el interregno en que no hubo Congreso, cuya naturaleza es por lo tanto distinta. Además, claro que hay urgencia. Y gravedad.
No puede haber tanta irresponsabilidad. La primera, claro, fue la del Presidente, al disolver el Congreso y no presentar bancada propia. Neutralizado ahora por las denuncias, solo le quedaría empoderar a un Primer Ministro de consenso o al actual, para que se plante en el Congreso hasta lograr que aprueben proyectos concordados. No hay otra.
