El Perú se enorgullece de ser un país minero, y el gobierno se jacta de contar con normativa que busca armonizar la actividad extractiva con el respeto de los derechos de las comunidades y del medio ambiente. Las grandes empresas mineras, por su parte, invierten millones en equipamiento moderno y tecnología de punta, en estudios de impacto ambiental (EIA). En proyectos de responsabilidad social y en mantener altos estándares para que sus actividades causen el mínimo impacto posible. No es fácil, pero sí hay gran minería que ejemplifica buenas prácticas socioambientales.
En pleno siglo XXI, sin embargo, subsiste una práctica que ya debería haber sido erradicada por dañina, contaminante e intentar eludir el justo pago de tributos. Nos referimos a la mal llamada minería ‘artesanal’ o informal. Lo podemos constatar en Madre de Dios, Huancabamba, Pataz, Palpa, las zonas altas de Piura y otros rincones del país, donde estos ‘artesanales’ tienen equipos de gran envergadura y prácticas obsoletas. Contaminan los ríos con toneladas de mercurio, dañan la agricultura y la salud de la población. Cosa que al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, parece no quitarle el sueño, como tampoco al titular de Energía y Minas, Jorge Merino, quien no ha tenido el coraje de derogar esta caduca propuesta del pasado gobierno, ese de los ‘panzones’ del que tanto habla el presidente Humala y el de la política del perro del hortelano que tanto criticó el señor Pulgar-Vidal y por la que muchos miembros del oficialismo se escandalizan al punto del desquicio.
Solo en el Perú una actividad dañina puede escudarse en la legalidad como lo hace la minería artesanal, al punto de contar con una norma que intenta justificarla buscando: “contar con una actividad minera artesanal formalizada, conformada por organizaciones empresariales mineras artesanales privadas fortalecidas, en el 2016”, contraviniendo el propio espíritu de ese tipo de minería que es justamente no entrar al plano formal. Esta actividad informal cuenta con un plan nacional de formalización de la minería artesanal aprobado por Decreto Supremo 013-2011-EM en el gobierno anterior. Hecho que es por demás contraproducente, pues el plan no es solo ineficaz por ser limitado, sino que además no contiene estrategias técnicas para solucionar el problema ni implanta penalidades. Encima, los mineros ahora se sienten empoderados y con derecho a exigir despropósitos que van desde la suspensión de plazos y protestar por tener que realizar trámites, hasta un Viceministerio de la Minería Artesanal y Pequeña Minería.
¿Qué se quiere con este descabellado plan? ¿Captar microcapitales chinos, rusos o nigerianos? ¿O se apunta a no perturbar a los 100.000 mineros informales a quienes los gobiernos no vean como una amenaza sino como potenciales votantes? Tarea por demás difícil si es que además esta actividad cuenta con suficientes lobistas dueños de curules oficialistas que velan por su continuidad.
¿Qué dice el ministro Pulgar-Vidal? En mayo solo dijo: “las normas ambientales generan resistencia y que en Madre de Dios se corre el riesgo de que la minería ilegal financie grupos armados”. En entrevista añadió: “somos cuidadosos en concretar y hacer un análisis costo-beneficio para saber cuándo una norma ambiental es necesaria”. Ojalá que el siguiente cambio en el equipo busque alguien que prefiera velar por nuestro medio ambiente y hacer cumplir la ley.
Publicado por El Comercio, 24 de junio, 2013
