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La única oportunidad en esta crisis

Leopoldo Monzón
Para Lampadia 

En el Perú de hoy se han juntado una serie de factores y actores que han ahondado la crisis, algunos de estos actores de manera inconsciente y otros, de manera calculada y taimada. Dichos factores son los siguientes:

  • La minería informal se convirtió en proveedora de parte de los recursos de las movilizaciones, y esto como consecuencia del pésimo manejo de la formalización en la minería, los altos precios de los metales y la indiferencia de los distintos gobiernos.
  • Los pobladores que habitan alrededor de la gran minería ven y han visto pasar gran cantidad de inversiones, regalías, canon, contratos y otros, pero a pesar de ello viven sin la infraestructura adecuada, sin empleo digno, con salud y educación mediocres con poco futuro.
  • La SUNAT, la sobrerregulación y la pandemia han obligado a volverse informales a pequeños empresarios que son extorsionados por azuzadores profesionales y delincuentes que han encontrado en esta crisis la oportunidad para sus fechorías.
  • Las nuevas autoridades recién elegidas navegan en medio de los manifestantes y de tratar de hacer algo por su pueblo y aun no encuentran apoyo concreto del gobierno actual.
  • En el último año y medio políticos conocidos y terroristas declarados han encontrado un camino para acceder al poder y han probado de él.
  • Financiamiento del exterior de gobiernos ideologizados e interno de la corrupción y narcoterrorismo.

En medio de lo expuesto nos queda una oportunidad y es aglutinar a las fuerzas que de verdad buscan el bien y que son la mayoría, separando la paja del trigo; y al resto la ley sin dudas ni murmuraciones.

Un caso concreto y de suma importancia son los mineros informales de Puno que han dirigido una carta pidiendo seguridad, un banco para transacciones con minerales a precios internacionales y plantas de beneficio con altos estándares ambientales, tal como puede verse en la carta adjunta.

Para lograr lo expresado, se deben eliminar las trabas burocracia con una ley especial debidamente reglamentada que permita que los mineros declaren el oro producido con un impuesto muy bajo (5%) que generará un circuito virtuoso sin que nuestro metal termine en el extranjero. Además de permitir a las plantas mineras producir con una declaración jurada, una fianza y una cláusula de anticorrupción. Estas condiciones ayudarían a desarrollar la minería informal del país de manera integral.

Una de las medidas claves que se debe impulsar es promover que la SUNAT, como ente tributario, que permita el refinanciamiento de deuda a bajos intereses para empresas como las PYMES y MYPES de manera inmediata.

El análisis de cada medida presentada representaría un beneficio a más de 2.5 MM (millones) de familias de manera indirecta e indirecta y una recaudación fiscal aproximada de US$ 200 MM de dólares anuales. Lampadia

Ver carta:




IMPUESTOS

Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia 

Los Impuestos no originan necesariamente contraprestación a favor del contribuyente que los padece. Se supone que con la recaudación el Estado que los cobra se provee de fondos para cubrir las necesidades colectivas de la sociedad como son la seguridad, la justicia, la infraestructura, la educación, la salud pública, etc. Desafortunadamente, ese “etcétera” es cosa muy seria; incluye, en efecto, los 5,000 millones de dólares del despilfarro de La Refinería de Talara, los excesos burocráticos del Gobierno Central, y la financiación de la insania de cuatro niveles de gobierno.

En los estados que conforman los EEUU, por ejemplo, hay dos niveles: estatal y municipal; pero como allá optaron por conformar una unión de estados, existe un tercer nivel adicional: el federal. La primera potencia del planeta no dilapida recursos en niveles de gobierno innecesarios.

En realidad, el “etcétera” aludido es como una coima que pagamos para que los administradores del Estado solventen sus excesos, sus prebendas y sus sinecuras. 

El Estado se nutre mediante impuestos directos como el Impuesto a la Renta (IR) que grava las utilidades y de impuestos indirectos como el Impuesto General a las Ventas que grava las transacciones (técnicamente, el valor agregado).  El IR, al ser un porcentaje de las utilidades no genera pérdidas al contribuyente; a cero utilidades, cero impuesto.

Los impuestos indirectos, por su parte, afectan de manera diferente a productores y a consumidores finales. Los productores sólo pagan el IGV respecto al valor que agregan, debiendo deducir el IGV que grava sus insumos. Los bienes exportables están exonerados por lo que los exportadores cuentan con mecanismos de recuperación del IGV. Los consumidores finales, en cambio, los simples mortales, deben pagar la confiscatoria tasa del 18% en su integridad.

Si Usted es un peruano promedio es probable que sus ingresos le sean insuficientes, que padezca angustias cotidianas y que deba recurrir con frecuencia al endeudamiento, onerosísimo tratándose de una persona común y corriente, sin respaldo comercial suficiente ni sólidas garantías que ofrecer a los acreedores. Respecto al IGV que lo sangra, no tiene Ud. derecho a deducción alguna. Si por fortuna tuvo usted unos ahorros, producto de unas tierritas que vendió, o una herencia de un abuelo, le apuesto sin temor a equivocarme que se los comió la pandemia. Según datos irrefutables, el 60% de las familias pobres del Perú han des ahorrado durante los últimos años.

Hace unas semanas, el ministerio de economía, consternado por la crisis por la que el sector turismo languidecía, decidió aliviarlo reduciendo el IGV que lo agobia. Marriot y Hilton, Wyndham y Sheraton estaban semi vacíos y en serias dificultades. También los restaurantes formales, como los de Gastón o los de Osterling o los de tantos otros chefs que venden sus delicias con todas las formalidades que la ley exige. Pero me pregunto: ¿no hubiera sido reconfortante que Pérez y Mamani, Quispe y Rodríguez, y todos los pobres del Perú, que más que atravesar una crisis momentánea viven atrapados permanentemente en ella, experimentaran similar alivio?

Porque, valgan verdades, ellos son rehenes eternos y víctimas indefensas de un Estado implacable. 

¿No se puede exonerar del IGV al Gas Licuado de Petróleo que es la principal fuente de energía calórica de los pobres urbanos? ¿Es imposible desgravar sustancialmente la gasolina y el Diesel?

El hombre de campo que provee de alimentos a la ciudad padece, inerme, el encarecimiento artificial del transporte, debido al apetito insaciable del Estado. Sucede lo mismo con los millones de citadinos que deben desplazarse diariamente al trabajo y que tienen que absorber el costo artificialmente elevado del transporte urbano.

Si las autoridades no respondieran con racionalidad a los quebrantos de las trasnacionales hoteleras y del resto del sector turismo, se producirían pérdidas enormes y fuga de capitales, lo cual sería lamentable. Está muy bien que se les alivie.

Lo que está muy mal es sacrificar el bienestar de millones de seres anónimos para beneficio del Estado, aprovechando que no tienen dónde fugar.

Progresaremos cuando quienes conducen el Estado desarrollen, por fin, una vocación solidaria e integradora, sin hipocresía. Un Estado al servicio de la gente facilitaría rutas de escape de la pobreza, no persistiría en fomentarla irresponsablemente como efectivamente sucede con las prácticas tributarias vigentes. Lampadia




Subsidios 2.0

Subsidios 2.0

Víctor Shiguiyama
Para Lampadia

Es tentador pensar en eliminar impuestos para reducir los precios de productos de necesidad básica, como ha ocurrido recientemente. Sin embargo, es necesario evaluar con objetividad algunas preguntas al respecto:

  • ¿La reducción de impuestos se traduce en beneficio para el consumidor final?,
  • ¿los productos seleccionados por el gobierno son los esenciales, aquellos que consume la población más pobre?,
  • ¿la población que capitaliza el mayor beneficio de estos subsidios pertenece a las familias más necesitadas?,
  • ¿el beneficio es superior al costo del subsidio (gasto tributario)?

Hay diversos análisis que demostrarían la poca efectividad de este tipo de medidas para aliviar el presupuesto de las familias más pobres[1], aun cuando el costo fiscal puede alcanzar los S/ 400 millones al mes.

Cuando el subsidio proviene desde la oferta, como siempre hemos hecho, el beneficio es indiscriminado, más aún en una sociedad tan informal y una economía con altas dosis de actividad ilegal. El subsidio termina favoreciendo mayoritariamente a las cadenas comerciales (intermediarios) y a las familias con mayor poder de consumo. Eliminar impuestos al combustible no se traduce en una reducción del pasaje, que es lo que paga la gente.

Vale mencionar que, en el caso de pollos, la norma diseñada tendría fallas al no incorporar el pollo vivo, que representa casi el 90% del consumo total, lo que significa en la práctica que sólo se beneficiarían quienes compran pollo en supermercados y restaurantes (lo que resulta contrario al objetivo de apoyar a las familias más pobres). Y eventualmente, al no tener la posibilidad de recuperar el total del IGV, los productores tendrán que incorporar parte de este tributo en el costo, lo que al final incrementaría el precio pagado por el consumidor final.

Hoy no hay dudas que la economía y los modelos de negocio vienen siendo impactados y transformados profundamente por la tecnología digital. Empresas digitales son capaces de formular ofertas y trato absolutamente personalizado, empleando toda la información y metadata que se genera antes, durante y después de cada transacción (que se traduce en un preciso conocimiento de su demanda).

  • ¿Por qué desde el Estado no se busca una estrategia similar?,
  • ¿Por qué no empezar a diseñar estrategias de subsidio gobernados desde la demanda?,
  • ¿Acaso no es posible diseñar subsidios personalizados en función de los perfiles de cada familia?

Tenemos muchos problemas que enfrentar, como la tremenda informalidad existente en una inmensa cantidad de transacciones económicas, sobre todo aquellas que realizan millones de familias de menores recursos. Por esta razón, debemos generar el entorno adecuado para que esto cambie, como lo dictan las teorías económicas modernas.

Un camino que debiéramos explorar es el uso del comprobante de pago electrónico (CPe) interconectado con las billeteras móviles (BM), dos instrumentos ya en uso masivo en el país. Operativamente conectadas, se pueden generar los CPe al momento del pago, lo que lograría una transacción simplificada, al no requerir datos adicionales del comprador como ocurre actualmente (facilitando la vida al comprador y al vendedor).

A partir de esta información, se podría construir el perfil de gasto de los hogares y diseñar estrategias de devoluciones directas a la misma BM empleada (que se podrían realizar con frecuencias diarias). Para generar un cambio en el comportamiento del mercado, probablemente se debería empezar desde la base actual, es decir con un beneficio generalizado, y en el tiempo se podría construir devoluciones personalizadas e ir restringiendo el beneficio a los que realmente lo requieren (o en su defecto crear incentivos como créditos a cuenta del impuesto a la renta, fondos para salud o educación).

Para productos y servicios como combustibles, energía, comunicaciones, medicinas, educación el camino es simple, porque existen pocas fuentes primarias de abastecimiento formales. Incluso en ciertos alimentos como el pollo, es perfectamente factible.

La aplicación generalizada del IGV en toda transacción y la devolución directa al consumidor final facilita la administración del tributo, simplifica los sistemas de facturación y control en las empresas, pero lo más importante, garantiza que el esfuerzo fiscal alcance realmente a la población objetivo, incentivando la actividad formal de dicha cadena.

Poner el incentivo de la devolución en el consumidor, genera un fuerte incentivo hacia la compra formal, que obligará también a la formalización de los intermediarios, garantiza el traslado del 100% del subsidio al consumidor, transparenta las redes de distribución (con un eventual beneficio en el impuesto a la renta), simplifica la contabilidad de todos y reduce distorsiones en las estructuras de costos.

En casos como combustibles o alimentos claves como el pollo (que es la proteína más consumida en Perú), la producción informal es totalmente marginal. En estos casos, como la producción o fuente inicial provienen de pocos lugares y la cadena comercial es corta (del productor a consumidor final suelen ser de 2 a 3 intermediarios), se hace factible una buena trazabilidad.

Por otro lado, para quienes valoran su privacidad, siempre podrán optar por pago a través de otros instrumentos como tarjetas de débito o crédito, o pago en efectivo. Aunque en estos casos, la persona también estará al margen de los mecanismos de subsidio. Lo que también sucedería con fuertes consumidores de combustible para ciertas actividades fuera de ley en sectores como tala, minería, pesca y narcotráfico.

El CPe y la BM son dos herramientas que permiten rediseñar las políticas públicas en una visión transaccional, donde la información viaja en línea y las reglas que las gobiernan pueden ser personalizadas en función de los actores, lugar y productos transados. Por suerte, las instituciones que tendrían que actuar para un cambio como el planteado son el BCRP, la SUNAT y la SBS, que deben ser de las más modernas y técnicas con las que cuenta el Perú. Lampadia




¿CUÁNTO LE CUESTA EL ESTADO AL CIUDADANO?

¿CUÁNTO LE CUESTA EL ESTADO AL CIUDADANO?

IPE – Desafío
Luis Alberto Arias
31 de marzo del 2022

Nuestro país requiere una reforma profunda que conlleve la simplificación, digitalización y reducción de costos que el Estado impone a los ciudadanos

Tradicionalmente se ha señalado que en el Perú la presión tributaria es baja comparada con estándares internacionales. De acuerdo con las Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe 2021[1], la presión tributaria de Perú para el año 2019 fue de 16.6% del PBI, muy inferior al promedio de los países de la región que fue de 22.9% del PBI para el mismo año.

Ver en Lampadia: Cuidado con el fiscalismo desorientado

El nivel de la presión tributaria de Perú no incluye, sin embargo, lo que denomino las “otras cargas fiscales” que incluyen los aportes por regulación, las tasas que cobran ministerios, gobiernos regionales y locales y las multas.

Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima e INDE Consultores[2], estas otras cargas representan el 7.5% de la carga fiscal global y equivalen al 2% del PBI. De acuerdo con el estudio citado, la magnitud de las otras cargas es equivalente a la recaudación de las contribuciones sociales, superan a la recaudación del impuesto a la renta de las personas y son cinco veces el equivalente de los impuestos al patrimonio. No cabe duda que se trata de una carga fiscal significativa como señala el estudio que estamos comentando.

De acuerdo con este estudio, los principales aportes por regulación y tasas que cobran los organismos públicos, incluyendo ministerios, equivalen a 0.4% del PBI en el año 2014. Por otra parte, las principales tasas y multas que cobran las municipalidades equivalen a 0.3% del PBI en el año 2014.

Como ejemplo de estas otras cargas se encuentran: las tasas registrales de SUNARP (S/536 millones según cifras del 2014), los trámites por DNI que cobra la RENIEC (S/141 millones), los derechos de examen de admisión (S/120 millones), los trámites judiciales (S/96 millones), las autorizaciones de inspección y control sanitario (S/80 millones) y los certificados de antecedentes policiales (S/78 millones).

En el caso de las municipalidades, destacan los arbitrios de limpieza pública (S/454 millones en el año 2014), el serenazgo (S/273 millones), las multas de tránsito (S/249 millones), los arbitrios de parques y jardines (S/174 millones) y las licencias de construcción (S/174 millones).

Estos montos recaudados, que son costos que los ciudadanos deben asumir por recibir supuestos servicios del Estado, comprenden tanto los costos en que se incurre para efectuar los pagos como los costos para obtener el servicio. Por lo tanto, no consideran el costo de realizar los trámites (costo de la tramitología).

En el caso de los pagos, según la Memoria 2020 del Banco de la Nación, el banco en el que se realiza la mayoría de pagos de tasas administrativas, en el año 2019 se efectuaron 28.6 millones de pagos, buena parte de ellos en las ventanillas de las agencias. En el caso del servicio que se recibe, no existen estudios que cuantifiquen el tiempo que toma la expedición de documentos como el DNI, el pasaporte, el certificado de antecedentes judiciales o la copia de la denuncia policial, por citar algunos de los servicios con mayor demanda. Tampoco existen estudios que cuantifiquen los sobrecostos de estos servicios, es decir si el monto que se paga es superior al costo del servicio que se recibe.

Es cierto que en años recientes se han implementado algunas mejoras para reducir el costo de la tramitología como es el caso de la implementación de la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación, que permite efectuar los pagos desde un celular o de una laptop, pero el número de pagos que se realiza utilizando esta plataforma es aún reducido. Así, en el año 2019 se efectuaron 1.2 millones de pagos y en el año 2020, 3.5 millones de pagos utilizando esta plataforma. También es el caso de la expedición del certificado digital de antecedentes policiales lo que permite imprimir el certificado en una impresora en casa. Pero, en general, los avances son aún bastante reducidos. No se comprende, por ejemplo, las largas colas que día a día vemos en las oficinas de RENIEC para efectuar trámites de renovación o expedición del DNI. Dichos trámites podrían digitalizarse completamente, incluyendo además la entrega de documentos a domicilio.

Nuestro país requiere una reforma profunda que conlleve la simplificación, digitalización y reducción de costos que el Estado impone a los ciudadanos por los diversos trámites y servicios que existen. Este es nuestro desafío.

Notas al pie:
[1] BID, CIAT, ECLAC, OCDE
[2] Perú. Hacia un sistema tributario eficiente que elimine la informalidad




Campodónico no aprendió contabilidad en la UNI

Campodónico no aprendió contabilidad en la UNI

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Mi amigo Humberto Campodónico, compañero de estudios de ingeniería en la UNI, ha tenido el triste privilegio de impulsar uno de los peores desperdicios de recursos fiscales de nuestra historia con la mal habida refinería de Talara, en la que estamos terminando de enterrar unos US$ 6,000 millones de todos los peruanos.

Campodónico y el diario La República llevaron de la nariz al presidente Humala para desarrollar una inversión absurda: 

  • la humanidad está saliendo de las inversiones petroleras; 

  • desestructurada, pues no tenemos petróleo para abastecerla; 

  • y carísima, pues con una fracción de lo invertido, menos del 10%, la refinería de la Pampilla reconvirtió sus instalaciones para producir refinados sin niveles perjudiciales de azufre. 

Ahora, mi amigo Campodónico se suma al coro de los antimineros, clamando por aumentar los impuestos a la minería, que es el camino para desalentar las inversiones y malograr nuestro gran potencial de crecimiento, máxime en el caso de una actividad que ofrece muchos beneficios económicos y sociales para sacar al país de la pobreza. Ver en Lampadia: La Pachamama nos regaló la minería.

Campodónico dice en su artículo ‘Sobreganancias mineras: segunda oportunidad’ en La República hace un par de días: 

Supongamos que una empresa minera, con precios “normales” del cobre tiene una utilidad antes de impuestos (UAI) de US$ 1,000 millones y el impuesto a la renta es 30%. El Estado recauda US$ 300 millones y las utilidades son US$ 700 millones. Si el precio del cobre se duplica, el año siguiente la UAI será US$ 2,000 millones: el Estado recauda US$ 600 millones y las utilidades serán US$ 1,400 millones.

Este es el quid de la cuestión. La empresa tiene utilidades adicionales de US$ 700 millones de los recursos naturales de la nación, producto de la “ganancia inesperada” por el alza de precios, lo que el impuesto a la renta no capta. 

Campodónico desinforma groseramente, tal como se suele hacer en La república, pues la minería peruana no tiene cargas de 30%, sino de 47%. 

Veamos las cargas fiscales peruanas y comparémoslas con los países mineros que compiten con nosotros.  Para ilustrar a nuestros lectores sobre la verdadera situación tributaria de la minería, voy a usar a continuación, los textos y cuadros del Semanario Minería y Petróleo, del 3 de enero, 2022, en el que se reseña una entrevista a Raúl Jacob, presidente de la SNMPE:

Como se puede ver, Australia, Chile y Canadá tienen cargas tributarias menores que las del Perú: Australia con 44.3%, Chile con 40.7% y Canadá con 35.5%.

En el Perú no solo se paga impuesto a la renta, sino que las empresas mineras deben responder por la suma de ocho conceptos distintos:

  1. Impuesto de tercera categoría, que es el impuesto a la renta empresarial, que hoy en día es del 29.5% 

  2. La regalía minera que va en una tasa creciente, de modo tal que conforme se incrementan las ganancias el pago es mayor. Si aumenta la utilidad la tasa también se incrementa. 

  3. El impuesto especial a la minería (IEM), que es también un impuesto con la misma estructura del anterior. 

  4. El gravamen especial a la minería (GEM) que tiene la misma estructura, pero este gravamen solo lo pagan las compañías con contratos de estabilidad tributaria. 

  5. Impuesto a los dividendos, equivalente al 5% de los dividendos. 

  6. El Fondo de jubilación minera, que está relacionado con la utilidad operativa. 

  7. Aporte por regulación a OEFA, Osinergmin y otros.

  8. Participación de los trabajadores, que tiene un tope, después del cual revierte al Estado a través del Fondo Empleo.

Justamente, gracias al régimen tributario progresivo existente, el año 2021 nos ha dado una recaudación record. 

En el año 2020 el Perú recibió del sector minero 4,073 millones de soles en impuestos

  • El 2021 se esperaba recibir 12,500 millones de soles

  • En realidad, se va a recibir alrededor de 14,000 millones de soles, en impuestos pagados por el sector minero.

Este resultado se debe, principalmente, al efecto combinado de los mayores precios, que han mejorado los resultados de las compañías mineras y a las tasas de impuestos crecientes, a medida que van aumentando las utilidades de las compañías mineras. 

Si se mantienen, durante los próximos cinco años, los precios a los niveles en que se encuentran hoy día –con el cobre a más de 4.30 dólares la libra, el oro casi a 1,800 dólares la onza troy, la plata a 24 o 25 dólares la onza troy y el zinc a más de 1.50 dólares la libra– tendríamos un récord de recaudación según la estimación de la SNMPE. 

Estimando un precio de US$ 3.90 por libra para el cobre, que es un poco menor al de US$ 4.30 que ha prevalecido en estas últimas semanas y de US$ 1,600 para el oro, tendríamos en el quinquenio que va desde el 2022 al 2026, una recaudación de 87,700 millones de soles, la cual sería mucho mayor a la que tuvimos entre el 2017 y el 2021 de 32,979 millones de soles.

Este esquema se hizo para poder capturar ese valor adicional que tiene la industria minera cuando los precios suben. Lo que Campodónico llama windfall profit tax.

En los 10 años que siguieron desde el 2011 hasta el año pasado, el sector minero ha invertido 60 mil millones de dólares.

En esos años se desarrollaron numerosos proyectos, lo cual permitió duplicar el PBI minero entre el año 2000 y el año 2019, lo que llevó a que la economía peruana creciera anualmente entre un 6 y 8% e incluso más en varios años.

Esto es lo que ha permitido, justamente, el que la producción minera del país vaya adelante y los ingresos tributarios mejoren.

Del total de la recaudación tributaria minera, más o menos la mitad viene de proyectos que han sido desarrollados en los últimos 10 años.

Entonces, competitividad tributaria minera es principalmente tener proyectos que se van ejecutando gracias a que el régimen tributario no ahoga a los inversionistas, sino al contrario, lo estimula a invertir como ocurrió en este caso.

En los últimos 10 años se invirtieron 60 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué tenemos por delante? 53,168 millones de dólares en proyectos. De éstos en los próximos cinco años, casi 20 mil se podrían hacer relativamente a buen ritmo. 

En resumen, queda claro que la minería peruana ya paga un windfall profit tax, que nos lleva a contribuir 47% sobre la renta, una tasa fiscal mayor a la de los países mineros que compiten con el Perú, Canadá, Chile y Australia.

También queda claro que la campaña del gobierno y las izquierdas anti inversión, para aumentar los impuestos a las empresas mineras, está basada en desinformación, distorsiones y graves errores de política, pues, en vez de promover el crecimiento del mayor motor de nuestra economía, se está pretendiendo apagarlo.

El desarrollo de nuestros proyectos mineros puede darnos todos los recursos fiscales necesarios para hacer un salto cualitativo en los servicios de salud, educación, en infraestructuras y tecnología. Todo lo que necesitamos para derrotar la pobreza.

La minería es el camino para efectivamente hacer realidad el ‘no más pobres en un país rico’. Destruirla es una traición anti prosperidad. Lampadia




Pero quiere más impuestos

Pero quiere más impuestos

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El ejecutivo ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para, entre otras cosas, aumentar los impuestos. 

La delegación de facultades implica que el Congreso ceda al Ejecutivo la capacidad de legislar por decreto, publicando sus propuestas sin conocimiento previo del Congreso y de los ciudadanos.

A diferencia de las normas que emite el Congreso, las originadas en las facultades extraordinarias se hacen en la oscuridad, y por lo tanto, solo se pueden encomendar a funcionarios que sean dignos de confianza y hayan demostrado capacidades técnicas y morales suficientes.

El pedido de facultades del ejecutivo debe ser rechazado completamente, pues el gobierno de Castillo no genera confianza ni reúne las capacidades técnicas y morales mínimas para asumir esa responsabilidad.

  • El gobierno de Castillo se especializa en deslizarse en la oscuridad, desde la renuencia del presidente a aceptar entrevistas periodísticas, hasta las maniobras que hacen sus representantes, fuera de los cánones establecidos. 

  • El gobierno está destruyendo directa e indirectamente la producción nacional, y por lo tanto, está disminuyendo la recaudación fiscal. No puede, por otro lado, pretender aumentar los impuestos.

  • En sus 140 días de gobierno, el ejecutivo ha demostrado su incapacidad para recuperar la economía y el empleo después de la pandemia. 

  • El ejecutivo está desalentando las inversiones y el crecimiento de la economía al punto de que ya se estima que el 2022 solo creceremos 1 o 2%, en vez de 6 o 7% que el país podría crecer lograr, si se gobernara para la prosperidad de los peruanos.

  • El gobierno de Castillo ha demostrado que está rodeado de corrupción y por lo tanto no tiene capacidad moral para regular la economía de las familias peruanas

  • El gobierno está permitiendo y hasta fomentando la destrucción del sector minero, el principal motor de nuestra economía y la mayor fuente de recaudación fiscal. No debe pedir facultades para aumentar impuestos.

  • Incrementar los impuestos en medio de un mediocre proceso de recuperación de la economía, después del desastre económico causado por el pésimo manejo de la pandemia, es un despropósito.

No se deben aumentar los impuestos. Cuando se necesiten más recursos fiscales hay que ampliar la base tributaria, evitar gastos inadecuados, controlar la corrupción y hacer crecer la economía.

Por ejemplo, se podría devolver 5% de los 18% de IGV a todos los ciudadanos, por sus consumos desde los 18 años. De este modo se podría bajar la evasión, eliminar exoneraciones innecesarias, formalizar el empleo y facilitar pensiones adecuadas a todos los peruanos. Ver en Lampadia: Pensión para Todos.

Se debe evitar el desperdicio de recursos fiscales. No se usa el 40% de los recursos destinados a inversiones en las regiones, se hacen proyectos absurdos y la corrupción, que hoy caracteriza a los gobiernos regionales y locales, explica una pérdida importante de los recursos de todos los peruanos.

La mayor fuente de recursos fiscales es el crecimiento de la economía. Si crecemos 7% durante 10 años, podemos duplicar los recursos del Estado, como hicimos a principios de siglo. 

Haciendo crecer la economía, podemos llenar las arcas del Estado y además, generar empleo, infraestructuras y bienestar.

Lamentablemente, el gobierno hace todo lo contrario. Está en un juego puramente político para la captura absoluta del poder, y la implantación de un régimen extra-peruano de inspiración continental propiciado desde Cuba, Venezuela, el Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla.

Un gobierno de esas características no puede recibir facultades para legislar en la oscuridad y a puerta cerrada.

 

 

Los peruanos queremos que nos dejen trabajar y prosperar. No queremos más impuestos. Queremos un Estado eficiente que se aboque a mejorar la educación, la salud y las infraestructuras.

¡No a la delegación de facultades! Lampadia

 




Delegación sería traición

Delegación sería traición

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

¿Te imaginas si para colocar tu perfil en LinkedIn tendrías que previamente pagar una detracción a la SUNAT?, ¿Si antes de hacer una reserva por Airbnb tendrías que llenar un formulario en el Banco de la Nación?, si antes de suscribirte a NETFLIX o Spotify tendrías que llenar un formulario aprobador por SUNAT, exhibir RUC y pagar una percepción? o, si antes de comprar en Ali Express, Amazon tendrías que pasar por SUNAT a que te sellen el formulario y declares para que, por que y de donde compras?

¿Te imaginas si todo esto también se repitiera cuando hagas un pedido de delivery al mercado de tu barrio?, ¿te imaginas al repartidor convertido en agente de retención, cobrándote el impuesto y haciéndote llenar el formulario cada vez que te trae un pollo a la brasa? ¿Cómo verías al chofer de Uber, haciéndote llenar un formulario antes de bajar del taxi para que detraigas el IGV?

Nada de esto te lo imaginas tu. Crees que por fin hemos llegado a un mundo sin papeles, sin formularios, sin colas. Crees que la pandemia logró un boom de interacción digital que ha agilizado la interacción comercial y simplificado las cosas a las personas y reducido mucho los costos.

Sin embargo, lo que tu no has pensado es qué desde hace años, los estados y no solo los que son gobernados por la izquierda, están buscando más dinero. Hace años buscan cobrarles impuestos a las multinacionales que te brindan estos servicios: Facebook, LinkedIn, Airbnb, Amazon, Uber, Netflix, Spotify, entre otros. El apetito de recursos nunca termina. Y, como no es factible cobrarles impuestos a empresas que no tienen domicilio en el Perú y la solución peruana siempre le carga la responsabilidad al ciudadano, te lo cobrarán a ti, al consumidor.

¿No me crees?

Te doy algunas razones:

  • La presión tributaria en el Perú no supera el 14% del PBI (aunque es mucho mayor para el formal y el gran contribuyente que paga 1 de cada 3 soles que gana y 1 de cada 5 soles que consume).
  • La recaudación del IGV es la principal fuente tributaria del Estado. De lejos. Un impuesto a las grandes fortunas no cambia esto.
  • Juntos por el Perú, el partido de la señora Mendoza que nunca debe haber pagado IGV, propone que la presión tributaria suba al 18% del PBI.
  • Sólo subiendo el IGV o gravando a más productos con este impuesto es posible acercarse a esta meta.

Si el pedido de Pedro Francke, el ministro de Verónika en el gabinete, de tener facultades legislativas, planteado por primera vez el 22 de setiembre y repetido hace algunos días, con el pretexto de “simplificar la tributación”, “gravar a las grandes fortunas” o “hacer una reforma tributaria justa” tiene acogida por el Congreso, les habremos dado a los representantes del 4.4% [i]del padrón electoral, la posibilidad de arruinar la economía del 100% de los peruanos. Vía delegación podrían, sin ningún rubor, cambiar en 180° el esquema económico de todos los peruanos, gravándonos con más impuestos, tributos, tasas, multas, sanciones y trámites. Habrían conseguido a través de una ley de delegación, lo que las urnas electorales les negó en dos elecciones:2016 y 2021.

¿Podría el Congreso, por decisión mayoritaria, conceder a quienes no representan ni la mayoría ni los intereses del país, la facultad de arruinar la economía del resto de los peruanos?

Yo particularmente creo que no. Eso sería una traición. La delegación de facultades sería una traición.

Si hay algo que hacer en materia tributaria es dejar de seguirnos persiguiendo a los mismos contribuyentes. Vayan por sus socios, amigos de la izquierda que están en el desgobierno.

  • Cobren a los dinámicos de las regiones,
  • a las empresas fantasmas que se crean para ganar licitaciones que ustedes mismos les otorgan.
  • Vayan al Vraem, cobren a sus financistas.  
  • Cobren a los mineros ilegales y sus fortunas escandalosas.
  • Vayan a Tacna, Juliaca y Puno, sus principales bastiones y cobren a sus electores.

Y, sobre todo, no dilapiden los recursos que los formales contribuimos en el país.

Y si hay algo que legislar, que lo sometan al Congreso y que este lo debata y apruebe, si corresponde al bien de todos los peruanos. Lampadia

[i] Juntos por el Perú. Resultado electoral 2021: 1´090,000 votantes. 4.4% padrón electoral.




Las inconsistencias del igualitarismo

Las inconsistencias del igualitarismo

Muy poco se ha discutido en el ambiente académico peruano sobre los motores psicológicos que impulsan el discurso igualitario del socialismo, el comunismo y de otras ideologías colectivistas que han fomentado las izquierdas históricamente en nuestro país. La crítica de los liberales peruanos ha ido más en la línea de los trabajos de Hayek, en torno a la imposibilidad del cálculo económico de estos sistemas, lo cual ha redundado inevitablemente en pobreza, miseria y corrupción como se ha visto en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en nuestra región.

Sin embargo, consideramos que la mente humana no puede dejarse de lado para comprender estos fenómenos. El gran Axel Kaiser, uno de los principales exponentes del liberalismo latinoamericano, recientemente dedicó unas líneas en el diario El Mercurio a analizar una de las principales motivaciones del igualitarismo, la envidia, a la vez que desentraña las inconsistencias intertemporales que se desprenden del argumento de igualdad de oportunidades y la ambigüedad de conceptos tan poco comprendidos como la meritocracia.

Muy interesante análisis que desmantela la supuesta moralidad de estas peligrosas ideologías, utilizada para justificar diversas políticas de redistribución del ingreso como los impuestos a la herencia, pero que también aplica a otro tipo de impuestos que se han puesto de moda en nuestra región y en particular, en nuestro país, como los impuestos corporativos o las sobre ganancias mineras. Lampadia

Entre justicieros y culposos
La envidia y la sociedad

Fundación para el Progreso – Chile
Axel Kaiser
Publicado en El Mercurio
21.08.2021

La envidia, escribió John Stuart Mill, es “la más antisocial y odiosa de todas las pasiones”. Y es también, como observó Helmut Schoeck en su monumental estudio sobre el tema, un impulso que se encuentra en el corazón de la vida colectiva y que surge por el mero hecho de que somos capaces de compararnos con otros. Una cierta predisposición a la envidia caracteriza, por lo tanto, al ser humano en tanto creatura social.

No deja de ser curioso que, siendo la envidia una de las constantes más relevantes de la vida en común, se encuentre totalmente ausente del debate público. Ello es especialmente problemático cuando se considera que, como bien afirmó Schoeck, “la mayoría de los logros que distinguen a los miembros de sociedades altamente modernas y diversificadas de las sociedades primitivas —el desarrollo de la civilización en otras palabras— son el resultado de las innumerables derrotas infligidas a la envidia y al hombre como ser envidioso”.

Ahora bien, desde el punto de vista de la psicología del hombre envidioso, el problema no es uno de falta de reciprocidad. El envidioso, explica Schoeck, no espera que quien resulta ser el objeto de su envidia le corresponda con envidia, como ocurre, por ejemplo, con el amor o la amistad donde sí se espera reciprocidad. La envidia hunde a la persona que la padece en autocompasión y lástima por sí misma, llevándola a querer ver al otro “robado, desposeído, humillado o herido” por el mero hecho de poseer ciertas cualidades. Pero no se trata tampoco de querer robarle a ese otro lo que tiene para disfrutarlo, pues el ladrón no envidia a su víctima y al envidioso no le interesa necesariamente quedarse con lo ajeno. La motivación es más profunda y perversa.

Dado que, a pesar de ser detonada por desigualdades que no están bajo su control, la envidia es una emoción que surge y se reafirma en la psiquis del envidioso, esta gira sobre sí misma y no puede ser jamás satisfecha. Así, cualquier desigualdad, incluyendo pequeñas diferencias de ingresos, una mejor apariencia física, mayor éxito social, un superior estado de salud, entre otras, puede convertirse en objeto de envidia. El poder destructivo de esta pasión es tan gigantesco que no existe sistema social alguno que no haya desarrollado fórmulas para contenerla, siendo las religiones probablemente las más efectivas, al punto de que ninguna religión conocida carece de una explícita condena de la envidia. Del mismo modo, sin embargo, en la vida social surgen narrativas o ideologías que son racionalizaciones de la envidia y que la utilizan como motor para avanzar agendas de poder.

El socialismo y diversas teorías de la igualdad son ejemplos de envidia racionalizada. Este argumento es tan contundente que John Rawls, el más influyente de los liberales igualitarios, se haría cargo de él en su famosa obra Una teoría de la justicia, explicando que su teoría no podía considerarse una manifestación de envidia debido a las condiciones bajo las que se formulan los principios de justicia que la componen.

Pero en la práctica, ideologías que sostienen que las posiciones de ventaja económica y social que poseen ciertos grupos son injustas por no ser producto del mérito son, sin duda, manifestaciones de envidia. El mérito, como es obvio, es un concepto imposible de definir o cuantificar, salvo de manera arbitraria.

  • ¿Cuánto mérito tiene un premio Nobel en Ciencias que nace con una inteligencia varias veces superior al resto?
  • ¿O un deportista que se hace rico gracias a su talento innato y las características físicas heredadas de sus padres?
  • ¿O un exitoso abogado que trabaja duro y que además ha seguido una tradición familiar?
  • Quién tiene más ventajas inmerecidas ¿una persona que nace en la riqueza, pero con mala salud o una más pobre con perfecta salud?

En todos esos casos hay condiciones heredadas que no son producto del mérito personal y que son decisivas para el éxito o fracaso de los individuos.

Si quisiéramos igualar oportunidades en todas las dimensiones relevantes para el éxito de una persona, tendríamos que intervenir su familia, su educación, su salud, sus amistades e incluso su genética, de modo que cualquier diferencia de éxito resultante sea solo producto del mérito. Esto, como advirtió Friedrich Hayek, sería únicamente posible en un sistema totalitario. Que el discurso igualitario que denuncia a quienes tienen más por el hecho de haber tenido mejores oportunidades es envidia disfrazada de justicia queda aún más claro cuando se entiende su propia inconsistencia. Todo el punto de igualar oportunidades, nos dicen, es que las personas salgan adelante, lo cual, es de suponer, implica que puedan dar a sus hijos mejores oportunidades que las que tuvieron ellos. Sin embargo, en la misma lógica de dicha teoría esto se debería considerar “injusto”, porque los hijos de los nuevos ricos que partieron pobres ahora tendrán oportunidades que no son producto de su mérito, dándoles así una ventaja “inmerecida” frente a otros. De este modo, quienes tienen éxito, salvo que lo obtengan bajo condiciones de perfecta y universal igualdad de todas las oportunidades, serán siempre tratados como unos privilegiados que deben algo al resto.

  • El discurso público, por cierto, se encarga de recordarles su supuesto privilegio, como si fueran herederos de dinastías feudales que deben vivir pidiendo perdón por sus ventajas “injustas”.
  • Ellos, por su parte, se muestran públicamente culposos para aplacar la envidia en su contra y hacen permanentes gestos de autoflagelación —o se unen al Frente Amplio o a alguna causa jesuita— para demostrar su pureza moral haciendo alarde de la deuda que declaran sentir con los que tienen menos.

Por supuesto se trata aquí nada más que de un mecanismo de supervivencia social en virtud del que un grupo cree que, mostrándose culpable, es decir, cediendo ante el discurso de la envidia disfrazado de justicia, tendrá más opciones de mantener su posición de ventaja.

Pero la envidia, como vimos, no puede ser contenida ni con demostraciones de culpa, ni intentando eliminar el objeto que la provoca, pues se trata de una emoción autorreferente que siempre encontrará un objeto sobre el cual proyectarse. Lo que sí puede aplacarla son discursos que recuerdan su poder destructivo y una ética, como la liberal, que celebra el éxito individual y grupal honestamente conseguido. Por el contrario, las sociedades que avanzan sin control por la senda igualitarista, con élites culposas que la validan —a veces al punto de fomentar la revolución— corren serios riesgos de verse destruidas.

Desde luego existen niveles de envidia institucionalizada que resultan tolerables como, por ejemplo, el impuesto progresivo a la renta. Este se defiende bajo el argumento de que los que ganan más deben pagar más, pero es obvio que siendo el ingreso una función del valor creado para otros, los más ricos no tienen una deuda que deba ser corregida mediante un trato legal desigual. Más claro resulta el carácter punitivo del impuesto progresivo cuando se considera que, en los márgenes altos, la recaudación que consigue suele ser irrelevante.

Otros casos de envidia institucionalizada como impuestos confiscatorios a la herencia o al patrimonio son menos tolerables para una sana vida social. Aunque disfrazados de justicia, es evidente que, como el anterior, se trata de castigos a quienes son más exitosos. Su recaudación, también irrelevante, prueba este punto, pero su fundamento en la envidia es aún más claro cuando se analiza el hecho de que su justificación moral usualmente consiste en un torcido igualitarismo que no se hace cargo de las devastadoras consecuencias que este tipo de medidas produce sobre el orden social, especialmente en la vida de los más pobres.

Analizando el tratamiento político y los efectos de impuestos punitivos como el impuesto progresivo a la renta y el de herencia, Schoeck señaló que “reclamar motivos humanitarios cuando el verdadero motivo es la envidia… es un recurso retórico favorito de los políticos hoy y lo ha sido por los últimos ciento cincuenta años”. Para Schoeck, estas prácticas implican una regresión que nos sitúa nuevamente en la situación de pueblos primitivos cuyas costumbres antimodernas hacen inviable el progreso social. En otras palabras, es del grado en que se permita la institucionalización de la envidia que dependerá, en última instancia, el futuro de una sociedad. ¿Lo irán a tener presente nuestros constituyentes? Lampadia




Obras por Impuestos: Sí se puede

Obras por Impuestos: Sí se puede

Cecilia Blume
Para Lampadia

A veces es complicado hacer las obras que tanto necesitan los peruanos.  Tenemos demasiadas normas, la mayoría no sirven y lo único que hacen es cumplir con actos administrativos que nadie sabe para que existen.  Tenemos requisitos sin sentido, miles de documentos que llenar, varios departamentos donde van los documentos, personas que los leen sin entender bien lo que significan porque muchas veces les llegan sólo parte de los mismos y luego, para ponerle la cereza al helado, cambian los funcionarios constantemente y se requiere un nuevo aprendizaje pues, desafortunadamente, la función pública no es valorada.

El Perú tiene muchas necesidades y en muchos casos hay dinero para hacer obras, pero no somos capaces de llevarlas adelante. Esto, que llamamos “incapacidad de gestión” se puede resolver cuando se juntan los sectores público y privado para lograr su realización. 

En el año 2008, se dio la Ley Nº 29230, “Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado”. que crea el sistema de Obras por Impuestos y permite que las empresas usen hasta el 50% de su impuesto a la renta del año anterior para hacer obras y con estas pagar sus impuestos.  Este sistema, que es creativo, reconoce la importancia del trabajo conjunto de privados y públicos.  Esta ley, modificada varias veces, no ha sido muy efectiva hasta la fecha. Básicamente porque el sector privado considera que es engorrosa y finalmente es más fácil pagar impuestos directamente y dedicarse a sus propias actividades. Sin embargo, hoy hay algunas empresas que quieren hacer estas obras sobre todo en los lugares más pobres y por eso debemos intentar aplicar este mecanismo.

Las obras por impuestos se pueden hacer en todo el país en diversos sectores tales como salud, educación, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industrial turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento.

Se requiere un proyecto bien hecho que pase por el Control Previo de la Contraloría básicamente para verificar si la entidad tiene presupuesto para asignarlo. Luego una empresa seria, que a su vez elija a una constructora adecuada. Una supervisora puesta por el Estado que acompañe el proceso y posteriormente el informe final de la Contraloría que permita imputar lo invertido. Todo esto puede parecer complicado, pero no necesariamente lo es tanto, sobre todo si se hace infraestructura estándar: postas, colegios, comisarías, muelles, agua y desagüe, entre otros.  Hay un aprendizaje que lograr, pero una vez que se tenga se puede hacer mucho.  El monto máximo del CIPRL, el certificado negociable con el que pagas tus impuestos, está atado para los gobiernos regionales y locales a los recursos del canon, sobre canon, regalías y rentas de aduanas. Esto debe ser verificado antes de empezar un proyecto.

Lo cierto es que cuando los ciudadanos de una zona pobre reclaman, lo hacen por tener una vida digna contando con servicios de primera necesidad. Es ahí donde los privados y los públicos, unidos, pueden hacer una gran diferencia: agua y desagüe, postas, escuelas, todo con Obras por Impuestos. Lampadia




Los impuestos

Los impuestos

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hay algunos sociólogos a los que les encanta hablar de temas tributarios pero que, curiosamente no aportan impuestos o nunca han hecho empresa y no comprenden cómo es la pugna entre subsistir y crecer como empresa, cuando por otro lado tienes una presión por (si quieres ser legal y formal) pagar una importante carga de impuestos y contribuciones laborales.

Recientemente y en medio de la crisis del COVID-19, se le ocurrió al gobierno informar que estaría solicitando nuevas facultades legislativas para una reforma tributaria. En ese punto y luego de algunos días de incertidumbre, se dijo que esperaban recaudar, en un impuesto temporal, algo del orden de 300 millones de soles por mes, pero que no sabían si sería un impuesto a la riqueza o un impuesto adicional a los ingresos. Me pregunto; ¿ha existido algún gobierno en la historia del Perú que haya solicitado facultades legislativas para una reforma tributaria, sin siquiera tener un diagnóstico claro? ¿La magnitud requerida? ¿Para qué? ¿Con qué tipo de impuesto? ¿Cuál es la población impactada? ¿Cuál es el uso alternativo de esos fondos en manos del sector privado y su impacto en la economía? Entre otros…

De otro lado me preocupa más que, algunos sociólogos oficiosos (de izquierda sin duda), que no han hecho siquiera un análisis económico del impacto de sus ideas, hoy piensen que no se trataría de crear un impuesto sino “una serie de impuestos”, lo que a su vez destruye una estructura tributaria clara y simple.

Para los que no se hayan enterado, a pesar de los ya repetidos comentarios de economistas conocidos, el tiempo de crisis no es el momento de crear impuestos. Más aún, en estas circunstancias lo importante es reactivar la economía y, para ello, hay que echar mano de todos los instrumentos de estímulo posibles para reactivar los sectores que puedan impulsar esta recuperación económica.  Perder 10% o 12% del PBI, si no es más, en un año no es cosa de chiste, pues impactará no sólo en los ciudadanos con los niveles de más bajos ingresos del país, sino también en la capa, aún sensible, de aquellos que salieron de la pobreza monetaria en estos últimos años y que podría haber mantenido su estatus, siempre que nuestra economía se sustente dentro de los causes normales, pero ahora no.

Ya  antes hemos dicho que quién legisla “educa” al ciudadano, induciéndolo a cierto comportamiento (largamente estudiado por Gary Becker, autor de “La teoría económica y el comportamiento humano”) al hacerlo evaluar el “costo de oportunidad” de sus decisiones. Un Estado maduro se plantea como objetivos; educar al ciudadano para actuar como tal, respetando las leyes, la moral y las buenas costumbres, a impulsar la creación de riqueza dentro del marco de la legalidad y finalmente a generar un ahorro que le servirá como respaldo personal y familiar, pero además por qué ese ahorro será el instrumento que financia la inversión para el crecimiento de todo el país.

Digo más, ¿no se han enterado que el multiplicador económico de la inversión privada es de lejos más alto que el multiplicador de la inversión pública? Pues eso, debemos promover más inversión privada en el país y también reducir el gasto corriente del Estado, especialmente en estas circunstancias.

Los que plantean impuestos a la acumulación de riqueza, no sólo olvidan que tal riqueza ya pagó impuesto a la renta cuando ésta se generó (ya que supongo están mirando al mismo 25% de ciudadanos formales que pagan impuestos), sino que estimulan que el ciudadano no actúe responsablemente generando ahorro, sino que consuma todo su ingreso sin una mirada de futuro. Pero lo más importante es que, si a ojos de estos sociólogos fuiste tan ingenuo de “acumular pan para mayo” en nuestro país, al plantearte un impuesto a esa acumulación te están invitando a que tus ahorros o inversiones las efectúes, pero lejos, muy lejos del alcance de aquellos que te creen sonso.  Aquí pues se aplica claramente la fábula de “La hormiga y la cigarra” que nos enseñaron de niños.

En lugar de pensar como parásitos buscando cómo fagocitar a la sociedad, debemos pensar en cómo mover todas las palancas y resortes que estimulen la reactivación y crecimiento económico del Perú lo más pronto y eficientemente posible, para salir de esta crisis y devolver las mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos. Lampadia




Más DEUDA y mal GASTO PÚBLICO

Más DEUDA y mal GASTO PÚBLICO

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia, desde el Cusco

A finales de noviembre el gobierno ha hecho gala de la exitosa colocación de bonos por 10,200 millones de soles y en la primera semana de diciembre, en el encuentro con gobernadores regionales, ha quedado en evidencia la poca capacidad de gasto de las regiones y la flexibilidad del gobierno en materia presupuestal. Han quedado, por lo tanto, sobre la mesa, dos temas sobre los cuales es necesaria una reflexión en una perspectiva distinta: DEUDA Y GASTO PÚBLICO.

Según el MEF[i], la deuda pública en MILLONES DE DÓLARES, al 30.09.2019 (sin considerar la exitosa emisión de noviembre) es la siguiente:

El principal de esa deuda equivale a 51,197 MILLONES DE EUROS, cerca de 1,317 MILLONES DE EUROS más que el año 2018 y cerca del doble de la deuda pública del período comprendido entre los años 2009 y 2000, que se mantuvo por debajo de los 26,000 MILLONES DE EUROS.[ii]

La consecuencia de este crecimiento de la DEUDA PÚBLICA peruana es que a su vez la DEUDA PÚBLICA PERCÁPITA (es decir lo que debe cada habitante) ha pasado de 943 € /habitante del año 2,000 a 1,559 € /habitante en el año 2018, según las cifras disponibles a la fecha, pese a que la deuda ya no representa el 44,91% del PBI como era en el año 2000, sino únicamente el 26,15% del PBI el año 2018. Muy lejos quedó el record del año 2008, donde la deuda percápita era de apenas 803€ /habitante. Dicho de otro modo, la deuda que carga en su espalda cada peruano, es casi el doble de la deuda que cargábamos el 2008.

La pregunta que cae de madura es la siguiente. ¿Por qué debemos cada vez más?

Aquí algunas respuestas muy simples, que pueden estar sujetas a aclaraciones, precisiones y correcciones, pero sirven para la reflexión que les planteamos:

  • La primera es obvia, porque el estado peruano se presta más dinero del exterior y de sus ciudadanos.
  • La segunda respuesta fluye de ver las diminutas cifras del rubro ‘DEUDA ATENDIDA’ desde el año 2009 a la fecha: estamos pagando poca deuda, buena parte de los pagos se van a intereses y en el caso de la deuda externa, otra parte se van a comisiones. Veamos el cuadro siguiente:

  • La tercera respuesta tiene que ver con el gasto del Estado. El estado gasta cada vez más y por ende, necesita más crédito. Estamos gastando dinero prestado.
  • Si a esto le agregamos que el país, cada vez produce menos (caída del crecimiento del PBI) y por ende tiene menos impuestos y recaudación, tendremos que no existen fuentes sanas de recursos para el gasto y por ello se sigue recurriendo a la deuda pública.

En este contexto de MÁS DEUDA, resulta cuestionable el pobre nivel de ejecución presupuestal del Estado peruano (sin ingresar en el análisis a la calidad del gasto público que es un tema más serio todavía). Solamente sobre la base de los montos presupuestados, según la misma fuente del MEF[iii], al 19 de diciembre de 2019, el AVANCE en la ejecución del presupuesto es del 78,1% a nivel nacional. En los gobiernos regionales el avance es del 78,5 % y en los gobiernos locales solamente del 64,3 %. En términos monetarios quiere decir que sobre el presupuesto institucional modificado (PIM) del año 2019 hay sin ejecutar cerca de 41,669 millones de soles, equivalentes a 11,201 MILLONES DE EUROS, que serán gastadas de manera precipitada, cuando no irresponsable en lo que resta del año. ¿No sería este el momento para pensar en destinar estos recursos a un objetivo más sano para la economía como reducir la deuda pública?

Creo que este es un debate que debe abrirse a pesar de la oposición de autoridades locales, regionales, burócratas o contratistas con el estado. La combinación entre MÁS DEUDA Y MAL GASTO es una combinación letal para el futuro del país y es necesaria una reflexión por encima de los lugares comunes que se manejan sobre esta materia.

Si, con esta medida se quisiera además alentar el consumo, se haría muy bien en destinar una parte significativa de estos recursos, provenientes de la incapacidad de gasto del estado, al pago de la deuda interna a maestros, jubilados, trabajadores estatales, acreedores al estado, expropiados de reforma agraria, acreedores indemnizatorios del estado y otros, que destinarán un alto porcentaje de estos ingresos al consumo y/o inversión local.

El gobierno, que ha hecho gala en el último GORE REGIONAL de su capacidad de ‘chocolatear’[iv] los presupuestos regionales para permitir que gasten más los gobiernos regionales, bien podría dictar una medida similar para que los recursos no utilizados y no comprometidos, se destinen a reducir la deuda pública peruana, en lugar de que se destinen a adquisiciones improductivas o queden en manos de la corrupción estatal.

Si no enfrentamos este serio problema, la DEUDA PERCAPITA seguirá creciendo y los jóvenes deberán soportar y pagar con su trabajo e impuestos en el futuro, una DEUDA PERCAPITA que al paso que vamos, superará fácilmente los 2,000 € / habitante. Si hay algo por lo cual debieran protestar los jóvenes, debería ser por esto y pedir MENOS DEUDA Y MENOR Y MEJOR GASTO PÚBLICO. La combinación actual de MÁS DEUDA Y MÁS Y MAL GASTO PÚBLICO es insana para el futuro del país.

[iii] http://apps5.mineco.gob.pe  ejecución preupuestal

[iv] Frase utilizada por el presidente Vizcarra para explicar la autorización dada a gobiernos regionales para utilizar recursos presupuestados para un fin en obras, proyectos o fines diferentes.




El mayor enemigo de los pobres

Con la constitución del 93 ya no hicimos déficit fiscal, es decir el gobierno ya no podía gasta más de lo que recibía como ingresos y ya no podía ordenar al BCR imprimir más y más billetes sin un respaldo. Ahora ya me conoces, soy chiquito otra vez, solo mido 2.5% al año.