Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 8 de noviembre de 2019
Para Lampadia

El dinero del país lo generamos todos los peruanos con nuestro trabajo. Y una parte de dicho dinero se lo entregamos al Estado – a través de la Sunat – en forma de impuestos. El Impuesto General a las Ventas (IGV), y el Impuesto a la Renta (IR) son los principales… y los más conocidos. Pero también hay otros impuestos de menor cuantía, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y otros más.

El IGV lo pagamos todos – ricos y pobres – cuando adquirimos un bien o un servicio. Puede ser una camisa, una lata de atún, una entrada al cine, o un pasaje en bus. Cada vez que compramos un bien o un servicio, pagamos 18% de IGV. El IGV es el impuesto que más ingresos le representa al Estado. Después le sigue el Impuesto a la Renta que lo pagan – principalmente – las empresas. El IR asciende a 30% de las ganancias de las empresas. Aparte del IR que pagan las empresas, los profesionales y los trabajadores también pagamos IR.

Ahora bien ¿para qué pagamos impuestos? Pues para que el Estado nos brinde – básicamente – salud, educación y seguridad. Además, para que nos de agua potable. También para que construya infraestructura pública como carreteras, puertos, escuelas, hospitales, comisarías, cárceles, etc.

La pregunta es ¿el Estado nos cura, nos educa, y nos da seguridad? ¿Nos da agua potable y limpieza pública? ¿Cómo está la Carretera Central? ¿Cómo están las comisarías y cárceles del país?

La verdad, la verdad… la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO. El servicio de salud pública es pésimo. La educación pública deja mucho qué desear. La delincuencia está cada vez peor. Y la infraestructura pública… igual. El Estado – a quien le pagamos nuestros impuestos para que nos brinde dichos servicios – NO nos está atendiendo bien.

Pero ¿quién es el Estado? El Estado son las Municipalidades, los Gobiernos Regionales, y los Ministerios. El Estado son – también – la policía y los jueces. Incluso, los médicos y maestros de los hospitales y escuelas públicas.

Pregunta ¿cómo nos tratan las cerca de 1,800 municipalidades distritales que hay en todo el país? ¿Acaso no están llenas de burócratas inoperantes y corruptos? ¿Quién no ha sido chantajeado por un funcionario municipal para obtener una licencia de funcionamiento o – peor aún – una licencia de construcción?

¿Cómo así hemos terminado con cerca de 50 burocracias distritales entre Lima y Callao? ¿Porqué no mejor una sola autoridad municipal para toda la metrópoli, tal como tienen ciudades – tanto o más grandes que Lima – como Bogotá, Buenos Aires, Barcelona o Nueva York?

Y pasando a otras esferas del Estado ¿cuántos contratos de concesión suscribió Proinversión en lo que va del 2019? ¡Cero! ¿Cuánto nos cuesta Proinversión a todos los peruanos? ¡Más de S/. 200´000,000 al año! Mejor cerremos Proinversión y nos ahorramos ese platal.

Y así por el estilo. Hay cualquier cantidad de instituciones públicas que están por las puras. No brindan ningún servicio mínimamente idóneo, y cuestan un ojo de la cara. Y encima nos chantajean cada vez que requerimos – de ellos – un certificado, permiso, o lo que sea.

No hay derecho. ¡Basta ya de burocracias estatales inoperantes, maltratadoras y corruptas! Lampadia

Ante la arremetida de las fuerzas anti-mineras que insisten en vender el brulote de que la minería no paga impuestos, el IPE ha producido un análisis objetivo y documentado que prueba todo lo contrario, la minería es el sector económico que más tributa.

En promedio la minería tributa un 47.07% de sus utilidades y paga un 3.8% más que el promedio de lo que la actividad paga en los principales países mineros.

En el Perú, la minería produce el 8.7% del PBI, pero contribuye con el 17.6% de los impuestos del sector empresarial (calculado sobre la base del promedio de los últimos 10 años).

La carga fiscal de la minería peruana, comparada con México Canada, Australia y Chile, es la más alta en prácticamente todos los niveles de rentabilidad.

Toda esta información forma parte del estudio del IPE de agosto del 2019. Ver el informe en: Evaluación Tributaria Del Sector Minero

Lampadia

Axel Kaiser
Fundación para el Progreso
Publicado el 20.12.2015

Artículo escrito para Chile, pero aplicable hoy al Perú, dadas las desencaminadas propuestas de nuestras izquierdas con respecto al tema constitucional.

¿Qué tiene en común el populismo con un virus? En primer lugar, que es altamente destructivo. Una vez que logra penetrar las defensas del cuerpo, ya el daño es inevitable, y solo cabe esperar y fortalecer el sistema inmunológico para recuperarse y recomponer todo lo que ha destruido.

En segundo lugar, como un virus, el populismo es contagioso. Tome la idea de la nueva Constitución, por ejemplo. Como bien sabemos, los países serios no hacen nuevas constituciones, salvo en casos de grandes catástrofes, como fueron los casos de Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, los países más bien bananeros ven en las constituciones una pócima para solucionar todos los males inimaginables, una especie de acto refundacional que construirá “una casa común” donde todos convivirán en perfecta armonía y abundancia, como si el problema fuera la casa, y no quienes la habitan.

Esta fantasiosa idea, por cierto, es un elemento central de lo que Mauricio Rojas llama “populismo constitucional” y es, ante todo, una construcción de las élites intelectuales. Ya dijo George Orwell que hay ideas tan absurdas, que solo un intelectual es capaz de creerlas.

Pues bien, la idea de que una nueva Constitución resolverá siquiera marginalmente los problemas de los chilenos [peruanos] -delincuencia, salud, corrupción estatal, mala convivencia, malos modales, baja productividad, desempleo, etc.- es una de esas ideas absurdas. Al poco andar, incluso si la nueva Constitución es aprobada por unanimidad, lo que sabemos es imposible, las expectativas depositadas en la quimérica fórmula serán defraudadas y el malestar será doblemente peor que antes de la promesa hecha irresponsablemente por los populistas constitucionales.

El hecho de que esta idea sea altamente contagiosa se prueba en que hace unos años nadie más que una minoría de ultrones habría sostenido que se requería de una nueva Constitución en Chile, menos aun cuando se constata que jamás ha habido un período de mayor prosperidad económica, social y democrática que bajo la Constitución actual.

Se trata de contener el daño que puede llegar a hacer y que, en el peor de los casos, puede terminar con arruinar nuestra democracia liberal para degenerar en un asambleísmo autoritario que socave no solo nuestro progreso, sino, peor aun, nuestras libertades.

Otra manifestación del virus populista es la idea de que el Estado debe hacerse cargo de la vida de las personas y financiarles todo lo que necesiten. Como sabemos, esta idea es altamente contagiosa por la inclinación de los líderes y de los electores a pensar en el corto plazo en lugar del largo plazo. La fiesta dura entonces hasta que se acaba la plata; y cuando llega la resaca, solo queda una estela de desolación que deja a todo el mundo peor que antes de la fiesta. Lo peor, sin embargo, es la destrucción de la moral que se produce, y que consiste en dinamitar la legitimidad de la única forma sustentable de salir adelante: el trabajo duro y la vida sin excesos.

Las promesas de gratuidad de los populistas -que en general reparten llevándose la mejor parte- son un gran engaño, porque jamás se dice a los beneficiados que ellos tendrán que pagarla mediante mayores impuestos, más inflación, deuda pública, menores salarios, más desempleo, etcétera. Pero es peor, porque una vez que se crea la dinámica redistributiva, esta no puede detenerse. Y es que la primera ley de la economía, una disciplina que el populista debe ignorar por ser contraria a su promesa de construcción del paraíso sobre la Tierra, es que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas.

Pero el populista, en lugar de reconocer su demagogia, se va en contra de las instituciones que resguardan la sensatez, como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.

Así, el populismo va destruyendo las defensas del sistema, como lo haría un virus, hasta que el organismo se encuentra totalmente a su merced. El TC, la libertad de expresión, la economía privada, la sociedad civil, todo eso debe ser sometido a la discrecionalidad del populista para desarrollar su trabajo. Así ocurrió en diversos grados en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. 

Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Con la decisión de suspender la licencia de construcción de Tía María, el gobierno ha prácticamente anulado la posibilidad de que el proyecto sea ejecutado en el corto plazo (1 a 3 años) y ha hecho muy difícil que pueda hacerse en los próximos 5 años. Las pérdidas económicas para la población, para la economía del país, para los ingresos del estado (impuestos, canon y regalía) y para la empresa son muy grandes y el costo social de esa paralización en términos de pobreza no debe ser subestimado.

El propósito de este escrito es la visibilizar algunas lecciones que puedan ser útiles en los tiempos que se vienen, pero antes de entrar en el tema central quisiera hacer explícita una idea: las empresas mineras no son organizaciones políticas, ellas son entes económicos. Sin embargo, sus actividades son objeto de disputas sociales, políticas y hasta ideológicas. Mientras las empresas no entiendan esos conflictos en su integralidad, tendrán muchas dificultades para concebir formas efectivas de evitarlos o, por lo menos, reducirlos.

Esta es una historia que se repite. El proyecto Tía María ya fue bloqueado antes en el 2009, 2011 y 2015. Además, éste no es el primer proyecto minero a ser bloqueado en Perú. Antes fueron bloqueados Tambo Grande el 2003, Quilish el 2004, Río Blanco el 2009, Santa Ana el 2011, Conga el 2012 y Cañariaco el 2013. Para citar algunos. Y ahora, Tía María ha sido bloqueado por cuarta vez.

Existe un paquete de metodologías de conflicto que se aplica en Perú y América Latina hace dos décadas por lo menos. Los grupos y ONG hostiles a la minería las tienen documentadas y sistematizadas en un sinnúmero de talleres, encuentros internacionales, libros, videos y artículos académicos. Es lamentable, pero las empresas mineras con sus enfoques de gestión social no logran asimilarlas ni menos neutralizarlas. Las empresas tienen parte de la responsabilidad en los desenlaces negativos, pero sería injusto responsabilizar exclusivamente a ellas, pues hay varios otros actores en ese juego que no cumplen con las responsabilidades que les corresponden. Sin embargo, las empresas mineras que estén interesadas en poner en marcha nuevos proyectos deberían evaluar sus teorías sobre la conflictividad social, y la experiencia Tía María debería servir de elemento de reflexión.

Como lo explicaba Sun Tzu 15 siglos atrás: el ejército victorioso gana la batalla antes de entrar en combate, mientras el ejército derrotado entra en combate con la esperanza de ganar la batalla. Es decir, una vez que se desencadenan los conflictos, las partes despliegan sus factores. En esos momentos se evidencia quienes han entendido bien la naturaleza del conflicto y han sabido prepararse para la nueva situación. Si las empresas no han construido las condiciones y los instrumentos necesarios para manejar las dinámicas del conflicto, lo que los analistas van a escribir después es una suerte de “crónica de una muerte anunciada”.

No es una cuestión de recursos económicos, pues las empresas mineras son solventes. Es una cuestión de entendimiento, de conceptos y de marcos interpretativos. Es una deficiencia de carácter cognitivo. Lamentablemente, las teorías que muchas empresas mineras utilizan en su gestión social no responden a la realidad social y política de los conflictos en países de desarrollo medio como el Perú. Lo que predomina en muchas empresas mineras son simplificaciones o enfoques parciales que no iluminan algunas de las dinámicas críticas para evitar que los conflictos se transformen en una tragedia económica y social.

Un primer principio, que no deberían subestimar, es que los gobernantes valoran mucho su popularidad. Ello significa que su decisión a defender el desarrollo minero no es infinita. Si creen que un conflicto está afectando su popularidad o está poniendo en riesgo alguno de sus intereses políticos, ellos optan por relegar o por abandonar el proyecto y proteger sus intereses. El presidente Humala lo hizo con Conga el 2012 y ahora la historia se repite con Tía María. Claro que hay grandes diferencias entre los gobernantes, en sus niveles de compromiso con el desarrollo minero de su país. Algunos están dispuestos a defender el desarrollo minero y fracasan porque no saben como hacerlo, pero hay gobernantes que solo se preocupan por los números de las últimas encuestas. Sería bueno que las empresas mineras, cuando diseñen sus estrategias, tengan claridad sobre esta realidad política y aprendan como manejarla.

Hasta donde hemos logrado conocer, creemos que Southern hizo un buen trabajo de esclarecimiento en la población de Islay, pero las organizaciones sociales y las representaciones políticas locales han quedado bajo la influencia de grupos y políticos hostiles a la minería. Ello es importante porque los conflictos mineros no son solo sociales, son también políticos e ideológicos. Southern tampoco ha puesto suficiente preparación en la formación de voceros nacionales y locales que pudieran ofrecer a la opinión pública una narrativa clara sobre el proyecto y el desarrollo local, permitiendo que las narrativas hostiles a la minería ganaran espacio en el pensamiento de las personas.

A partir del momento en que el gobierno emitió la autorización de construcción, en julio, se desencadenó un conflicto político, liderado por los alcaldes distritales y provinciales, el gobernador, los congresistas y los grupos anti-sistema, contando para ello con el soporte de las organizaciones sociales que ellos controlaban. Los voceros favorables al proyecto fueron acallados (local y nacionalmente) mediante la coacción o la presión moral, posibilitando que la población fuera bombardeada por mensajes orientados a promover el temor al proyecto y a justificar el conflicto.

El gobierno ha retrocedido utilizando la figura del Consejo de Minería, un órgano técnico, dependiente del Ministro de Energía y Minas, encargándolo de resolver un conflicto eminentemente político. Es poco creíble que la decisión de dicho Consejo no sea parte de las decisiones políticas que el gobierno ya tomó previamente, especialmente después de los audios en que el presidente de la República comunica a los líderes del conflicto que ya tiene la decisión de bloquear el proyecto y pide que ellos le ayuden a generar los argumentos para justificarla.

En esta fase final del conflicto ya es posible visualizar algunas de sus consecuencias.

1. El proyecto Tía María está prácticamente bloqueado por meses o tal vez por años.
2. La imagen de la minería ha sido dañada en la opinión pública, especialmente en el sur del país, confundiendo a la población acerca de su rol como motor del crecimiento económico y del progreso social.
3. Los grupos radicales y líderes populistas se han fortalecido y legitimado.
4. La confianza de los grandes inversionistas en del Perú como país minero se ha deteriorado, perdiendo prioridad frente a otros destinos de inversión.
5. La credibilidad del presidente de la república ha sido muy perjudicada por su involucramiento en negociaciones anormales en contra del proyecto, además de proyectar una imagen de incapacidad para resolver bien el conflicto social.

Es preocupante que el propio presidente de la República, atendiendo un pedido del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y de los otros gobernadores de la Macro Región Sur haya puesto el tema de la Nueva Ley de Minería en la agenda nacional, y lo haya hecho en un período prelectoral, poniendo en riesgo el marco normativo de la minería y creando condiciones favorables para que los discursos populistas se propaguen e influencien el debate sobre las futuras políticas públicas hacia dicho sector. Los grupos anti-mineros, y los populistas en general, tienen motivos para celebrar y agradecer esta decisión del presidente de la República.

Aunque el conflicto no ha terminado, es posible sacar algunas conclusiones:

1. Los conflictos ligados a la minería involucran intereses y actores políticos, más allá de las comunidades cercanas a las operaciones. Ellos son: alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales, ministros y hasta presidentes de la república. Todos esos actores son parte del conflicto y las empresas mineras tienen que saber que cada uno de ellos tiene sus intereses y puede influenciar para bien o para mal el futuro de sus proyectos y operaciones.
2. Una vez iniciado el conflicto los grupos contrarios a los proyectos despliegan una intensa campaña propagandística generando desconcierto y temor en la población local y silenciando a quienes no estén de acuerdo con ellos. Las empresas mineras tienen que tener estrategias y mecanismos para lograr que sus mensajes lleguen al público en esos momentos y así tranquilizar a la población, y sostenerlo a lo largo de un proceso de tensión social y política.
3. En vez de aclarar a la población sobre la confiabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los roles de fiscalización que el Estado ejerce sobre la minería, algunos gobernantes se dedican a negociar sus intereses políticos y económicos en reuniones cerradas sin preocuparse por los costos que sus acuerdos tienen para la actividad minera, para la economía nacional, para el bienestar de la población y para los ingresos públicos (impuestos, canon, regalías, etc.). Cuando ello ocurre, como en el reciente caso de Tía María, la viabilidad de los proyectos mineros colapsa.
4. El gobierno tiene la obligación de garantizar a la ciudadanía, y en especial a la población local, la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados y el rigor de la fiscalización que ejercitará sobre la actividad minera, para evitar que ocurran daños a la población, al ambiente y a la economía local y nacional. Esta garantía del Estado es indispensable para que la población se sienta tranquila y no sea presa de los discursos manipuladores de los grupos ideologizados. Si el gobierno no brinda esas garantías, estará induciendo a la población a razonar con el discurso de esos grupos. El gobierno tiene que luchar por la legitimidad de estas instituciones de control de la actividad minera ante los ojos de la población.
5. El gobierno también tiene la obligación de garantizar a todos los sectores de la población, y a los inversionistas, que hará valer el Estado de Derecho ante cualquier intento de uso de violencia y de intimidación por parte de quienes promueven los conflictos sociales. Los medios de comunicación deberían contribuir a un mayor equilibrio en el flujo de opiniones y evitar la parcialización y distorsión de la información que la población recibe.
6. Southern necesita entender que sus antecedentes no ayudan a que la población pueda confiar en sus compromisos. Si quiere recuperar la confianza que su antecesor desgastó a lo largo de décadas de descuido ambiental, ella tendrá que explicar a la población local y nacional cómo va evitar ahora que los anteriores problemas ambientales se repitan en el Valle de Tambo.
7. La población, de todos los sectores sociales, razona en base a sus creencias, y esas creencias cargan muchos mitos que carecen de cualquier sustento real. Por ejemplo: Una fracción importante de la población local, e incluso nacional, aún cree que Tía María va amenazar la disponibilidad de agua de los agricultores del Valle de Tambo, a pesar de que la mina va utilizar agua del mar, desalinizada. Sin entender los temores y razonamientos tácitos de la población en relación a la minería, es muy difícil que una empresa logre el clima de tranquilidad que un proyecto necesita para ser implementado.
8. Sin confianza no hay proyecto. La tranquilidad de la población local, su confianza en que el proyecto no va destruir sus recursos naturales y que la empresa va respetar sus compromisos, es crítica. La Empresa debe hacer todo lo que esté a su alcance para informar a la población y responder a sus temores y creencias. Ello requiere ir más allá de los requisitos legales de aprobación de los EIA, se necesita crear mecanismos de información y transparencia con la población y con los líderes de opinión local para que la población vea que la empresa realmente se preocupa con el ambiente y con los compromisos que asume ante la población. 
9. Si bien los gobernantes tienen que actuar como garantes, las empresas mineras no pueden confiar que ellos siempre van a defender las autorizaciones que emiten ni los proyectos que aprueban. Tía María es un ejemplo claro de cómo los gobernantes pueden dedicarse a la especulación política mientras un proyecto minero, legalmente aprobado, está siendo bloqueado. A estas alturas ya debería estar claro que el crecimiento económico no es una prioridad del actual gobierno. Así que la única garantía para que una empresa minera logre el ambiente necesario para implementar un proyecto es el buen manejo del entorno social, político y mediático.
10. Las empresas mineras necesitan saber que ellas no son suficientes para lograr la confianza de la población en el entorno de sus proyectos. A pesar de su gran escala financiera y su alta calidad tecnológica, las empresas mineras tienen vulnerabilidades. Ellas necesitan tener aliados (instituciones, profesionales, organizaciones, líderes, etc.), que sean confiables para la población, y que puedan dar fe de la seriedad de los compromisos de la empresa y de las instituciones públicas, y clarificar el beneficio social que la minería puede traer. Solo una coalición de actores sociales de escala regional, por lo menos, puede legitimar a la minería como factor de progreso sostenible. Las empresas mineras necesitan aprender a construir coaliciones sociales que apuestan su futuro con la minería.

En general los políticos, los medios, y muchas veces el propio gobierno afirman que las empresas grandes no pagan impuestos. La verdad es otra, la recaudación de tributos está concentrada en las grandes empresas.

Se habla mucho de que la presión tributaria es muy baja en el Perú, implicando un nivel de tributación insuficiente. En verdad esto se debe al alto nivel de informalidad de la economía, pero no a la generalización de que las empresas grandes no pagan impuestos.

Sin embargo, como podemos ver a continuación, las empresas formales en el Perú (mayormente las grandes), tienen una sobrecarga tributaria, bastante mayor que la de sus equivalentes en la Alianza del Pacífico. Veamos:

La economía formal soporta una presión tributaria del orden de 26.5%, casi cuatro puntos más que en Chile.

Este cuadro muestra todo lo contrario de lo comúnmente anotado en los medios y el mundo político. Las empresas formales, y en mayor medida las empresas grandes, soportan una carga tributaria exagerada.

El siguiente gráfico muestra la presión tributaria y el nivel de informalidad para los países de la Alianza del Pacífico, que explica que en promedio tengamos una baja presión tributaria.

Además, en el siguiente gráfico (fuente de la SUNAT), podemos ver que el 78% de los tributos internos lo pagan 14,532 contribuyentes, solo el 0.16% del total, lo que corrobora la concentración de la tributación en las empresas más grandes.

Fuente: SUNAT

Ver en Lampadia: Prejuicios mediáticos anti empresa.

En cuanto al impuesto a la renta, muchas veces las empresas terminan pagando más de la tasa nominal (30%), por acciones de la SUNAT por las cuales no reconocen algunos gastos. Por ejemplo, según explica el contador de Telefónica, desde 1994 la empresa pagó 9,000 millones de soles, que corresponde a una tasa mayor al 40%. Ver en: https://www.facebook.com/ElContadorDeTelefonica/.

Las empresas formales soportan una carga burocrática ridículamente alta. Las empresas formales no son victimarias, son más bien, víctimas de un sistema que desalienta la inversión y las apuestas por el largo plazo.

Por lo tanto, buena parte de la atención del gobierno está desenfocada, incluyendo el verbo anti elusivo de reciente difusión. Si queremos mejorar los ingresos del Estado, más allá de posibles excepciones, el foco no debe estar en perseguir a las empresas grandes, sino en superar la informalidad. Lampadia

Una de las constantes críticas hechas a los economistas modernos – mayormente extendida después de la crisis financiera del 2008 – es su débil capacidad para atinar con sus predicciones el desempeño futuro de una serie de variables macroeconómicas de los países tales como el crecimiento del producto, el déficit fiscal, el tipo de cambio, el crecimiento de las exportaciones, por destacar algunas de las más importantes.

La importancia de conocer los posibles escenarios del porvenir de dichos índices recae en que permite – tanto a los hacedores de política monetaria y fiscal, como a empresarios de todo sector y tamaño – una toma de decisiones ilustrada y acorde al entorno económico y financiero que enfrentarán los agentes en el corto-mediano plazo.

Robert Barro – profesor de economía de la Universidad de Harvard y reconocido académico por sus aportes a la teoría macroeconómica de la política fiscal – estaría próximo a rebatir tales críticas con unas de sus más recientes proyecciones de crecimiento para la economía de EEUU.

En uno de sus artículos – publicado en la revista Project Syndicate el pasado 29 de abril (ver artículo líneas abajo) – resume los principales hallazgos de un estudio hecho en coautoría de Jason Furman, respecto a los impactos de la reforma tributaria emprendida por Trump en el 2017 – basada en una notable reducción de impuestos a la ganancias y a la renta sobre ingresos individuales – en variables como la inversión en capital, el empleo, los salarios reales y el producto, así como sus respectivas proyecciones de crecimiento para el período 2018-2019.

Al respecto señala, “nuestro efecto incremental estimado de la ley tributaria de 2017 implicó un pronóstico de crecimiento del PBI real de 3.1% por año para 2018-19”. Curiosamente, según cifras oficiales de EEUU, no solo la cifra de crecimiento del 2018 es cercana (3.0%) a la estimada por Barro y Furman, sino que la del primer trimestre  de este año también lo es (3.2%). En un contexto en que el crecimiento promedio de los últimos años previos a la reforma, fue de apenas 2.1%, el reconocido economista concluye que este conjunto de medidas tributarias fueron las principales contribuyentes de las altas tasas de crecimiento experimentadas por la economía de EEUU, que, complementadas a las bajas cifras de desempleo – situadas en mínimos históricos desde 1969 – dejan entrever el pleno empleo en el que se encuentran los factores de producción.

¿Qué aprendizajes nos dejan estos hallazgos?

Creemos que estos resultados nos deben llevar a la reflexión. Si bien no se podría decir que EEUU es un país con poca libertad económica – se ubica en el puesto 12 de 186 países según el Índice de Libertad Económica 2019 de la Fundación Heritage – este aumento en la actividad ante la mencionada reducción de impuestos induce a pensar que aún está lejos de una tasa impositiva óptima – sobretodo la relacionada a la de las ganancias corporativas por su efecto en el largo plazo – tal que la economía pudiese operar libremente y en mejores condiciones. En esta línea, ejercicios empíricos similares podrían ser replicados en el Perú, a la luz de las reducciones impositivas hechas en los últimos años.

Y con respecto a Robert Barro, tal vez haya sido un golpe de suerte, como él mismo señala, el haberle atinado a las cifras de crecimiento, al ser las proyecciones altamente sensibles a shocks inesperados; pero ello de ninguna manera desprestigia el trabajo riguroso y técnico que, junto a Furman, siguió para obtener los resultados de sus estimaciones. Lampadia

Mi Mejor Pronóstico de Crecimiento

Robert J. Barro
Project Syndicate
29 de abril, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

La tasa de crecimiento del PBI real de EEUU de 3.2% para el primer trimestre de este año es impresionante, al igual que el crecimiento promedio de 3% en 2018 (medido desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2018). Desde el final de la Gran Recesión – de 2011 a 2017 – la economía de los EEUU creció solo un 2.1% por año, en promedio. ¿Qué explica la reciente aceleración?

La reforma tributaria de 2017, que entró en vigencia en 2018, fue vista prospectivamente, y ahora retrospectivamente, como una contribuyente al crecimiento. Pero hubo – y sigue habiendo – una gran controversia sobre el tamaño de los efectos macroeconómicos de los cambios fiscales.

En enero de 2018, con el espíritu de resolver parte de la controversia, Brookings Institution reclutó a Jason Furman (presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Barack Obama) y a mí para que escribiéramos un documento conjunto centrado en los posibles efectos de crecimiento de los cambios fiscales. Sin duda, Brookings pensó que combinar un punto de vista liberal (de Furman) con el mío (que yo veo como pro-mercado) evitaría sesgos políticos y, por lo tanto, generaría estimaciones más cercanas a la “verdad”. Dejé a otros observadores evaluar si esto es así. El audaz intento de consenso tuvo éxito.

Gran parte de nuestro análisis enfatizó los cambios impositivos para las empresas, incluida una reducción en la tasa impositiva federal sobre las ganancias corporativas del 35% al 21% (para las corporaciones C, que incluyen las empresas más grandes) y una reducción menor en la tasa impositiva para las empresas de transferencia (sociedades, corporaciones S, y empresas individuales). Todas las empresas se beneficiaron de un cambio a gastos totales para equipos, aunque este cambio no se aplicó a las estructuras. Nuestra investigación predijo un aumento sustancial a largo plazo en la acumulación de capital, lo que generaría ganancias considerables en la productividad laboral y los salarios reales. Se pronostica que el crecimiento del PBI real será mayor en diez años en un promedio de alrededor del 0.2% por año. Por lo tanto, el efecto de crecimiento previsto fue moderado pero duradero.

El otro cambio importante en el paquete de impuestos de 2017 fue una reducción casi total en las tasas marginales de impuesto a la renta sobre los ingresos individuales. En promedio, la disminución de la tasa impositiva marginal fue de alrededor de 2.3 puntos porcentuales (ajustado a la baja de 3.2 puntos teniendo en cuenta la reducción de la deducción fiscal de los impuestos estatales sobre la renta). En comparación, el recorte promedio en las tasas impositivas marginales fue de 4.5 puntos porcentuales bajo la legislación de 1986 del presidente Ronald Reagan; 3.6 puntos bajo los recortes de impuestos del presidente John Kennedy y del presidente Lyndon B. Johnson, aprobados en 1964; y 2.1 puntos bajo la reforma de 2003 del presidente George W. Bush. Furman y yo estimamos, a partir de investigaciones anteriores, que la reducción del presidente Donald Trump impulsaría el crecimiento del PBI en un sustancial 0.9% anual para 2018-19, pero no contribuiría al crecimiento después de eso. Por lo tanto, el efecto de crecimiento previsto fue mayor que el de los recortes de impuestos para las empresas en el corto plazo, pero más pequeño a largo plazo.

Cuando calculamos el impulso general al crecimiento del PBI a corto plazo, obtuvimos una estimación del 1.1% anual para 2018-2019. Cuando se agregó a un pronóstico de crecimiento de referencia del 2% (que refleja las opiniones de consenso contemporáneas y la historia reciente), nuestro efecto incremental estimado de la ley tributaria de 2017 implicó un pronóstico de crecimiento del PBI real de 3.1% por año para 2018-19. Francamente, aunque sin duda hay un gran elemento de suerte aquí, esta es la mejor previsión de crecimiento que puedo recordar. Además, nuestra previsión a principios de 2018 de los efectos incrementales de la ley de 2017 contrasta con las predicciones de recesión de muchos economistas.

Además, tengo una apuesta con un famoso colega de Harvard que prometió comerse su proverbial sombrero si el crecimiento del 3% del PBI persiste durante un período más largo. Recuerdo que la apuesta especificó el período como los dos años completos – 2018 y 2019 – pero ahora lo recuerda como los tres años desde 2018 hasta 2020. Creo que debo tener razón, porque nunca pronostiqué un alto crecimiento económico para 2020.

Por supuesto, siempre es posible encontrar razones por las que el pronóstico de uno resultó mal. Un argumento popular de este tipo en la actualidad es que la Reserva Federal ha resultado ser mucho más expansiva de lo que uno hubiera predicho. De manera similar, las expectativas de que una guerra comercial con China y que otros países frenen el crecimiento económico – una de mis preocupaciones en particular el otoño pasado – han mejorado (aunque sigo preocupado por este aspecto).

Básicamente, una predicción como la del crecimiento del PBI del 3.1% que Furman y yo avanzamos a principios de 2018 se debe ver como un pronóstico no contingente que siempre puede estar condicionado (o explicado) por una serie de eventos no anticipados. Y, de manera más general, siempre hay mucha incertidumbre en las tasas de crecimiento del PBI anual, por lo que la precisión de nuestro pronóstico debe considerarse como un reflejo de buena suerte.

Me parece evidente que un crecimiento económico más rápido es mejor que un crecimiento económico más lento. Detrás de este sentimiento está el hecho de que millones de personas se benefician de tasas de crecimiento más altas, que suelen ir acompañadas de salarios más altos y menos desempleo, que ayudan especialmente a los más desfavorecidos. Sin embargo, hoy en día, la antipatía hacia la administración de Trump es tan intensa que muchas personas, incluidos algunos de mis colegas economistas, están alentando el menor crecimiento económico solo para negarle a Trump una victoria política.

Entiendo este punto de vista, pero sigo pensando que los beneficios directos de una mejor economía superan este tipo de cálculo político. Más concretamente, los beneficiarios, que incluyen a la mayoría de las personas y la mayoría de los votantes, deben favorecer un crecimiento más rápido que lento. Lampadia

Robert J. Barro es profesor de economía en Harvard y profesor visitante en el American Enterprise Institute. Es el coautor (con Rachel M. McCleary) de The Wealth of Religions, de Princeton University Press.

Como hemos indicado anteriormente, consideramos muy importante que se consolide el gobierno de Martín Vizcarra, que sigue siendo atacado desde las desleales izquierdas, las canteras del partido de PPK y por las insidiosas presentaciones de periodistas de Canal N, RPP y Canal 9, que echan carbón para reactivar las diferencias del gobierno con Fuerza Popular, haciendo caso omiso al llamado presidencial de ‘abandonar la política de odio y confrontación’.

Nuestro apoyo a la consolidación del gobierno, no nos inhibe de hacer críticas a políticas y medidas expresas, que en nuestra opinión desfavorecen el éxito de la gestión de Vizcarra, más allá del muy corto plazo.

Cuando el Ministro de Economía, David Tuesta, nos dijo que teníamos que crecer más, destacamos su declaración.

Pero cuando, antes de abrir el camino al crecimiento, o, aunque sea, prender una luz al final del túnel, habló de aumentar impuestos, lo criticamos.

Efectivamente, después de que el gobierno ha disminuido las posibilidades de activar los proyectos mineros en el corto plazo, algo indispensable para relanzar el crecimiento de la economía, el MEF se refugia en el aumento de los impuestos.

Como sabemos, el gobierno ha hecho un planteamiento muy tímido sobre la posibilidad de viabilizar la inversión minera, abriendo el espacio para que cualquier grupo de interés minoritario, anti-inversión y anti-minero, organice alguna turbamulta y frustre las inversiones. Los cuidados del gobierno sobre los temas sociales y ambientales, no estuvieron acompañados de explicaciones sobre la necesidad de promover esas inversiones, ni marcaron la línea entre preocupaciones sinceras y atendibles, y disculpas para que los enemigos de la superación de la pobreza, sigan paralizando la economía.

Nuevamente Chile se apresta ha sacarnos una mayor ventaja en la producción de cobre. El país es un hervidero  de iniciativas y proyectos.Toda la industria del cobre se vuelca a nuestro vecino, donde hasta se diseñan esquemas laborales para enganchar a los mineros peruanos, profesionales y trabajadores, en ciclos de producción y descanso, que eviten un desarraigo completo.

Mientras tanto en el Perú, donde perdimos el tren de las inversiones mineras en los albores del gobierno de Humala-Heredia, y hasta ahora no podemos ni acercarnos a la estación, estamos a la espera de que no se le ocurra a nadie iniciar una protesta contra alguno de nuestros proyectos, pues el gobierno no se anima a liderar a la población explicando las ventajas y beneficios de las inversiones mineras, máxime ahora que entramos en un ciclo de vacas fiscales flacas.

Ver en Lampadia: Chile consolida su ventaja sobre el Perú – La carrera del cobre, la madera y las startups

Ayer el MEF aumentó el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles y vehículos nuevos. Al estilo de la política tradicional, nos quieren vender el paquetito como una medida para desincentivar el consumo de bienes que producen externalidades negativas. La verdad es que el aumento responde a la necesidad de tener más recursos fiscales, nada más.

Los aumentos anunciados, en un momento de debilidad de la demanda por empleo, de menores ingresos de la población, son un golpe a los más necesitados, los pobres y la clase media.

El Perú tiene como crecer alto y sostenido. Para ello tenemos que recuperar la inversión privada, que está a la espera de mejores señales del gobierno. Si no tuviéramos opciones de hacerlo mejor, no quedaría otra que ajustar los cinturones de todos. Pero teniendo mil oportunidades de inversión, con generación de empleo y posibilidades de multiplicar los recursos fiscales, subir impuestos sin, siquiera iluminar el camino del crecimiento, linda en un facilismo cortoplacista empobrecedor.

¡Está bien que tueste, ministro, pero que no queme! Lampadia

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, en el Perú se sigue desnaturalizando la relación de algunas grandes empresas con el Estado.

• “Las grandes empresas no pagan impuestos”: Se ha creado el ‘San Benito’ de que las grandes empresas no pagan impuestos. Pero la verdad es todo lo contrario, los ingresos fiscales están concentrados en muy pocas empresas, las más grandes y formales.

• Intervencionismo Siglo XXI: Desde los albores del siglo, el voluntarismo político ha ido generando un nuevo intervencionismo del Estado en todos nuestros mercados. La actividad privada de estos días, está tremendamente limitada y desalentada.
   
• Ninguneo del sector privado: Nuestros políticos y funcionarios públicos no entienden las medidas de nuestra economía. Hoy, gracias a las reformas económicas de los años 90, tenemos una economía conectada al mundo, en la cual la inversión privada da cuenta del 80-90% de la inversión, 80% del empleo, y 90% de los ingresos fiscales. Sin embargo, se sigue pensando que el futuro de la economía depende de lo que se haga en el ámbito del Estado.
   
• La invasión de asesores estatistas: Desde el año 2000, el Estado ha sido ocupado por muchos funcionarios y asesores de orientación estatista. Esta tendencia se exacerbó notoriamente en el gobierno de Humala-Heredia, algo que no corrigió el gobierno de PPK. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección del estatista Jaime Saavedra, batió el record de consultorías, dedicando buena parte del presupuesto a contratar asesores de la PUCP, de orientación anti-inversión-privada en educación.

  Por ejemplo, hace un año, el entonces primer ministro Fernando Zavala, reportó que:

  “Durante el 2016, el Ejecutivo contrató servicios de consultorías, asesorías y similares con personas jurídicas por S/ 500 millones. En tanto, contrató estos servicios con personas naturales por S/ 622 millones, por lo que ambos conceptos suman S/ 1,122 millones.

  En el devengado por personas jurídicas, quienes más contrataron fueron la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por S/ 138 millones. Esto provino principalmente de las consultorías contratadas por Osinergmin, Ositran y Devida, informó hoy martes el primer ministro Fernando Zavala ante la comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el Congreso.

  En segundo lugar, el ministerio de Educación contrató S/ 90 millones, el MEF S/ 88 millones, el MTC S/ 78 millones y el ministerio de Comercio Exterior y Turismo S/ 17 millones”.
  Gestión: 16 de mayo, 2017

El recorte de gastos anunciado por el gobierno de Vizcarra, se concentra en gran medida en el sector educación. Suponemos y esperamos que se esté corrigiendo esta infiltración desde la PUCP.

• Acoso a la inversión privada: En los últimos años, no solo se ha estado haciendo la vida imposible a la inversión privada, también se ha estado haciendo una suerte de acoso a las grandes empresas, desde la Sunat.

Por ejemplo: luego de las tardías verificaciones tributarias que conduce la Sunat, sus funcionarios han desarrollado interpretaciones fiscalistas, abusivas en muchos casos, como desconocer los gastos de cobranza de bancos y telecoms, por supuestas fallas documentarias absurdas. Este tipo de observaciones dio lugar a acotaciones de impuestos, más multas e intereses, que generaron enfrentamientos que han servido para acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos.
Lo mismo pasó con el sector minero, con antojadizas interpretaciones de los contratos de estabilidad tributaria.
Ver en Lampadia: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar y Sobre deudas, acotaciones y litigios.

• De satélites y procuradores: Recientemente, se ha producido un nuevo caso de acoso a las operaciones del sector privado. En esta ocasión, en relación a los servicios satelitales usados por las empresas de telecomunicaciones.

La Corte Suprema de Justicia, contrariando los criterios técnicos de la Intendencia Jurídica de la Sunat, del Tribunal Fiscal, y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha establecido que los operadores satelitales no domiciliados en el Perú, están sujetos al Impuesto a la Renta.

Este fallo ha sido posible por la insistencia procesal del Procurador de la Sunat, que ha llevado el caso hasta la Corte Suprema. O sea, el abogado del Estado, en contra de las decisiones del Estado.

Esta decisión afecta la predictibilidad del espacio tributario, la viabilidad de los servicios de comunicaciones en las localidades más remotas del país, y sigue alimentando criterios equivocados sobre las condiciones para hacer negocios en el Perú.

• No hay primera sin segunda, ni tercera: Este caso está manejado por el mismo procurador que, en los casos contenciosos mencionados líneas arriba, salía en los medios de comunicación a acusar a las grandes empresas de no querer pagar impuestos. Alimentando así, de argumentos perversos, a los enemigos de la economía de mercado y de su principal motor, la inversión privada.

Ahora que estamos en una crisis de ‘vacas flacas’ en el Estado, es hora de que en el gobierno se prendan algunas luces que iluminen a la población y marquen el camino de los funcionarios públicos, para que podamos recuperar la senda del bienestar.

Basta de acosar a la inversión privada. Los empresarios no son una fuerza de ocupación extranjera, sino, nuestros mejores socios para promover la inversión, el empleo y el crecimiento de los recursos fiscales. Lampadia

“El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú”

Elmer Cuba señala que el nuevo gobierno podría llevar a cabo una gran reforma laboral en el país si es que el mandatario así se lo propone

Entrevista a Elmer Cuba, Director del BCR y socio de Macroconsult
Jaime de Althaus
El Comercio, 02 de abril de 2018

En esta entrevista, el director del BCR Elmer Cuba, quien esta semana estuvo voceado como uno de los posibles candidatos al MEF, explica algunos de los retos que tiene en materia económica el nuevo gobierno.

— Podríamos estar creciendo a tasas mucho más altas si no hubiera habido todo ese entrampamiento político que ha detenido al país el último año y medio. ¿Hemos superado este entrampamiento político?

Sí, podríamos estar yendo al doble de velocidad. Hoy día el Perú está yendo a 2,5% de PBI, podíamos estar yendo a 5%. ¿Por qué no hemos ido a 5%? En parte, por toda la crisis política y, en parte también, por el tema Lava Jato, su mal manejo, y, en parte, por errores de política económica. Tampoco se salva Kuczynski en esto. Entonces, ¿qué puede cambiar ahora? Bueno, el choque externo sigue siendo positivo, el tema Lava Jato comienza a desenredarse con la nueva ley que reemplaza al 003, que es una mejora sustancial, y este arreglo político que era lo que todo el Perú esperaba hace año y medio entre dos grandes agrupaciones que pensaban muy parecido en lo económico, a diferencia de la izquierda que tenemos. Uno observa ahora una colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahora falta saber cuáles serán las primeras medidas tributarias y de gasto público del nuevo ministro de Economía.

— Bueno, se dijo que Elmer Cuba iba a ser el ministro de Economía, pero ha sido vetado por Juan Sheput, por Violeta, por sectores antifujimoristas en las redes…

Sí, seguramente… Mira, nunca me llamó nadie del Ejecutivo en verdad, o sea que ha sido una hipótesis manejada por las redes sociales. Es lamentable que el odio sea transitivo: que por haber colaborado en la segunda parte de una campaña política, en la parte económica, la gente ya te comience a golpear más allá de tus propios méritos personales. Pero, desde donde uno esté, tiene que colaborar con ideas.

— ¿Y qué es lo que habría que hacer para recuperar la economía?

La primera medida de política económica no es propiamente macroeconómica, sino simplemente el arreglo entre el Congreso y el Ejecutivo. Esto, por sí solo, ya es positivo, en términos de una paz política por lo menos de 12 a 24 meses antes de la siguiente campaña electoral del 2021. Esto va a hacer que muchos empresarios desempolven sus proyectos que están listos, que los han guardado por esta incertidumbre. Porque el Perú es una economía muy dinámica. Incluso en la desaceleración, le hemos sacado un punto a todos los países. Además, el Perú ha sido capaz de procesar en democracia un cambio de presidente y además está metiendo a otros presidentes presos. Eso no ocurre en México o en Argentina. Eso es algo positivo más bien, nos estamos graduando como un país que es capaz de juzgar a autoridades.

— Pero tenemos un déficit fiscal…

Sí, y hay que atacarlo. Pasivamente no se va a cerrar. Es preocupante porque es un déficit de 3 puntos de producto y el Perú recauda solo 13 puntos de producto. O sea, no es que el Perú recaude 40 puntos de producto como un país europeo que tiene déficit de 3.

— Pero los ingresos fiscales están subiendo de manera sostenida desde octubre…

Han comenzado a subir efectivamente y la buena noticia es que van a ser mayores por el lado de la minería. Las principales empresas mineras han aumentado sus utilidades casi entre 50 y 100%, que no es poco, y eso va a hacer que cuando se regularice, salte la recaudación. Pero aun así no es suficiente, hay que hacer más cosas para controlar la evasión de IGV y renta que en los últimos dos años es mayor que en la década anterior.

— ¿Cómo?

Hay que identificar cuáles son los focos principales de evasión. Yo creo que están básicamente en el Impuesto a la Renta de empresas medianas, que tienen doble contabilidad e informalidad.

— ¿Por qué ha caído la recaudación?

Primero, por el error de bajar las tasas del Impuesto a la Renta a las personas y aumentar la parte no imponible. En el Perú somos 16 millones de trabajadores y solamente declaran impuestos 3 millones, pero pagan 1 millón. Los otros 2 millones son formales, pero no pagan porque están exentos, porque ganan poco. Recién a partir de 20 mil soles al año comienzas a pagar Impuesto a la Renta. Entonces solamente un milloncito paga y a ese milloncito de personas que sí pagan, digamos los profesionales del Perú, les han bajado los impuestos. Una cosa insólita.

— ¿Habría que subirles nuevamente esos impuestos?

Yo creo que sí. Es volver a lo que teníamos en el 2014. Además ocurre que las empresas se mudan a régimen mype para pagar solo 10% de impuestos contra 29,5 del régimen general. Hay que volver a los regímenes de renta previos al 2014.

— En realidad pagan 10% solo por las primeras 15 UIT de utilidad, lo que permite un incremento gradual. ¿Propones eliminar el nuevo régimen mype, que está diseñado precisamente para hacer un tránsito más gradual, sin salto mortal, al régimen general?

Hay que repensarlo antes de saltar al vacío. Habría que optimizar el RER y el RUS.

— Pero, ¿cómo optimizas RER y RUS? Son sistemas para dar apariencia de formalidad a la informalidad. No pagan IGV. No entran a la cadena tributaria. Están hechos para fragmentar empresas y evadir.

Con las tasas y simplicidad. En un híbrido entre la informalidad y la formalidad. La heterogeneidad productiva obliga a eso.

— La ex ministra Cooper propuso simplificar los regímenes tributarios unificándolos en uno solo, eliminando el RUS y el RER, acompañado esto de la digitalización de los comprobantes. Para que todas las empresas ingresen a la cadena tributaria, del IGV…

No hay estudios concluyentes que digan qué método es mejor, porque el aparato privado peruano es muy heterogéneo y quizá habría que mantener regímenes especiales por un buen tiempo, pero que suavicen el paso de un escalón al otro. Un solo régimen general puede ser más bien infranqueable para los informales y ahí sí tendrías dos mundos: informales para siempre y formales para siempre. Muchos informales no podrían sobrevivir frente a los formales si tienen que pagar IGV y renta. Ahora por lo menos están en el borde, pagan un poco…

— No sería infranqueable si la Sunat te hace la liquidación de impuestos, y al deducirte el IGV terminas pagando menos, que es lo que ocurriría según Claudia Cooper…

Ahí actuamos a ciegas, a diferencia, por ejemplo, del Midis, que tiene la Enaho, con la que mapean la pobreza para hacer políticas sociales. Nos falta conocer realmente las mypes, no las hemos censado, no las seguimos con encuestas, no sabemos cómo acumulan, cómo quiebran, cómo se endeudan, cómo pagan impuestos, cómo contratan. El nuevo ministro tendría que hacer una comisión especial en doce meses con los mejores expertos nacionales e internacionales en el tema para resolver este asunto. No podemos enfrentar bien la informalidad en todas sus dimensiones laborales, tributarias y sobre todo del sector, porque no la conocemos bien. No sabemos cuál ha sido su génesis. En cada sector la causa puede ser distinta. De repente la causa de la informalidad en el sector ‘retail’ al por menor, es la ley laboral. Pero la causa de la informalidad minera sería la ley minera que obliga a que el pequeño tenga un EIA o el cierre de impacto ambiental…

— En el tema laboral es fundamental eliminar la estabilidad laboral absoluta…

El tema es más complejo. Somos 16 millones de trabajadores; solamente 3 millones son formales. El TC, con su sentencia del 2001 que restableció la estabilidad absoluta, indujo a que 2 de esos 3 millones pasen a contrato a plazo fijo, y solamente un millón en contrato indefinido, cuando antes de esa sentencia era al revés. Pero ese problema, que hay que resolverlo con el TC o con el Congreso, va a mejorar la vida solamente de los 3 millones de formales que pasarán más fácilmente a contratos indefinidos…

— Pero también es una barrera a la formalización, ¿no? Muchas empresas no formalizan por temor a no poder desvincular cuando es necesario…

Sí, pero en el caso de las pequeñas y medianas no formalizan sobre todo por los sobrecostos laborales, por los mal llamados derechos laborales que encarecen la formalidad. Por eso hay otro milloncito de trabajadores informales en empresas formales. Ya de ahí para abajo, el tema laboral ya no es laboral, es empresarial. Va a ser imposible que una empresa que es informal per se, tenga trabajadores formales. Estamos hablando ya de 3 millones más, que son trabajadores informales en empresas informales. Entonces ahí la respuesta es: primero formalizas la empresa. El tema es más tributario, y más relacionado con la legislación de cada sector: qué se le pide a la señora que hace galletas, por ejemplo. Y, fuera de estos, los que están en la cola ya son otros 3 millones de independientes –una exageración–, que no tienen jefe ni declaran renta: el gasfitero, el taxista, el cuidador del edificio, el limpia autos, el reciclador, el estibador de mercado… Para no hablar del pequeño agricultor altoandino. Lo más fácil, aunque parezca mentira, es cambiar la sentencia del TC. Lo otro es más complejo. Es la gran reforma laboral de este país.

— ¿La podría hacer el presidente Vizcarra?

La puede hacer si la quiere hacer. Tiene todo para hacerlo. Es un cambio de Gobierno, que tiene ciertas ventajas porque tiene una oposición que no puede ser oposición. Él tiene una cosa importante: su poder de renuncia. El presidente Vizcarra puede ser el gran reformador del Perú si quiere hacerlo o simplemente administrar la cosa esperando que pase el tiempo hasta el 2021.

— ¿Qué efecto va a tener esta alza del salario mínimo?

Si tú me dices, “dame una medida para aumentar la informalidad laboral”: sube el mínimo. Si quieres aumentarlo ya con daños severos, mortales, ponlo en 1.500 soles. Ahorita la mediana de ingresos en el Perú es 900 soles, la mediana. De esos 16 millones de trabajadores, la mitad gana menos de 900 y hemos puesto el mínimo en 930. Por encima de la mediana, de locos. El mínimo está totalmente pervertido. Ya no es el mínimo, es la mediana. Es un enemigo de la formalización.

— ¿Debería haber dos salarios mínimos: uno para la micro y mediana empresa y otro para la mediana y grande o no debería haber simplemente salario mínimo?

El mínimo debería ser mínimo. Deberíamos dejarlo ahí que pernocte varios años para que realmente sea mínimo. Una vez que sea mínimo, lo indexamos al IPC y a la productividad de ese segmento de bajos ingresos formales. Lo central acá es la productividad laboral.

— Entonces, ¿cómo haces para subir la productividad laboral?

¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía subcapitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

“No sería fácil políticamente eliminar las exoneraciones”

Si los cines no pue- den ganar vendiendo canchita, no va a haber más inversión en cines…

Así es. Esos microrretrocesos, si los juntas, son el principal enemigo de la inversión. Es clave pensar que cada movimiento regulatorio puede tener un daño. Si sumas esas pequeñas cosas, los peruanos nos vamos a entrampar y vamos a perder la batalla. Y lo otro son los costos de transacción por el lado legal judicial. Si la justicia es lenta o corrupta, aumenta también el riesgo de invertir, no te devuelven nunca algo. La tasa de interés en el Perú es alta en parte por el riesgo de cobranza a ese señor que te engañó. Y los que recibimos un crédito pagamos ese sobrecosto.

Se estaría trabajan- do con el Congreso la vieja idea de eliminar exoneraciones. Según el MEF, hay 16 mil millones de soles al año de beneficios tributarios…

Mira, para el mismo MEF, de esos 16 mil, solo 11.600 serían factibles en el corto plazo. Pero no sería fácil políticamente eliminarlas. Por ejemplo, la exoneración más grande, de 1.900 millones, es la del IGV a la educación: habría que cobrar IGV en los colegios, en las universidades o en los institutos. La siguiente es la intermediación financiera, es decir, los créditos, exonerados también del IGV, y la tendencia mundial es a no cobrar IGV para eso. El tercero es la exoneración del Impuesto a la Renta natural para la CTS. Debería pagar, pero habría resistencia. También tienes la devolución anticipada de IGV, que tiene sus ventajas. Y el drawback, que es bien ideologizado, pues si no hay aranceles para importar no debería haber drawback (devolución), que es un subsidio a las utilidades de los exportadores no tradicionales. Y, por último, está el sector agropecuario, que paga solo 15% de Impuesto a la Renta contra 29,5% que pagan todos los demás. ¿Ese ‘boom’ agroexportador va a llegar a su fin si pones el impuesto donde debería estar o hay que dejarlo ahí 15 años más? Esas seis son el 80% de las exoneraciones. Lampadia

La pesca es una actividad productiva muy significativa para el Perú y un sector importante de exportación. En esta ocasión, queremos entrar al debate de los aportes de la pesca a nuestra economía. Para esto, hemos utilizado el análisis de las Cargas tributarias y obligaciones legales de EY Perú (Ernst & Young), titulado “Comparación de cargas tributarias y algunas obligaciones legales del sector pesquero”.

Este informe, realizado por encargo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) realizó “un análisis comparativo de las cargas de carácter tributario que asume una empresa pesquera que hipotéticamente representa los resultados totales del sector pesca – solamente respecto de consumo humano indirecto relacionado a la venta de harina y aceite de pescado –, y los que en similares condiciones de ingresos y costos asumiría esa empresa si le fuese aplicable el régimen impositivo general del sector minero.”

EY Perú concluyó que en un escenario de 4 millones de toneladas métricas (TM) de captura anual de anchoveta, las empresas pesqueras llegan a pagar contribuciones por el 50.4% de su utilidad operativa. Se trata de un análisis sobre los distintos pagos, incluidos impuestos, que realizan las empresas productoras de ingredientes marinos con relación a su utilidad operativa (utilidad bruta menos costos y gastos de operación).

Primero, recordemos cuáles son las cargas tributarias y obligaciones legales del sector pesquero:

Además del Impuesto a la Renta y del denominado derecho de pesca, que representa el 27% de todos los pagos, también existen pagos obligatorios al fondo de jubilación, al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y todo lo relacionado con la fiscalización pesquera.

En su análisis, EY Perú consideró dos escenarios de volúmenes de captura de anchoveta, para evaluar el peso de las cargas impuestas al sector:

Escenario 1: Captura de anchoveta por 6 millones (en adelante “MM”) de toneladas métricas (en adelante “TM”) en un año.

Escenario 2: Captura de anchoveta por 4 MM de TM en un año.

En el caso del primer escenario, que es un escenario poco probable de captura de anchoveta de 6 TM por año, las empresas pesqueras pagan el 46.6% de su utilidad operativa. Al disminuir el volumen de extracción, las obligaciones aumentan su incidencia porcentual.

Cabe recalcar que este escenario es tan solo una referencia ya que, en los últimos años, la industria pesquera extrajo por debajo de ese umbral. En 2014, la extracción de anchoveta alcanzó los 2.3 millones de TM, en 2015 fue de 3.7 TM; en 2016 se extrajo 2.7 TM y en 2017, 3.2 TM.

Según la SNP: “En el periodo 2008 a 2016, los pagos realizados por la industria de ingredientes marinos se multiplicaron casi por cuatro, al pasar de US$ 4 a US$ 15 por TM de anchoveta. Además, como empresas formales, pagan el Impuesto a la Renta (29.5%) y la repartición de utilidades a los trabajadores (10%)”.

EY Perú acentúa que: “Las cargas de naturaleza tributaria y obligaciones legales se han calculado como un porcentaje de la utilidad operativa, antes de las cargas de naturaleza tributaria y obligaciones legales, para establecer la carga de cada sector y hacer la comparación, según se indica en la lámina 10. Además, se han calculado en un segundo escenario como un porcentaje de las ventas.”

Por su lado, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Elena Conterno, afirmó que: “En los últimos cuatro años, a raíz de la caída de los desembarques del recurso anchoveta, las principales empresas y, en general, el sector ha reportado pérdidas. A pesar de ello, las empresas han cumplido con el pago de los distintos aportes”, comentó.

Comparación con el minero

Luego, EY Perú hizo un análisis comparativo de cargas tributarias y obligaciones legales sobre utilidad operativa y sobre las ventas entre el sector pesquero y el sector minero, un sector acusado de no pagar impuestos, pero que soporta cargas totasles muy pesadas.Como se puede observar, los aportes del sector pesquero son incluso mayores que los de la minería, sobre su utilidad operativa (46.6%), que de hecho ya paga más que  la mayoría de las empresas mineras de los países mineros:

Ojalá esto ayude a desmentir la falsa creencia de que la industria pesquera solo paga los denominados derechos de pesca, ya que lo cierto es que este aporte solo representa el 27% de todos los pagos que deben realizar las empresas pesqueras. Además de los derechos de pesca, se paga obligatoriamente aportes extraordinarios al fondo de jubilación, al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero y todo lo relacionado con la fiscalización pesquera. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En el Congreso hay 16 proyectos de ley que, sumados a 4 ya aprobados, generan costos fiscales –menores ingresos tributarios- que pueden llegar a cerca de 5% del PBI. De aprobarse, estaríamos decretando el final de la estabilidad monetaria y fiscal, el retorno a la inflación y la imposibilidad de alcanzar el desarrollo integral. Sería el suicidio económico nacional.

Fuente: marcandoestart

Ya el Congreso avanzó el jueves con esta agenda aprobando una ley que restablece por 5 años los beneficios de la admisión temporal para las aeronaves y sus partes, con suspensión del pago de tributos hasta por 5 años, y permitiendo su nacionalización con la depreciación de la base imponible del 20% anual. Inicialmente la ley se iba a aplicar a todas las empresas aéreas, pero luego del debate se limitó a las micro, pequeñas y medianas. Esto reduce el daño, pero no lo elimina porque sólo servirá para incentivar el fraccionamiento y atomización de las empresas grandes para no pagar tributos. Según fuentes del sector economía, “una gran empresa podría crear una división de reparación con un RUC distinto y a partir de ésta realizar la importación temporal por 5 años y luego la compra de aeronaves”.

Según dicha fuente, la ley distorsiona la aplicación del régimen general de admisión temporal para reexportación pues “la deducción (depreciación) de la base imponible del 20% anual, implica en la práctica que el régimen general de admisión temporal para reexportación se convierta en un mecanismo destinado al no pago de tributos y no constituye un régimen aduanero suspensivo; por tanto, restablecer la vigencia de este mecanismo implicaría desnaturalizar el régimen de admisión temporal incorporando una exoneración del pago de tributos a la importación”.

Además, la Ley genera un tratamiento a favor del sector aéreo, lo que podría llevar al sector de transporte terrestre y a otros a solicitar el mismo beneficio.

Fuente: zestcapital.com

Pero el problema es mucho más grande. Como hemos señalado, hay en el Congreso 20 Proyectos de Ley que conceden beneficios tributarios y que ocasionarían altos costos fiscales. De esos, ya se han aprobado 4. Fuentes analíticas nos indican que el costo total de esas leyes y proyectos de ley ascendería a una cifra enorme que oscila entre S/ 27,067 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación y salud) y S/ 34,337 millones (equivalente al presupuesto 2017 de los sectores educación, transportes y vivienda). Lo que representa de 3.6% a 4.6 del PBI.

El más costoso de todos es PL 730/2016-CR, proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Incentivos y Beneficios para compradores preferentes para las MYPEs, “Sello MYPE”.

Este es un proyecto de Fuerza Popular a iniciativa del congresista Edwin Vergara Pinto. Propone establecer un nuevo régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MYPE — Sello MYPE. Se trata de beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes que compren frecuentemente a las MYPE. Por ejemplo, se establece una deducción del 100% adicional de gastos para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles (exceptuando los vehículos automotores) adquiridos de las MYPE; un puntaje adicional en los procesos de selección que convocan las entidades del Estado; devolución en cinco días hábiles desde la presentación de la solicitud de saldos a favor de la exportación, drawback y pagos en exceso o indebidos, entre otros.

Las fuentes estiman que el costo del beneficio sobre la deducciónadicional degastos para efectos del impuesto a la renta para las compras efectuadas a MYPE por parte de las empresas medianas y grandes, ascendería entre S/ 5,310 millones (10% de las ventas de las MYPE) hasta aproximadamente S/ 10,619 millones (20% de las ventas de las MYPE).

La ley también excluye de los regímenes de retenciones y percepciones a las empresas que compren a las MYPES, lo que puede afectar la recaudación del IGV. Se calcula que el costo de la eliminación de ambos regímenes ascendería en S/ 735 millones. Fuera de que aplicar un esquema como el planteado requiere del desarrollo de un complicado sistema de información y control por parte de la administración tributaria.

En consecuencia, según las fuentes, el costo total estimando únicamente la deducción adicional de gastos para medianas y grandes empresas, así como la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones, ascendería potencialmente entre S/ 6,045 millones y S/ 11,354 millones.

El más inmediato de todos es el PL N° 626: Alertas Educativas, que ha sido observado por el Ejecutivo pero probablemente se aprobará por insistencia. Este proyecto obliga a la SUNAT a brindar una capacitación por cada infracción que cometa una microempresa antes de poder sancionarla por dicha infracción, y una vez por cualquier infracción en el caso de la pequeña empresa. El tema es que existen 64 infracciones posibles en el código tributario. Según el MEF, esto contraviene lo dispuesto en la Ley MYPE, que acota el acompañamiento tributario solo para las microempresas (Art. 42), condicionando ello incluso solo a las que se acojan al Registro de la MYPE (REMYPE). Asimismo, precisa que el acompañamiento es solo para cinco infracciones y solo por los tres primeros años desde la inscripción de la microempresa al REMYPE. Con este proyecto, en lugar de 5, serán 61/63 infracciones, sin pedir nada a cambio y de manera permanente.

Para el MEF no es solo que el proyecto aprobado requiere implementaciones operativas y de sistemas en SUNAT que excederán el plazo de 60 días dado por la norma para ello, y que se perderá algo de recaudación, sino el mensaje que estamos dando al contribuyente: es evidente que si le decimos que pueden cometer 50 o 60 infracciones antes de que se le ponga una multa, le comisen o le cierren su local porque por cada infracción, aunque esta sea muy grave, la SUNAT deberá primero darte una capacitación, estamos premiando su informalidad.

Esperemos que prime la cordura en el Congreso y se deseche este tipo de proyectos de ley. Mucho le ha costado al pueblo peruano alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal para ponerla en peligro de esta manera. No nos podemos arriesgar al retorno de la inflación ni podemos sacrificar ingresos tributarios necesarios para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, con normas de la mejor tradición populista latinoamericana. Lampadia

El Perú fue uno de los países que mejor aprovechó el llamado ‘súper-ciclo de los commodities’, para alentar la inversión privada y el crecimiento económico. Esto se dio gracias a las reformas económicas de los años 90, particularmente, a la Constitución de 1993, que permitió el retorno de la inversión privada, después del apagón productivo de treinta años, iniciado por la dictadura militar estatista.

El aumento de la inversión privada, que junto con la inversión pública (20%), llegó a superar el 28% anual de inversión sobre el PBI (unos US$ 55,000 millones), generó un incuestionable ciclo virtuoso. Este incluyó una importantísima reducción de la pobreza, disminución de la desigualdad, crecimiento del empleo e ingresos en las regiones, mejora de los indicadores sociales, como mortalidad infantil, mejora de los ingresos rurales, mejora del riesgo país, aumento de la productividad, etc., etc.  Ver en Lampadia: Cifras de la Prosperidad. El reconocimiento de los avances económicos y sociales, no implica desconocer el déficit de avance institucional, que lamentablemente, no adquirió el mismo ritmo.

Desde los años 90 hasta el 2011, en que se produce un grave punto de inflexión, con la elección del gobierno del nacionalismo, el clima de inversión fue positivo y los proyectos de sucedían unos tras otros. No solo se desarrollaron grandes proyectos mineros, también se desarrollaron proyectos energéticos y de infraestructuras en puertos, aeropuertos, carreteras y comunicaciones. Se desarrolló la agricultura exportadora, llevando riqueza y formalidad al campo. Se recuperó el turismo. Las ciudades fueron transformadas con el desarrollo de múltiples centros comerciales e incontables proyectos inmobiliarios. Muy rápidamente, el Perú pasó de ser un ‘Estado Fallido’ (1990), a una suerte de ‘Estrella Internacional’.

El punto de inflexión del 2011 coincidió con la caída de los precios de los commodities, aunque no debió explicar la menor inversión, que respondió mayormente a ataques políticos, denominados comúnmente, como conflictos sociales.

Hoy, esta condición de menores precios de commodities, se está superando largamente. Ver en el siguiente gráfico, una estructura mágica, que muestra el incremento de los precios de nuestras exportaciones, de cobre, zinc y oro, al tiempo, que los precios de nuestras importaciones, se reducen o estabilizan. 

Además, de la mejora de nuestros términos de intercambio, la economía mundial se ha recuperado sustancialmente. Para este año, se espera que el mundo crezca en promedio, un 3.6%, y el conjunto de países emergentes, en 4.6%.

En consecuencia, las condiciones globales son muy buenas para que un país pueda multiplicar sus inversiones, crecer y reducir la pobreza.

Entonces, la pregunta de rigor es:

¿Está el Perú preparado para aprovechar las condiciones globales propicias para la inversión y el crecimiento?

Lamentablemente, parece que no:

• El gobierno no ha logrado que la población tome conciencia sobre la necesidad de fomentar las inversiones productivas y en infraestructuras
• No se desarrollado la estrategia adecuada para contrarrestar las actividades de los grupos anti inversión en general, y anti minería en particular
• La tramitología sigue trabando las inversiones, sometiéndolas a períodos de gestación que las incapacitan
• Se ha permitido la promulgación de una suerte de espada de Damocles contra la inversión minera, con la norma ‘Arana’ sobre las cabeceras de cuenca
• El clima político de confrontación entre los partidos PPK y FP, regala la iniciativa a grupos anti inversión
• El gobierno parece no q1uerer enfrentar decisiones difíciles, y está navegando a un permisivismo que impide se consolide un adecuado clima pro-inversión

Para ilustrar la oportunidad de dar otro gran salto hacia la prosperidad, publicamos a continuación, el despacho de The Economist, sobre los mercados emergentes.

Fuera de las trampas

Los mercados emergentes están funcionando

Después de pocos años, los mercados emergentes se han vuelto más maduros y resilientes, dice Simon Cox. Pero junto con el drama, también se fue parte de su dinamismo.

The Economist
5 de oct de 2017
Traducido y glosado por Lampadia

EN 1875, el Imperio Otomano dejó de pagar la mitad de su deuda externa, víctima de la “primera gran crisis de la deuda del mundo en desarrollo”, según una de las crónicas. Sus acreedores, liderados por el Imperial Ottoman Bank, obligaron al gran visir del imperio a aceptar una solución humillante. En lugar de esperar a ser reembolsados ​​de los ingresos fiscales, ganaron el derecho de recaudar media docena de impuestos, incluidos los derechos de timbre (un impuesto esencialmente documental que se aplica sobre los documentos públicos y privados) y los impuestos sobre el alcohol. Después de 15 años de coleccionar impuestos, el Imperial Ottoman Bank se sintió lo suficientemente cómodo como para construir impresionantes nuevas oficinas centrales en Estambul, de estilo neo-orientalista por un lado y neoclásico por otro.

Desde mucho antes de que se inventara el término, los mercados emergentes, han proporcionado una rica fuente, tanto de riesgos como de ganancias. La crisis financiera en 1875 fue seguida por muchas otras, incluidasvarias en Turquía. Y al igual que el Imperial Ottoman Bank, los inversores con estómagos fuertes a menudo se han beneficiado más de los mercados emergentes en su peor momento. Los fondos de cobertura que compraron deuda argentina deteriorada por aproximadamente 20 centavos de dólar después de su incumplimiento en 2001 obtuvieron un buen arreglo de su nuevo gobierno el año pasado, tal vez diez veces más que lo que pagaron, según algunas estimaciones.

La historia más reciente de los mercados emergentes también ha sido puesta a prueba duramente. A los pocos días de la victoria electoral de Donald Trump, sus promesas populistas elevaron los rendimientos de los bonos estadounidenses y enviaron el precio de los activos de los mercados emergentes a la inversa. Los socios comerciales hicieron una mueca de dolor en sus tweets que amenazaban a las compañías estadounidenses que planeaban cambiar su producción al exterior. Este “berrinche de Trump” parecía ser el último de una sombría serie de contratiempos para los mercados emergentes. Siguió la precaria devaluación del yuan en 2015 en China, el colapso de los precios del petróleo y del mineral de hierro en 2014 y la “berrinche” de 2013, cuando se hablaba de una ralentización de las compras de activos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El berrinche de Trump se dio además de los riesgos políticos que surgieron en los mercados emergentes, incluida la invasión rusa de Ucrania, la guerra contra las drogas en Filipinas, un golpe de estado exitoso en Tailandia en 2014 y el fracaso de uno en Turquía en 2016, la eliminación de un presidente impopular en Brasil por un delito fiscal menory la supervivencia de gobernantes asediados en Sudáfrica y Malasia.

Aunque parezca extraño, la presidencia de Trump, un opositor declarado del globalismo, ha coincidido con una recuperación de la globalización. En el primer semestre de este año, el volumen de las exportaciones de los mercados emergentes aumentó un 4.6% sobre el año anterior, el crecimiento más rápido desde 2011. La creciente demanda de chips y sensores de semiconductores elevó las exportaciones de productos electrónicos de Corea del Sur y Malasia; la recuperación del precio del petróleo reforzó a Rusia; y un cambio favorable en el clima benefició a la cosecha de soja y maíz de Brasil.

Las exportaciones más altas han ayudado a elevar el PBI. En el primer semestre de 2017, las cuatro mayores economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China, conocidas como BRIC) crecieron simultáneamente por primera vez en tres años. El crecimiento de los mercados emergentes aún no puede igualar el de los años milagrosos de 2003-2006, pero es igualmente amplio. Hasta el momento, 21 de los 24 países del índice de mercados emergentes MSCI, han informado cifras deaumentos del PBI para el segundo trimestre de este año, con respecto al trimestre anterior. Desde 2009, el crecimiento ha sido positivo en todos los miembros que publican números trimestrales.

Esta mejora en el crecimiento de los mercados emergentes ha sido acompañada por un renovado entusiasmo por sus monedas, bonos y acciones (ver cuadro). En agosto, estos países registraron su noveno mes consecutivo de entradas de capital de inversores de cartera, la racha más larga desde 2014, según el Instituto de Finanzas Internacionales. Un índice de tipos de cambio de mercados emergentes compilado por MSCI ha aumentado un 14% desde su punto máximo en enero de 2016. Ha disfrutado de sus mejores 18 meses desde 2011. Incluso las monedas menos favorecidas como el rublo ruso, el peso mexicano y el yuan chino desafiaron a sus escépticos, fortaleciéndose contra el dólar este año (ver el siguiente cuadro).

El precio de los bonos en dólares de “moneda dura” de los mercados emergentes aumentó en más del 6% en el primer semestre del año, según J.P. Morgan. Y los bonos denominados en sus propias monedas más duras, mejoraron aún más, aumentando en dos dígitos. Pero nada ha sido tan llamativo como sus bolsas de valores. El índice MSCI EM subió por encima de 1,000 en mayo desde menos de 700 en enero de 2016, una ganancia anualizada de alrededor del 33%.

La fuerza del rally pone nerviosas a muchas viejas manos. La historia de los mercados emergentes está llena de inversionistas imprudentes y de prestatarios improvisados. La desilusión de aquellos que se retiran con su dinero, coincide a menudo con la miopía de quienes lo despilfarran. En 1895, por ejemplo, un auge del mercado de valores provocó que un gran banco internacional casi triplique sus préstamos en dos años. El propio gerente del banco vendió acciones mineras sudafricanas como Transvaal Consolidated Land and Exploration Company. Cuando las acciones cayeron, el banco sufrió una corrida, recurriendo al gobierno y sus propietarios de Londres para un rescate. Esta imprudente institución financiera no era otra que el Imperial Ottoman Bank que se había enriquecido con la colección fiscal de unos años antes.

Los pesimistas pueden encontrar una serie de razones para preocuparse, algunas tradicionales, otras más novedosas. Las crisis clásicas de mercados emergentes a menudo comienzan en Washington, DC, cuando la FED eleva las tasas de interés o endurece la política monetaria de otras maneras. Los nervios aumentan si un repunte en la inflación estadounidense empuja a la FED a aumentar las tasas más rápido de lo que el mercado espera. Y para una nueva variación de este viejo tema, los inversionistas pueden preocuparse por la reciente decisión de la FED de comenzar a recortar los activos que compró después de la crisis financiera mundial.

El ciclo de commodities es otra fuente de inestabilidad probada en el tiempo. La reducción a la mitad de los precios del petróleo en el segundo semestre de 2014 causó un gran dolor a Rusia y a otros exportadores de crudo. Por el contrario, el costo del petróleo en los años anteriores a 2014 se sumó a los déficits comerciales crónicos y la subid de la inflación de países como India y Pakistán. La crisis de la deuda latinoamericana en 1982 fue causada por una combinación de un shock de commodities y un shock de la Fed. Los petrodólares ganados por los exportadores del Golfo durante los picos de los precios del petróleo de la década de 1970 fueron depositados en los bancos estadounidenses, que les prestó de manera incauta a los gobiernos latinoamericanos. Estos préstamos se volvieron imposibles de pagar cuando la FED subió las tasas de interés de manera pronunciada en 1979-81.

Los que no tienen

Los países que no están bendecidos con commodities tienen preocupaciones propias. El único recurso natural en muchos mercados emergentes es la mano de obra, pero el modelo de crecimiento basado en la manufactura intensiva en mano de obra ahora enfrenta dos amenazas. Una es la automatización. La creciente versatilidad y facilidad de uso de la tecnología robótica pueden estar erosionando las ventajas de la mano de obra barata, lo que resulta en lo que los economistas llaman “desindustrialización prematura”. Las áreas pobres post-industriales son comunes en economías ricas como EEUU. El temor es que las industrias emergentes se vuelvan obsoletas antes de que su gente se haga rica.

Otra amenaza es el proteccionismo. Las economías emergentes siempre han confiado en el acceso a los mercados más grandes del mundo para sus exportaciones. Pero la administración Trump está dispuesta a reducir los desequilibrios comerciales de Estados Unidos, y se ha vuelto más activa en la imposición de derechos antidumping y otros aranceles a los bienes que considera demasiado baratos. Hasta el momento, ha abierto investigaciones sobre 65 casos potenciales de productos objeto de dumping o subvencionados (desde productos básicos chinos hasta ácido cítrico colombiano), en comparación con 44 en el mismo período de 2016.

Como algunos países se preocupan por exportar al mercado estadounidense, otros se preocupan por importar su política. Tanto en Brasil como en México, los candidatos a las próximas elecciones presidenciales incluyen a vociferantes populistas que sacan fuerzas de la lucha con Trump o reflejan sus provocaciones. Los mercados emergentes tradicionalmente han tenido una fuerte ventaja comparativa en el populismo. Pero ese es otro desequilibrio que Trump parece dispuesto a corregir.

Del examen de cada uno de estos peligros, se puede argumentar que,en los últimos años, las economías emergentes se han vuelto más resilientes, aunque menos vigorosas, perdiendo algo de drama y algo de dinamismo. Eso debería permitir que continúe su recuperación, a pesar de las amenazas que enfrentan.

Muchos inversionistas de los mercados emergentes están “esperando una buena crisis de las antiguas”, dijo Mark Dow, un administrador de dinero y ex economista del FMI, en una entrevista de podcast a fines del año pasado. Según su experiencia, “siempre termina con una explosión… ha sucedido tantas veces que muchas de las viejas manos están condicionadas a creer que tiene que ser así otra vez”.

No es así, pero quedan muchos escépticos. En particular, el hecho de que los mercados emergentes no hayan abordado eficazmente choques anteriores (como el aumento de los precios del petróleo en la década de 1970, una política más restrictiva de la FED en 1979-81 y la gigantesca manufactura china de la década del 2000) han contribuido a que los países de medianos ingresos tengan más probabilidades de convertirse en “atrapados” a medida que se desarrollan, abandonados en algún lugar entre la pobreza y la prosperidad.

Si se descubriera que la “trampa de ingresos medios” es real, se plantearía un problema más grave que nunca. Los países en ese nivel intermedio de desarrollo representan una parte cada vez mayor del PBI mundial y de sus habitantes. La economía global no podría prosperar si una parte tan enorme de su población y su producción se enredaran así.Afortunadamente, como argumenta este artículo, la trampa es un mito. Lampadia