Cecilia Blume
Para Lampadia
A veces es complicado hacer las obras que tanto necesitan los peruanos. Tenemos demasiadas normas, la mayoría no sirven y lo único que hacen es cumplir con actos administrativos que nadie sabe para que existen. Tenemos requisitos sin sentido, miles de documentos que llenar, varios departamentos donde van los documentos, personas que los leen sin entender bien lo que significan porque muchas veces les llegan sólo parte de los mismos y luego, para ponerle la cereza al helado, cambian los funcionarios constantemente y se requiere un nuevo aprendizaje pues, desafortunadamente, la función pública no es valorada.
El Perú tiene muchas necesidades y en muchos casos hay dinero para hacer obras, pero no somos capaces de llevarlas adelante. Esto, que llamamos “incapacidad de gestión” se puede resolver cuando se juntan los sectores público y privado para lograr su realización.
En el año 2008, se dio la Ley Nº 29230, “Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado”. que crea el sistema de Obras por Impuestos y permite que las empresas usen hasta el 50% de su impuesto a la renta del año anterior para hacer obras y con estas pagar sus impuestos. Este sistema, que es creativo, reconoce la importancia del trabajo conjunto de privados y públicos. Esta ley, modificada varias veces, no ha sido muy efectiva hasta la fecha. Básicamente porque el sector privado considera que es engorrosa y finalmente es más fácil pagar impuestos directamente y dedicarse a sus propias actividades. Sin embargo, hoy hay algunas empresas que quieren hacer estas obras sobre todo en los lugares más pobres y por eso debemos intentar aplicar este mecanismo.
Las obras por impuestos se pueden hacer en todo el país en diversos sectores tales como salud, educación, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industrial turismo, pesca, deporte, ambiente, remediación de pasivos ambientales, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones, justicia, acceso a servicios de atención al ciudadano, mercado de abastos, incluyendo su mantenimiento.
Se requiere un proyecto bien hecho que pase por el Control Previo de la Contraloría básicamente para verificar si la entidad tiene presupuesto para asignarlo. Luego una empresa seria, que a su vez elija a una constructora adecuada. Una supervisora puesta por el Estado que acompañe el proceso y posteriormente el informe final de la Contraloría que permita imputar lo invertido. Todo esto puede parecer complicado, pero no necesariamente lo es tanto, sobre todo si se hace infraestructura estándar: postas, colegios, comisarías, muelles, agua y desagüe, entre otros. Hay un aprendizaje que lograr, pero una vez que se tenga se puede hacer mucho. El monto máximo del CIPRL, el certificado negociable con el que pagas tus impuestos, está atado para los gobiernos regionales y locales a los recursos del canon, sobre canon, regalías y rentas de aduanas. Esto debe ser verificado antes de empezar un proyecto.
Lo cierto es que cuando los ciudadanos de una zona pobre reclaman, lo hacen por tener una vida digna contando con servicios de primera necesidad. Es ahí donde los privados y los públicos, unidos, pueden hacer una gran diferencia: agua y desagüe, postas, escuelas, todo con Obras por Impuestos. Lampadia
