IPE – Desafío
Luis Alberto Arias
31 de marzo del 2022
Nuestro país requiere una reforma profunda que conlleve la simplificación, digitalización y reducción de costos que el Estado impone a los ciudadanos
Tradicionalmente se ha señalado que en el Perú la presión tributaria es baja comparada con estándares internacionales. De acuerdo con las Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe 2021[1], la presión tributaria de Perú para el año 2019 fue de 16.6% del PBI, muy inferior al promedio de los países de la región que fue de 22.9% del PBI para el mismo año.
Ver en Lampadia: Cuidado con el fiscalismo desorientado
El nivel de la presión tributaria de Perú no incluye, sin embargo, lo que denomino las “otras cargas fiscales” que incluyen los aportes por regulación, las tasas que cobran ministerios, gobiernos regionales y locales y las multas.
Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima e INDE Consultores[2], estas otras cargas representan el 7.5% de la carga fiscal global y equivalen al 2% del PBI. De acuerdo con el estudio citado, la magnitud de las otras cargas es equivalente a la recaudación de las contribuciones sociales, superan a la recaudación del impuesto a la renta de las personas y son cinco veces el equivalente de los impuestos al patrimonio. No cabe duda que se trata de una carga fiscal significativa como señala el estudio que estamos comentando.
De acuerdo con este estudio, los principales aportes por regulación y tasas que cobran los organismos públicos, incluyendo ministerios, equivalen a 0.4% del PBI en el año 2014. Por otra parte, las principales tasas y multas que cobran las municipalidades equivalen a 0.3% del PBI en el año 2014.
Como ejemplo de estas otras cargas se encuentran: las tasas registrales de SUNARP (S/536 millones según cifras del 2014), los trámites por DNI que cobra la RENIEC (S/141 millones), los derechos de examen de admisión (S/120 millones), los trámites judiciales (S/96 millones), las autorizaciones de inspección y control sanitario (S/80 millones) y los certificados de antecedentes policiales (S/78 millones).
En el caso de las municipalidades, destacan los arbitrios de limpieza pública (S/454 millones en el año 2014), el serenazgo (S/273 millones), las multas de tránsito (S/249 millones), los arbitrios de parques y jardines (S/174 millones) y las licencias de construcción (S/174 millones).
Estos montos recaudados, que son costos que los ciudadanos deben asumir por recibir supuestos servicios del Estado, comprenden tanto los costos en que se incurre para efectuar los pagos como los costos para obtener el servicio. Por lo tanto, no consideran el costo de realizar los trámites (costo de la tramitología).
En el caso de los pagos, según la Memoria 2020 del Banco de la Nación, el banco en el que se realiza la mayoría de pagos de tasas administrativas, en el año 2019 se efectuaron 28.6 millones de pagos, buena parte de ellos en las ventanillas de las agencias. En el caso del servicio que se recibe, no existen estudios que cuantifiquen el tiempo que toma la expedición de documentos como el DNI, el pasaporte, el certificado de antecedentes judiciales o la copia de la denuncia policial, por citar algunos de los servicios con mayor demanda. Tampoco existen estudios que cuantifiquen los sobrecostos de estos servicios, es decir si el monto que se paga es superior al costo del servicio que se recibe.
Es cierto que en años recientes se han implementado algunas mejoras para reducir el costo de la tramitología como es el caso de la implementación de la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación, que permite efectuar los pagos desde un celular o de una laptop, pero el número de pagos que se realiza utilizando esta plataforma es aún reducido. Así, en el año 2019 se efectuaron 1.2 millones de pagos y en el año 2020, 3.5 millones de pagos utilizando esta plataforma. También es el caso de la expedición del certificado digital de antecedentes policiales lo que permite imprimir el certificado en una impresora en casa. Pero, en general, los avances son aún bastante reducidos. No se comprende, por ejemplo, las largas colas que día a día vemos en las oficinas de RENIEC para efectuar trámites de renovación o expedición del DNI. Dichos trámites podrían digitalizarse completamente, incluyendo además la entrega de documentos a domicilio.
Nuestro país requiere una reforma profunda que conlleve la simplificación, digitalización y reducción de costos que el Estado impone a los ciudadanos por los diversos trámites y servicios que existen. Este es nuestro desafío.
Notas al pie:
[1] BID, CIAT, ECLAC, OCDE
[2] Perú. Hacia un sistema tributario eficiente que elimine la informalidad
