Por: Yeseina Álvarez
Perú21, 29 de abril del 2022
“Los dos últimos y mediáticos proyectos presentados por el Ejecutivo, tanto el proyecto de ley para una nueva Constitución como el de castración química, resulta evidente que sus análisis y sustentos son muy pobres”
El proyecto de ley presentado por el gobierno para imponer una Asamblea Constituyente, además de ser inconstitucional, un distractor y de contener plagio, implica algo grave que no estamos viendo y nos lanza una alerta sobre cómo están precarizando el Estado.
Si descargamos del portal del Congreso los dos últimos y mediáticos proyectos presentados por el Ejecutivo, tanto el proyecto de ley para una nueva Constitución como el de castración química, resulta evidente que sus análisis y sustentos son muy pobres, pero fíjense, además, que solo llevan un sello de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y no cuentan con los vistos buenos que por norma deben otorgar las direcciones técnicas competentes.
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Reglamento de Organización y funciones del MINJUSDH están claras las competencias en el procedimiento para proponer leyes, en el cual son necesarias las opiniones de otras áreas técnicas.
Esos dos proyectos no tienen opiniones técnicas como manda la ley y el propio reglamento del Ministerio de Justicia. Es así de rotundo por la pobre sustentación, pero también porque no están las firmas y sellos de esas áreas. El proyecto de castración química debería llevar, por lo menos, el visado de tres direcciones del ministerio: Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, Asuntos Criminológicos, y Derechos Humanos. El proyecto de Asamblea Constituyente, cuando menos, el de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Tampoco parece que estos despropósitos del gobierno hayan pasado por el análisis de impacto regulatorio al que está obligado.
Esto significa que el gobierno está haciendo lo que quiere y no está respetando una práctica que existe para evitar la arbitrariedad de los actos del Estado en perjuicio de los ciudadanos, para que el Ejecutivo no saque despropósitos de proyectos de ley sin el procedimiento legal debido y sin las opiniones o informes técnicos de las áreas competentes. Es una muestra de que están debilitando el Estado por dentro, capturándolo y, sobre todo, alineando las instituciones al servicio de sus fines políticos.
