En un país como el nuestro, que se debate entre el amor y el odio por la participación privada en la prestación de servicios públicos, es comprensible que a algunos economistas los entusiasme una herramienta como el comparador público-privado (CPP), un método desarrollado para decidir si resulta más conveniente hacer un proyecto de infraestructura pública mediante una asociación público-privada (APP) o mediante la provisión pública tradicional (PPT), en la que un organismo público ejecuta la obra directamente o vía contratos con terceros.
En teoría, el CPP permitiría asignar los recursos públicos de forma eficiente. Lamentablemente, en el Perú esta metodología es inviable y su aplicación puede llevar a serias demoras en el proceso de decisión de la inversión pública –tan necesaria para cerrar la brecha de infraestructura que sufre el país–, como muestra una reciente investigación del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Tal como está planteado actualmente en su marco legislativo, el CPP busca comparar los costos de ejecutar un proyecto –estimando su valor presente ajustado por riesgos– tanto vía una APP como mediante una PPT. Así, un primer gran error de este método es asumir que la ejecución y la gestión de una obra pública por el esquema de la PPT o por APP no tendrán diferencias en el producto entregado, en su calidad, ni en su generación de ingresos.
Con ello, se olvida que la motivación central de las APP es que de ellas se espera una mejor gestión, omitiendo los incentivos que tiene la empresa privada frente a la entidad estatal para desarrollar la obra con prontitud y eficiencia, y la existencia de un contrato –habitualmente de una larga duración (20 o 30 años)– y una regulación adecuados.
Un segundo error tiene bases más prácticas: existen serias dificultades con la medición cuantitativa del CPP. Este problema parte de un pendiente que venimos arrastrando por mucho tiempo: no existe una medición de la calidad de la obra pública que pueda ser transversal a los diversos sectores y de fácil acceso a quien quiera definir períodos de demora, costos finales de inversión o mantenimiento, entre otros.
Todo esto es imprescindible para estimar los costos y riesgos del proyecto. En el Perú, como sabe cualquiera que deba lidiar con los sistemas de información del Estado –y como confirma el estudio del IPE–, estos datos son escasos y de baja confiabilidad. Calcular el CPP de manera técnica y precisa será prácticamente imposible para la entidad encargada de hacerlo.
Finalmente, existe un problema de institucionalidad para realizar un análisis CPP, aun cuando se contaran con la información para poder realizarse. La coordinación multisectorial y la necesidad de una planificación multianual de la inversión hacen que, en la práctica, la realización de un análisis CPP se convierta presumiblemente en una traba más a la inversión.
Eso sin contar que por la poca precisión de la información y la discrecionalidad en su uso, conllevará a una parálisis mayor para los funcionarios públicos que deban aprobar el resultado del análisis ante los potenciales cuestionamientos de la contraloría.
Estamos, entonces, ante un mecanismo que en teoría puede sonar correcto, pero al ser inaplicable en el Perú de hoy puede perjudicar los procesos de inversión. Mejor construyamos, poco a poco, un sistema de evaluación de la inversión pública y un Estado con capacidad de hacer contratos de concesión sólidos y con los riesgos adecuadamente asignados.
Publica en El Comercio, 25 de noviembre de 2013
