Uri Landman
Para Lampadia
En un país en el que estamos acostumbrados a tener “Elefantes Blancos” abandonados por doquier, no debería sorprendernos ver uno más. Sin embargo, por la magnitud del derroche y robo de recursos, la “Modernización de la Refinería de Talara”, se lleva todos los premios.
Recordemos brevemente, cuando en diciembre del año 2013, el presidente del Consejo de Ministros Cesar Villanueva (procesado por corrupción), anunció que el proyecto de ley que “declaraba de necesidad pública e interés nacional la modernización de la refinería de Talara”, había sido aprobado por el gobierno del entonces presidente izquierdista Ollanta Humala (también procesado por corrupción). El proyecto inicial que había sido valorizado en mil trescientos millones de dólares, se incrementó a tres mil quinientos millones según lo informó en aquel entonces el ministro de economía Luis Castilla. Según el ministro de energía y minas, Jorge Merino, este proyecto de “necesidad pública” permitiría incrementar la capacidad de refinación de Talara desde los 65 mil barriles por día (MBD) a 95 MBD, pero más importante que el aumento en la capacidad de refinación era la reducción del contenido de azufre del petróleo refinado desde las 2,000 ppm (partes por millón) a 50 ppm según lo exigía la nueva ley de comercialización de combustibles publicada el 1 de enero del año 2010.
Han pasado más de 9 años desde que empezó dicho proyecto y hasta la fecha no culmina. Según información de Humberto Campodónico, el nuevo presidente de Petroperú, (aunque ya había ejercido el mismo cargo entre Julio del 2011 y diciembre del 2012), el día 12 de abril se “dio inicio a las pruebas para el arranque gradual”, pero que tomarán otros seis meses en tener el proyecto concluido.
Según investigaciones y acciones de supervisión de la Contraloría, la empresa ha invertido la suma de 5,718 millones de dólares. El contralor manifestó que en el primer informe de auditoría de cumplimiento de la Contratación de los servicios y ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios, han determinado responsabilidades administrativas y civiles de tres ex presidentes de Petro-Perú, 14 ex miembros del directorio, dos ex gerentes generales y 25 funcionarios. Por otro lado, el perjuicio económico detectado en esta primera auditoría es de 1,100 millones de soles.
Más difícil de creer, es que todavía hay defensores de un proyecto tan absurdo como la modernización de la refinería de Talara. Con el monto gastado, 5,718 millones de dólares, se pudo haber comprado una refinería completamente nueva con capacidad de 95 MBD y nos hubieran sobrado 2,000 millones de dólares. Según diversas fuentes que pude consultar, el costo de la construcción de una refinería nueva, se estima en $ 41,000 por barril diario de refinación, lo que significa que una refinería nueva de 95 MBD nos hubiera costado 3,895 millones de dólares con el consiguiente ahorro indicado.
Ello, sin tener en cuenta que la producción en nuestra selva del petróleo pesado que utiliza Talara, no superó los 12,600 barriles diarios el año pasado según cifras de Perú-Petro. Como sabemos, la mayor parte de las operaciones petroleras en la selva peruana, están detenidas hace años por diversos conflictos sociales, incluyendo el uso del oleoducto norperuano. Según Petro-Perú: “la ausencia de crudo de Loreto por conflictos sociales o las producciones de menores volúmenes, no afectará Talara, pues su operatividad está basada en la importación de crudo de países limítrofes (Ecuador) o de países con crudo pesado de similares características”.
No debería sorprendernos la falta de criterio de los funcionarios de Petro-Perú. Al fin y al cabo fueron funcionarios de Petro-Perú quienes diseñaron y construyeron el oleoducto norperuano, que según el Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo, tiene capacidad para transportar 500,000 barriles diarios, pero ni en sus mejores épocas se superaron los 150,000 barriles.
Una pregunta que salta a la vista, pero que por extraños motivos casi no se toca es: ¿quién es el contratista de este megaproyecto? Según la información que he podido encontrar, la empresa española Técnicas Reunidas, firmó el contrato para la ejecución de una parte primordial por un monto equivalente a 2,730 millones de dólares, los cuales como sabemos se quedaron cortos. Pregunto: ¿hay alguna investigación por corrupción en curso o es que todo el proyecto estuvo libre de retrasos, sobrecostos y adendas?
Para los “expertos”, los “opinólogos” y los políticos de izquierda, que con su ceguera ideológica todavía piensan que el estado debe ser empresario y estar metido en el negocio de hidrocarburos, aquí les dejo unas cuantas cifras para que se las metan al cerebro y entiendan de una vez por todas que el estado es un pésimo empresario:
En el año 2012, la empresa petrolera española Repsol, dueña de la refinería “La Pampilla” empezó su proyecto de modernización, para reducir el porcentaje de azufre a 50 ppm según lo requería la nueva ley de comercialización del año 2010. El proyecto a cargo de la también española Sacyr Ingeniería e Infraestructura, tuvo varias etapas pero terminó en el año 2018 en el tiempo establecido. Se alcanzaron los objetivos de reducir la cantidad la cantidad de azufre en el combustible y además ampliar la capacidad de refinación de 102 MBD a 117 MBD, todo a la módica suma de 750 millones de dólares. Una verdadera ganga comparados con los 5,718 millones que todos los peruanos tendremos que pagar por la modernización de Talara. Más aún, Repsol ha iniciado el proyecto para reducir aún más el contenido de azufre en los combustibles a 10 ppm, según la norma EURO 6 a un costo de 30 millones de dólares.
A esos políticos de izquierda, que nos quieren vender la idea que el Estado debe ser dueño de todo, les recuerdo lo que dijo el presidente estadounidense Ronald Reagan: “Las palabras más terroríficas que he escuchado son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudarte”. Lampadia
