Escuchábamos a diario hablar de la necesidad de avanzar con las reformas económicas como único camino para continuar creciendo. Curiosamente, ahora que la economía se desacelera, alejando el objetivo de reducir la pobreza, la actitud del Gobierno no ha sido la de lanzar aquellas reformas que se sabe producirán crecimiento sostenido. Por el contrario, la reacción ha consistido en echarle un poco de dinero público a la economía y hacer un llamado a la calma y a la recuperación de la confianza. Lo que vivimos, se nos dice, es algo circunstancial; un bache del que la economía saldrá en pocos meses y que todo regresará a su estado normal de rápido crecimiento y progreso ininterrumpido.
Es cierto y razonable esperar un rebote en el crecimiento en los meses venideros y estoy seguro que en el próximo año y el siguiente veremos tasas de 5% y quizás algo mayores.
¿Es tan poca nuestra ambición? ¿Es nuestro único plan el de tener mejor crecimiento en el 2015 y el 2016? ¿Qué fue de nuestra aspiración de convertirnos un país desarrollado, de eliminar la pobreza, se superar la “trampa de los ingresos medios”, de mejorar nuestras instituciones, tener un poder judicial digno de ese nombre, luchar por fortalecer nuestro capital humano, lanzarnos a innovar, mirar al Asia como un continente con el que debemos competir exitosamente?
Es cierto que el Gobierno ha emprendido algunas reformas importantes: Servicio Civil, Educación y Salud. También es cierto que hay un anhelo, expresado en el “Plan de Diversificación Productiva”, que reconoce muchas de nuestras carencias en términos de capital humano, infraestructura, baja y heterogénea productividad, y una organización estatal que obstruye el emprendimiento con su agobiante sobrerregulación. Todo bonito. Pero la lectura del Plan me evoca la sentencia de Friedrich Hayek: “La curiosa tarea de la ciencia económica es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben acerca de aquello que se imaginan que pueden diseñar”.
En el Perú existe una reforma pendiente sin la cual difícilmente se alcanzarán los nobles objetivos que parece trazarse el Gobierno: la Reforma Laboral.
¿Qué éxito podrían, por ejemplo, tener los esfuerzos de cubrir la enorme brecha de productividad que nos separan de los países desarrollados si tenemos a más de tres cuartas partes de la fuerza laboral trabajando en la informalidad? ¿De qué aumento productivo podemos hablar cuando 90% de los jóvenes con más de 14 y menos de 24 años trabajan de manera informal sin derecho laboral alguno y en una precariedad inaudita? ¿Qué aspiración al desarrollo podemos contemplar si nuestro sistema laboral es más rígido y menos propicio para la creación del empleo formal que en todos los países desarrollados que integran la OECD? ¿Qué Alianza del Pacífico queremos forjar si el Perú tiene los costos no salariales y costos para el despido mucho mayores que en Chile, Colombia y México?
Empecemos pues por abordar la más urgente de las reformas y acabar con la hipocresía de decir que los trabajadores en el Perú gozan de derechos laborales. Recuerden nuestros temerosos políticos que, al igual que se pudo abrir la economía e integrarla al mundo, será mejor temprano que tarde que rompamos el tabú de la reforma laboral.
