Muchos observadores de la política peruana identifican la falta de liderazgo como el principal problema del Gobierno: un jefe de gabinete por semestre parece ser evidencia suficiente de tal carencia. Es por ello que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno auguran una doble buena noticia.
La primera es que el conjunto de medidas anunciadas conforman un potente grupo de acciones que, si en efecto se aprueban, tienen el potencial de dar un quiebre a la tendencia declinante de las expectativas económicas. El mal ambiente empresarial privado y el desánimo que parece haber invadido al consumidor son temas que requerían de acción urgente.
El segundo suceso, y de lejos el más importante, es que finalmente el Ejecutivo parece estar hablado con una sola voz: medidas como las anunciadas no serían ni remotamente posibles sin una revolución al interior del Gabinete. Hasta ahora el Consejo de Ministros parecía estar compuesto por individuos con agendas variadas y por lo general divergentes en pos de triunfos individuales que irremediablemente se convertían en fracasos colectivos.
Aunque al momento de escribir esta columna no se conoce el detalle de las medidas a adoptarse, me parece evidente que algún criterio sensato parece haber primado al interior del Gabinete para hacer notar al presidente y al conjunto de los ministros que es el sector productivo quien crea la riqueza, el empleo, y sustenta con sus impuestos al Estado; y que tratarlo como apestado o un mal necesario es un despropósito.
El paquete anunciado trata de atacar finalmente una parte del infierno en se han convertido los trámites en el Perú; le quita a los funcionarios fiscalizadores el apetito por usar su poder para beneficio propio, y el de sus agencias cuando acotan, o multar desaprensivamente sin atención al daño productivo que ocasionan. Se propone poner límites de tiempo a la duración de trámites tanto en el Gobierno Central como en los gobiernos regionales y locales, y se ataca la discrecionalidad, hoy existente, que permite a la autoridad tributaria interpretar la ley, y la que poseen las autoridades ambientales y laborales para frenar la inversión con requisitos absurdos.
En el campo del ordenamiento territorial se trata de poner freno a las invasiones de terrenos por lo general perpetradas por traficantes de tierras.
Si el Gobierno logra tener éxito en convertir el actual vía crucis de los permisos de funcionamiento, estudios de impacto ambiental, requisitos de defensa civil, estudios de trafico y demás en procesos racionales donde se presuma la buena fe del productor al tiempo que se castiga al verdadero infractor; se habrá dado un paso enorme para darle predictibilidad a las normas que rigen en el país.
Por supuesto que muchas de estas medidas no verán la luz sin pasar por el Congreso. Allí se toparán con las agendas tan divergentes de las fuerzas políticas o las de algunos congresistas en particular que verán en cada una de estas normas la oportunidad para avanzar algún demagógico interés político. En el Congreso se forjan carreras desinformando sobre temas tan variados como los referidos al sistema pensionario o los un servicio público de transporte o de comunicaciones. No olvidemos que el Congreso es cuna de quienes hicieron fama y pasaron a la historia mediante la innoble hazaña de retrasar la explotación del gas por más de dos décadas.
Hemos tenido que esperar a ver la desaceleración económica en nuestras propias narices para atrevernos a actuar. El Gobierno ha perdido valioso tiempo en atacar todo aquello que ha impedido que este año la economía crezca como muchos anticipaban sin darse cuenta que el espíritu emprendedor puede terminar por agotarse en la lucha contra el monstruo burocrático.
Me parece que es ya muy tarde para esperar que las medidas a adoptarse se reflejen en los números económicos de este año, pero si el Gobierno logra revertir el pesimismo actual haciendo que las nuevas normas se tornen efectivas en la realidad, bien podríamos estar vislumbrando un gran crecimiento en el año próximo.
