Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 17 de octubre de 2017
La emergencia de los desastres naturales provocados por El Niño costero tuvo la virtud de energizar a todo el Gobierno e inyectar una dosis de solidaridad extraordinaria en toda la sociedad peruana. Vimos a ministros, policías, alcaldes y ciudadanos comunes movilizándose para hacer llegar ayuda, y a los mismos damnificados ayudándose unos a otros. Creo que los peruanos pudimos ver al Gobierno en su mejor hora y no cabe duda de que la población entera reconoció y aplaudió el esfuerzo desplegado.
Terminada la emergencia, y antes de iniciarse la reconstrucción, llegó el momento de la rehabilitación. Es decir, de todo el conjunto de tareas destinadas a atender las secuelas inmediatas de las inundaciones y los huaicos para traer algo de normalidad a la vida de más de un millón de compatriotas sufrientes por la casa semidestruida, el puente intransitable, el pequeño camino borrado por el alud, el niño sin ir a la escuela, las enfermedades y el cultivo arruinado.
Aquellos que sufrieron la catástrofe quizá pensaron que una vez terminadas las lluvias el Estado continuaría ayudándolos con el mismo ímpetu que mostró en los meses anteriores. Eso no ocurrió. De allí los problemas y quejas suscitados terminada la emergencia.
Ha llegado la hora de la reconstrucción y existen serias dudas respecto de si tenemos un Estado con las capacidades adecuadas para llevar a cabo una tarea tan extensa y variada.
A fines de abril se logró promulgar una buena ley que incluyó un conjunto de disposiciones extraordinarias para acometer la tarea y, al mismo tiempo, se creó la llamada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Pero una vez identificada la magnitud de la tarea saltan a la vista peligros evidentes y dudas razonables de que tal labor pueda llevarse a cabo con éxito.
Empecemos por la magnitud de la tarea. Se dispone gastar más de S/25.000 millones (77% en reconstrucción, 21% en prevención y desarrollo urbano, y solo 2% en desarrollo de capacidades institucionales). ¡El número de obras a ser ejecutadas por los tres niveles de gobierno es de 9.976! ¿Suena esto razonable? ¿Tienen las unidades ejecutoras capacidad para diseñar, licitar, supervisar y concluir a tiempo un número tan grande de obras? ¿Tienen los órganos de control la capacidad para vigilar la idoneidad de los procesos y la calidad de las obras? A la fecha se han licitado cuatro obras en Piura y otras tantas en La Libertad pero, con excepción de una o dos, tales licitaciones han sido observadas por la Contraloría General de La República (CGR) con la consecuencia de que esos procesos han sido anulados por las unidades ejecutoras respectivas.
La naturaleza de la acción de la CGR ha sido fundamentalmente preventiva. No ha actuado tratando de buscar delito, sino que ha intervenido para ayudar concurrentemente en los procesos de licitación y ejecución. Pero la calidad de los expedientes técnicos y la planificación de estas obras han sido tan deficientes que la misma unidad ejecutora se ha abstenido de llevarlos adelante.
Y no se trata de deficiencias simples. En un caso, por ejemplo, se pretendió ejecutar una obra de pavimentación urbana utilizando como expediente técnico el de otra obra consistente en la construcción de una carretera.
Otro problema que presagia un mal resultado es asignar recursos adicionales a unidades ejecutoras que han demostrado no tener capacidad para implementar los presupuestos ordinarios de inversión que se les asigna en el Presupuesto de la República.
Nos enfrentamos a un problema mayúsculo en que existe una alta probabilidad de que las obras de reconstrucción y prevención tengan tales deficiencias en su diseño y licitación, y tales demoras en su ejecución, que terminen descarrilando todo un esfuerzo en el cual el Estado tiene asignada una suma equivalente al 13% del PBI con consecuencias sociales, políticas y económicas imprevisibles.
Trabajar de forma atomizada con 306 unidades ejecutoras es a todas luces una mala idea. Hay todavía tiempo de enmendar el proceso antes de que se torne en inmanejable. El conjunto de obras debe ser empaquetado en conjuntos más grandes, la responsabilidad de estos conjuntos debe estar a cargo de empresas importantes de prestigio que trabajen subcontratando a empresas locales. El proceso debe centralizarse en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde existe la familiaridad con los procesos presupuestales. Y el ministerio a su vez debe contar con una empresa de ingeniería de talla mundial que asesore en todo el proceso. Los peligros son evidentes, como es también evidente la necesidad de evaluar todo el proceso antes de que sea tarde.
