Por Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 23 de enero de 2018
Hace 25 años, el recién nombrado ministro de Economía, Jorge Camet, me pidió que lo acompañase como asesor principal. A la postre, Camet se convertiría en el ministro con más tiempo en esa cartera. Fueron cinco años duros, con intensas reformas que permitieron sentar las bases del progreso que el Perú ha logrado. Al término de aquel período, el Perú estaba encaminado, no solo en la senda de crecimiento –con una economía que aumentó su tamaño en 41%–, sino que había comenzado una dramática disminución de la pobreza.
Cuando iniciamos la tarea en 1993, recibimos un golpe psicológico –al parecer inofensivo y para muchos sin importancia– que traía un mensaje ominoso: la prestigiosa e influyente revista “The Economist” nos había retirado de la lista de los seis países más importantes de América Latina, para los que reportaba semanalmente una vasta lista de indicadores económicos. Este año, en su última edición, “The Economist” ha anunciado el regreso del Perú a su ampliamente difundido reporte estadístico; algo que se debe, en parte, a la debacle de la economía venezolana, que ya no integrará el grupo y que este 2018 terminará con una economía de menor tamaño que la peruana. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, ¡su economía duplicaba la peruana!
Esta pequeña anécdota sirve para recordar que, a inicios de la década de 1990, el Perú se parecía mucho a la Venezuela de hoy. Ilustra también cómo dos modelos económicos diametralmente contrapuestos sirvieron, en un caso, para rescatar al Perú de su comatoso estado de país fallido y, en el otro, para destruir al que fue uno de los países más ricos de América Latina. Mucho más importante aun, nos sirve como advertencia sobre las tentaciones del populismo que nos vende leyes en apariencia populares que, sin embargo, resultan ser semillas de atraso para años venideros. Esta anécdota nos advierte, también, que la ausencia de reformas urgentes está privando al país de empleos necesarios en un contexto de crecimiento inaceptablemente bajo. Hoy, el Perú está desaprovechando el beneficioso bono demográfico de tener a 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral y que podrían ocupar empleos de mayor productividad en momentos en que la economía mundial se expande de manera generalizada.
Más allá de las evidentes intervenciones de largo aliento para remediar los déficits en educación, salud y justicia, el Estado tiene ante sí problemas cuya solución debería ser objeto de acuerdos políticos inmediatos.
Aquí algunos ejemplos de esos problemas:
1. Los fallos del Tribunal Constitucional que, con el deseo de favorecer al trabajador al ordenar la reposición en el puesto en lugar de la indemnización por despido arbitrario, terminan afectando a todos los trabajadores. Estos fallos llevan a que se eliminen puestos de trabajo a tiempo indefinido, llenan el mercado laboral de puestos temporales (con menor salario), atentan contra la sindicalización e impiden la capacitación laboral.
2. La explosión de trámites en los tres niveles de Gobierno. Estos subsisten por no implementar la reforma regulatoria –ya legislada– que permita eliminar el trámite innecesario y prohibir, por ejemplo, que la entidad pública retenga para sí el dinero que cobra por el “servicio” que brinda. Esta situación incentiva a crear más trámites inútiles que asfixian la iniciativa de los individuos.
3. La falta de un mercado de aguas que permita, entre otras cosas, que quien construya infraestructura hídrica pueda vender agua, en vez de que esta se pierda en el mar. Por temor a enfrentar a tal o cual grupo de interés, el Perú desperdicia ingentes cantidades de un valioso recurso, o lo utiliza para fines absurdos como aquel de cultivar arroz en los desiertos.
4. El calamitoso estado de la política regulatoria del sector eléctrico, que ha devenido en un exceso de capacidad de generación eficiente financiada por el consumidor final. Esto le quita competitividad a toda la economía y le permite a un segmento muy importante del sector eléctrico captar rentas monopólicas.
5. La falta de una verdadera reforma del sistema de pensiones. Una ausencia que deja desprotegido al grueso de los ciudadanos y que pone en peligro, al mismo tiempo, la estabilidad fiscal de la nación.
6. La ausencia de un plan nacional de infraestructura que Pro Inversión lleve adelante con asesoría internacional de primer nivel, con el fin de garantizar la provisión de infraestructura productiva al menor costo posible.
7. La falta de un plan articulado para aprovechar los enormes recursos mineros, en armonía con el cuidado del ambiente.
La constante y repetitiva referencia a los problemas políticos que enfrentamos no exime a políticos y economistas de poner en evidencia los terribles costos, así como los nuevos e insospechados problemas que la inacción genera.
