A principios de este año, “The Economist” destacaba la noticia de la exportación chilena de cerezas como ejemplo del esfuerzo del país por diversificar su economía. Un éxito notable: en los últimos años las exportaciones de cerezas se habían multiplicado 25 veces llegando a la cifra de US$1.100 millones. Es decir, el valor exportado de solo este producto equivale a las dos terceras partes de todo el vino que Chile exporta y por lo que ese país es conocido en todo el mundo.
Con todo lo impresionante que este logro puede ser, lo que hemos visto en el Perú en el campo de la agroexportación es bastante más meritorio. Tres productos: uva, palta y arándano. Su exportación era casi inexistente hace pocos años, sin embargo, sumaron el año pasado exportaciones por US$2.100 millones. Ello es 35% mayor que la exportación de harina de pescado y más de la cuarta parte del valor total de la exportación de oro.
La agroexportación ha tenido un desempeño espectacular y lo ha hecho a pesar de tener grandes desventajas, particularmente en términos de altísimos costos logísticos y la escasa disponibilidad de agua en la costa, región que concentra el grueso de la producción. Con más de US$7.000 millones de exportación en el 2018, ello es un ejemplo de lo que el mercado competitivo y políticas públicas sensatas pueden lograr en corto tiempo en términos de crecimiento, empleo, y disminución de pobreza. Un factor decisivo para el despegue de la agroexportación ha sido la existencia de la Ley de Promoción Agraria que ha compensado las desventajas mencionadas, y más importante, ha permitido flexibilidad en el empleo. El resultado ha sido un shock de formalización en el campo donde hasta hace poco (2012) el 97% del empleo era informal. Más aun, los impuestos recaudados por el ‘boom’ exportador no son nada despreciables. Qué duda cabe que los intentos de modificar la ley, recortando sus beneficios o simplemente permitiendo que expire el 2021, son un ejemplo más del síndrome de fracasomanía agudo; un mal que aqueja a nuestra clase dirigente y en particular a algunos ministros y parlamentarios.
Pero, el sobresaliente éxito de la agroexportación no debe distraer la atención de la enorme tarea que el gobierno tiene por delante si ha de activar la principal palanca de progreso que posee la nación y que hoy se encuentra inutilizada: la minería. En efecto, mientras la agroindustria está limitada particularmente por la carencia de obras hidráulicas e infraestructura vial y portuaria, la minería podría desarrollar uno de los territorios mineros subexplorados más importantes del mundo: porque ostenta las claras ventajas competitivas que se expresan en sus bajos costos de operación. Esta potente palanca de progreso está desactivada por una mezcla de gobernabilidad deficiente, una regulación asfixiante y el miedo al movimiento antiminero; verdadero gigante con pies de barro que opera sembrando miseria con absoluta impunidad. En mi columna anterior mencioné esquemáticamente las consecuencias negativas en términos de progreso que el país ha sufrido al impedir que hoy el Perú sea el primer productor de cobre del mundo con la puesta en marcha de los proyectos identificados por el gobierno y el sector privado en el año 2011. Hoy, al igual que en la agroexportación, la minería podría fácilmente duplicar su producción en menos de 8 años con la ventaja de que desde el primer año y durante el proceso constructivo de los proyectos mineros se genera crecimiento y progreso diseminado en decenas de actividades productivas. El impacto en el crecimiento y el empleo es incluso mayor durante la construcción de una mina que cuando esta inicia sus operaciones.
Desafortunadamente, el país sigue atrapado en la falsa dicotomía (que se vende como verdad) entre el desarrollo de los recursos naturales y la diversificación productiva. El desarrollo minero o agroindustrial, o para el caso, cualquier sector productivo, genera de manera espontánea más producción en el resto de la economía. En el caso de la minería su desarrollo impulsa directamente sectores como el transporte, la construcción, la electricidad, el gas y vastos sectores de la manufactura y los servicios.
El Perú debe mantenerse vigilante ante la persistente, nociva e ideológicamente interesada corriente de opinión que pretende bloquear el progreso, vendiendo la idea de una economía bucólica donde los recursos naturales deben permanecer bajo tierra. Esta absurda narrativa llega incluso a apoyar sus argumentos en las ventajas obvias que ofrece una economía con más diversificación, para negarle al país el aprovechamiento de su ventaja absoluta en la producción minera. Ello es tan inadmisible como hubiera sido el haberle pedido a Canadá, Australia, Noruega o Finlandia que permanezcan pobres manteniendo sus recursos naturales inexplotados y no alcancen el estatus de economías avanzadas que hoy poseen.
Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 2 de mayo de 2019
