Por Roberto Abusada
(El Comercio, 25 de agosto de 2015)
Cuando el ministro de economía enfrenta la tarea de planear cuánto gastar el próximo año, debe estimar cuáles serán los ingresos del gobierno, y cuánto de ellos serán dedicados a gastos corrientes como sueldos y bienes y servicios, y cuánto desea dedicar a invertir en carreteras, construcción de escuelas, hospitales etc. Finalmente, debe decidir si planea tener un superávit fiscal o un déficit. En el primer caso podrá ahorrar esos fondos para gastarlos en el futuro, mientras que en el segundo deberá endeudarse. Si el país tiene ahorros, dedicará parte de ellos a cubrir ese déficit.
Sucede que en el Perú y muchos otros países los ingresos están muy influidos por los precios de exportación de las materias primas, y también por los ciclos económicos que pueden hacer que el crecimiento de la economía esté lento o boyante. De esta manera, si tenemos precios excepcionalmente altos de minerales que exportamos, los ingresos del gobierno serán excepcionalmente altos debido a la alta recaudación proveniente de las también excepcionales utilidades de las empresas exportadoras de esos minerales. En esas circunstancias es muy probable que las cuentas fiscales terminen superavitarias. Si en cambio esos precios están deprimidos y el crecimiento de la economía anda lento y por debajo de su potencial, se puede producir un déficit fiscal.
Un manejo sensato de las finanzas públicas debería considerar estos fenómenos y calcular cual sería el resultado fiscal en circunstancias “normales” para decidir si debe ahorrar o gastar. Pero ¿cómo calcular ese número cuando en realidad no lo podemos observar? En efecto existen métodos para estimar ese resultado al que los economistas llaman “déficit o superávit estructural”. Así, en las circunstancias de precios y crecimiento bajos el cálculo del déficit estructural será menor que el que se dará en la realidad al fin del año indicando así la conveniencia de aumentar el gasto.
El MEF ha anunciado que el déficit real que espera este año será 2% del PBI. Pero extrañamente trabaja con un déficit estructural de 2.5%, es decir mayor al déficit real planeado, lo que indicaría altos precios de las materias primas y crecimiento igualmente alto (algo que no concuerda con la realidad), y que en lugar de impulsar el gasto, se debería restringir. Se trata de un hecho desconcertante del cual el Ministro de Economía está seguramente consciente. De esta manera la regla fiscal aprobada por ley indica al MEF que debe ser conservador con el gasto en lugar de impulsarlo. Es más ¡el déficit estructural con que se trabajará el próximo año es aun menor (2%), lo que implica que el impulso fiscal que se imprimirá a la economía el 2016 será incluso menor al de este año!
La posición fiscal para el presente y el próximo año debe ser urgentemente modificada para impulsar el gasto en este y el próximo año de manera muy activa.
¿Qué sucederá si en efecto corregimos este error terminamos el próximo año con un déficit bastante mayor al del 2015, digamos equivalente a un 3.5% ¿ Se pensará en los mercados financieros internacionales que el Perú ha disminuido su solvencia y dañado su calificación crediticia? La respuesta inequívoca es no. A diferencia de otros países el Perú tiene una deuda publica pequeña (20% del PBI), y además el Fisco tiene ahorros equivalentes al 16.5% del PBI, por lo que su deuda neta es insignificante y equivalente a sólo 3.5% del PBI. El Perú entonces puede permitirse un déficit fiscal sustancialmente mayor siempre y cuando esté acompañado con un programa para su disminución en los años posteriores.
¿En qué debemos gastar más? ¿debemos impulsar la economía aumentando el gasto corriente o la inversión? La respuesta podemos encontrarla en los cálculos internacionales y los del propio Banco Central, que indican que por cada 1,000 millones de soles de más gasto corriente el PBI aumenta en 800 millones; en cambio si se dedican a inversión el impacto será de 1,500 millones. En este caso lo más aconsejable es inyectar más dinero para invertir allí donde la calidad del gasto esté garantizada y se pueda además obtener la máxima rentabilidad social.
El sector educación es quizás el candidato más claro. Un programa de asociaciones público-privadas suficientemente grandes para garantizar la participación de operadores nacionales y extranjeros de primer nivel podría impulsar la economía y ser a la vez la solución para construir en corto tiempo imprescindible infraestructura educativa.
