El Comercio, 3 de octubre de 2017
Por Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
La solidez que ostenta la economía peruana le permitiría, en teoría, promover el crecimiento sin el lastre de las dificultades macroeconómicas que agobian por igual a muchos países en vías de desarrollo y a economías avanzadas. Sin embargo, la existencia de débiles instituciones y la pobre calidad de las políticas públicas conspiran en contra de ese crecimiento.
Dentro de esas políticas, el Perú tiene en sus normas laborales el obstáculo esencial que impide la generación de empleo de calidad, el aumento de la productividad y, consecuentemente, el mayor crecimiento. Es bien sabido que el 72% de la fuerza laboral peruana trabaja en la informalidad con niveles de productividad bajísimos y, por lo tanto, obtiene ingresos que son, muchas veces, una pequeña fracción de los que perciben los trabajadores del sector formal. Definitivamente existen otras causas que deprimen la productividad laboral, pero no cabe duda de que en países con características socioeconómicas y grado de desarrollo similares al peruano, los niveles de formalidad en el empleo y la productividad laboral son sustancialmente mayores.
La causa determinante de esta situación es la existencia de una política laboral que ha llevado la inflexibilidad a niveles absurdos, particularmente en aspectos como los que rigen la contratación y el despido de trabajadores. Se trata de un hecho sobre el cual existe una sorprendente unanimidad entre economistas. Más aun, de acuerdo al último reporte de competitividad entre 137 economías que publicó la semana pasada el Foro Económico Mundial, el Perú figura entre los nueve países del mundo con las prácticas más rígidas de contratación y despido.
Las consecuencias de esta situación están a la vista de todos. El año pasado, la economía peruana creció 4% respecto al año anterior, pero en el sector privado solo se crearon 56.000 empleos formales. Se trata de una cifra insignificante frente a los casi 300.000 jóvenes que alcanzaron la edad de trabajar y a los millones de peruanos que se encuentran permanentemente subempleados (es decir, que trabajan en tareas con una productividad deficiente que les impide tener un ingreso adecuado para cubrir necesidades básicas). Este inaceptable estado de cosas se repetirá este año en que la economía crecerá menos que en el 2016.
Si la evidencia de estos hechos es tan clara y sus efectos tan devastadores para millones de peruanos, ¿qué impide a nuestros políticos corregir una situación tan absurda? La respuesta podemos encontrarla en el discurso de la izquierda conservadora que predica la idea de que eliminar la estabilidad absoluta que hoy existe en el Perú es ‘precarizar el empleo’ sin admitir que no existe empleo más precario que el empleo informal o el subempleo que incluye a la abrumadora mayoría de los trabajadores peruanos.
Sorprende igualmente que el nuevo gobierno, dentro del pedido de facultades legislativas que hiciera al iniciar su mandato el año pasado, no haya incluido la reforma laboral. Esto es tanto más grave si tenemos en cuenta la equivocada interpretación del artículo 27 de la Constitución que por más de 15 años viene haciendo el Tribunal Constitucional al considerar que la protección adecuada contra el despido arbitrario consiste en la reposición en el puesto de trabajo.
En sus fallos impregnados de ideología, el tribunal declara como inconstitucional el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 que establece la indemnización como única reparación frente al despido arbitrario. Es más, al elegir la reposición frente a la indemnización, el tribunal viola muchos de los preceptos incluidos en el Régimen Económico de la Constitución. Restablecer de facto la estabilidad laboral absoluta ha hecho que aún dentro de la escasa creación de empleos formales, el 68% no sea por tiempo indefinido sino a plazo fijo o temporal.
El nombramiento del nuevo Gabinete ministerial por parte del presidente Kuczynski debe ser aprovechado para pedir nuevamente facultades legislativas para remediar este y otros aspectos de la política laboral incluyendo, entre otros, aspectos que promuevan la capacitación laboral y el fomento del empleo juvenil. Es imposible que una economía moderna funcione eficientemente sin flexibilidad para contratar y despedir trabajadores.
La eliminación de la estabilidad absoluta se traducirá en una mayor generación de empleo de calidad al ayudar a la creación de nuevas empresas. Y permitirá que las empresas existentes tengan alternativas de adaptación ante las fluctuaciones del mercado o cambios tecnológicos que no sean, como sucede hoy, la quiebra, el cierre de la actividad y la pérdida total del empleo.
