Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 12 de julio de 2016
No cabe duda de que el presidente electo es plenamente consciente de que el principal activo de la economía peruana es su probada y consistente prudencia en el manejo de sus finanzas. Ello ha permitido mantener la inflación controlada, acumular reservas y, en los años de altos precios de los productos de exportación, acumular en el Tesoro Público ahorros importantes que equivalen a más del 16% del PBI. La mejora en la solvencia del Estado desde el año 2000 ha sido impresionante. Ese año el Perú tenía una deuda equivalente a casi la mitad del PBI; el año pasado la deuda representaba el 23% del PBI, y si restamos los ahorros en manos del tesoro la deuda neta equivale a solo alrededor del 7% del PBI. Más importante aun, luego de haber sufrido en carne propia los devastadores efectos de la hiperinflación de finales de la década de 1980, los peruanos apreciamos la estabilidad económica, y entendemos que esta es producto de la disciplina fiscal. Cuando en el 2008 la inflación que desde el 2001 mantenía un promedio del 2% por año amenazó salirse de control alcanzando 7%, la protesta ciudadana se reflejó inmediatamente en el desplome de la popularidad del entonces presidente Alan García.
Por esta razón los planes del presidente electo de mejorar las remuneraciones de servidores públicos y pensionistas, acelerar las inversiones y al mismo tiempo efectuar rebajas de impuestos, en un intento de ampliar el número de contribuyentes y disminuir el nivel de informalidad, han provocado interrogantes entre muchos economistas. ¿Por qué un proyecto tan ambicioso se lanza con las cuentas fiscales en déficit, y en medio de un escenario internacional tan complicado? En efecto, los ingresos del gobierno han caído en el equivalente del 2,2% del PBI como consecuencia de la caída en los precios de los minerales que exportamos, el menor crecimiento y las rebajas del Impuesto a la Renta decretadas por el gobierno el año pasado.
Se trata sin duda de una apuesta atrevida: atacar frontalmente la informalidad con una rebaja en un punto por año en el IGV para llevar la tasa actual de 18% a 15% en tres años; un régimen tributario especial para pequeñas y medianas empresas que incluye una amnistía respecto a obligaciones incumplidas, y un plazo de 10 años durante los cuales estas empresas podrán escoger entre pagar un tributo plano de 10% sobre sus ganancias o 2,5% sobre sus ventas.
Afortunadamente, si bien PPK espera que estas medidas aumenten la base tributaria y la recaudación, ha advertido que todo lo que propone estará supeditado a mantener un déficit fiscal no mayor al 3% del PBI que debe bajar paulatinamente hacia el 2019 para evitar un incremento desmedido de la deuda y arriesgar la calificación crediticia del Estado. Si tiene éxito, los beneficios para el país serían enormes.
Hay que advertir, sin embargo, que la informalidad en el Perú tiene más causas que solo aquellas relacionadas con la tributación. Si no, ¿cómo explicar que Brasil, con un agobiante nivel tributario que equivale al 38% del PBI, tenga un nivel de informalidad tanto menor que el peruano?
Para que el plan de PPK tenga éxito, debe agregársele varios elementos. Primero, un desmontaje masivo de la maraña de trámites que debe cumplir una empresa para ser formal. Segundo, la solución de los temas relacionados con la contratación y el despido de trabajadores. Tercero, una reforma en la administración tributaria, municipal y agencias fiscalizadoras del Gobierno Central. Cuarto, un texto de procesos administrativos gubernamentales único para todas las entidades del sector público. Quinto, la abolición de los incentivos perversos que nacen de llamados ‘recursos directamente recaudados’, que inducen a cada entidad a crear trámites innecesarios para cobrar por ellos. Sexto, la interconexión informática integral de todo el Estado. El resultado debe producir una evidente ventaja de la formalidad sobre la informalidad, y ello se logra con un Estado que aplica el mínimo de reglas de cumplimiento estricto, en lugar de miles de reglas inútiles, discrecionales y abusivas de cumplimiento flexible.
Finalmente, no debe preocupar sostener un déficit fiscal de 3% del PBI, si al mismo tiempo se tiene un plan sólido y creíble para hacerlo disminuir. La combinación de un buen plan de consolidación fiscal con el liderazgo para llevarlo a cabo constituye la terapia más efectiva para tratar casos de nerviosismo que puedan surgir al interior de cualquier agencia calificadora de riesgo.
Lampadia
