Se podría pensar que un país tan pequeño en el contexto mundial, como el Perú, se podría administrar con un núcleo burocrático relativamente pequeño. El Perú tiene una economía de mercado abierta al mundo y es estable macroeconómicamente, lo que significa que no necesita un aparato burocrático para controlar precios, tasas de interés, tipos de cambios múltiples, administrar cuotas, permisos para exportar e importar, comercializar insumos, exportar minerales o harina de pescado, o para administrar 170 empresas estatales y tres bancos de fomento, además de un par de grandes bancos comerciales. El Estado tampoco necesita invertir en un enorme cúmulo de maquinaria y equipos para construir carreteras, puentes, puertos y demás infraestructura productiva. Todas estas tareas desaparecieron en la década de 1990.
Ahora el Estado necesita proveer defensa, seguridad ciudadana, justicia eficaz; promover la competencia en el sector productivo y evitar el abuso de posición de dominio en el mercado.
Debe, además, asegurar niveles elementales y universales de salud, incluida la preventiva, y ocuparse de proveer educación de calidad para asegurar que todos los niños en situación vulnerable tengan acceso a los cuidados, alimentación y micronutrientes que les den la oportunidad de convertirse en ciudadanos de provecho para sus familias y su país. Para ello, el Estado cuenta con un presupuesto anual que es más del triple del de hace diez años y que equivale a unos S/.20.000 por cada familia.
Resulta, sin embargo, que el Estado opera en una institucionalidad deficiente. Tenemos fallas graves en el sistema judicial, la inseguridad ciudadana; y un desprestigio de los poderes del Estado, además de la carencia de partidos políticos sólidos que den fundamento a la democracia. Para tornar la situación más grave aun, al poner en marcha la necesaria descentralización de manera tan torpe como desaprensiva, hemos dilapidado el carácter unitario de la nación.
Como si esto fuera poco, existe hoy en el Perú, en los tres niveles de gobierno, una burocracia concentrada en garantizar su supervivencia y protección antes que en el servicio al ciudadano y la promoción del desarrollo. No se les puede culpar: tenemos un sistema de administración pública plagado de reglas opacas y sanciones que configuran incentivos perversos para el funcionario.
Además de estar mal remunerado, premiamos la inacción y castigamos a aquel servidor que actúe de manera diligente y proactiva. El burócrata hoy siente que si no hace nada, en un sistema poco transparente y reglamentarista, su puesto y tranquilidad personal están garantizados. Si, por el contrario, opta por aplicar su criterio y actuar según lo que sería una conducta diligente, se expone al escrutinio de la contraloría y eventualmente a la sanción administrativa o penal.
La semana pasada, después de sentir el entusiasmo de los empresarios y el del propio presidente de la República reunidos en CADE, es difícil no reparar en que el talento empresarial o la voluntad de un buen ministro no bastan si se deben desarrollar en una institucionalidad enferma.
Ver, por ejemplo, a un constructor que debe esperar un año para una licencia de edificación porque debe acudir a cinco dependencias administrativas, o emprender una negociación sin ? n para adelantar la construcción de una carretera concesionada, o ser víctima de una autoridad local que usurpa impunemente una función que pertenece al Gobierno Central.
Ver, por otro lado, a un Estado que tarda años en instalar un simple sistema de supresión de la señal celular en las cárceles para evitar los crímenes que desde allí se digitan, o controlar la comercialización y el uso del mercurio en la minería ilegal, no es sino comprobar que el éxito económico y social puede sucumbir en medio de una institucionalidad fallida.
Publicado en El Comercio, 3 de diciembre de 2013
