El reciente llamado del presidente Vizcarra al adelanto de elecciones representa la cumbre del severo perjuicio que la clase política peruana ha perpetrado en contra de la nación. En medio de la algarabía popular del ‘que se vayan todos’, se suman ahora la desaceleración del crecimiento y graves problemas que ahondarán la parálisis acarreando atraso y postergación. Los daños son fácilmente computables y serán exhibidos con vergüenza, no solo a fin de año, sino que persistirán bien entrado el 2020.
El estimado optimista de crecimiento de este año se sitúa en 2,5% y cualquier cambio en esa cifra será hacia el descenso. La demanda interna, que no es otra cosa que la suma de inversión más el consumo público y privado, sufrirá un importante deterioro. Las exportaciones netas, fuente tradicional del crecimiento peruano, tampoco aportarán nada significativo. El Perú tendrá un desempeño económico similar o peor que el que tuvo en el 2017. Las malas cifras de ese año, en algunos casos, lucirán mejores que las de este año. El empleo que se genere en el sector privado durante el año sumará un número inferior a los 42.102 empleos formales generados en el 2017. Esto frente a los 300 mil nuevos entrantes a la fuerza laboral y a los millones de peruanos desempleados o en el improductivo sector informal. Con menos empleo no debe sorprender que el crecimiento del consumo privado, que es el factor que más pesa en el PBI, esté siendo revisado constantemente a la baja. Y el otro contribuyente al aumento de la demanda como es el crecimiento de la inversión privada, en el pasado columna del crecimiento, será este año cero o insignificante. Las fuertes inversiones de tres importantes proyectos mineros no lograrán cambiar este pésimo resultado. Ante el estancamiento de la inversión privada, vemos al Estado atado de manos sin poder compensar esta falta de inversión con un fuerte shock de inversión pública a la que los estimados más optimistas la muestran creciendo solo 1%. Y finalmente lo más grave: al igual que en el 2017, por lo menos 315.000 compatriotas más regresarán a la condición de pobres. ¡Todo esto en un país con los fundamentos macroeconómicos más sólidos de toda Latinoamérica!
Es imposible no preguntar cómo hemos llegado a esta penosa situación. Sin duda encontraremos su origen en el resultado de las elecciones del 2016. Keiko Fujimori perdió la presidencia por unos pocos votos y no pudo digerir ese fracaso. La aplastante mayoría en el Congreso que sí obtuvo fue, sin duda, arma de obstrucción frente a un Pedro Pablo Kuczynski que fracasó una y otra vez en buscar formas de trabajar con una legítima oposición con la que compartía planes de gobierno casi idénticos. Vendría después la renuncia de Kuczynski. Mas, contra todo pronóstico, la sucesión que elevó a Martín Vizcarra a la presidencia transcurrió de manera ejemplar, con amplio apoyo popular y en particular, el de la antes antagónica mayoría.
A pocos meses de pronunciar un esperanzador mensaje de inauguración haciendo un llamado a la cooperación y al diálogo con todas la fuerzas políticas y productivas del país, Vizcarra, y un Gabinete totalmente nuevo, deben haber tomado consciencia de la difícil tarea por delante. Vizcarra viajó al norte y se escandalizó, con razón, al comprobar el terrible estado de la tarea de reconstrucción. Pronto se percataría, también él, del fracaso de su gobierno en esa misma tarea. Ante cada problema, cada reclamo, la demanda de cualquier grupo de presión, aunque minúsculo, la solución de su gobierno fue siempre la misma: ceder y así, de manera casi imperceptible, la noble tarea de gobernar fue mutando lentamente para convertirse en un solo y triste propósito: durar.
La impericia para acometer soluciones a problemas fundamentales en seguridad ciudadana, salud, educación, infraestructura, o para emprender urgentes reformas económicas, se hizo cada vez más evidente ante la impaciencia ciudadana. Solo la aparición de los vergonzosos audios que revelaron una masiva corrupción judicial dio al presidente la oportunidad de cimentar su liderazgo. Y lo hizo con valentía al proponer las reformas política y judicial ante un Congreso detestado, como todos los anteriores en los últimos 20 años. Retar al Congreso le valió un descomunal aumento al 66% en su popularidad. La fórmula sería usada nuevamente al impulsar una cuestión de confianza en mayo pasado y una vez más este 28 de julio con cada vez menor efectividad.
Ahora, con el adelanto de elecciones, Vizcarra ha dañado sus propias reformas. Se elegirán próximo presidente y Congreso con casi las mismas reglas anteriores. Permanecerá la inconveniente no reelección de congresistas y se habrá malgastado la oportunidad de tener un Senado. Peor aun, se ha introducido en el aparato político la noción de que la Constitución puede ser fácilmente cambiada apelando en plebiscito a ‘la voz del pueblo’, algo que halagará sin duda a todos aquellos empeñados en subvertir la democracia.
Por: Roberto Abusada Salah, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 8 de agosto de 2019
El Comercio, 8 de agosto de 2019
