El sistema AFP ha fracasado en su objetivo principal, asegurar la vejez del trabajador, a pesar de dos décadas de existencia y del apoyo del Estado a través de elevadas comisiones. Al final, apenas uno de cada siete trabajadores cotiza cada año. Entre los afiliados que aportan irregularmente, y la mayoría que nunca aporta, es evidente que la protección lograda es una pequeña fracción del objetivo buscado, y que la mayor parte de la población se encuentra desprotegida. Cualquiera diría que es hora para un reexamen.
Varios errores confluyeron en la creación de las AFP. El primero fue la creencia de que el peruano no ahorra, idea nunca sustentada pero tenaz, quizá por la predisposición a menospreciarnos. La realidad es todo lo contrario. La familia peruana no solo ahorra, sino que está entre las que más ahorran en el mundo. Según la encuesta anual de niveles de vida, en el 2013 el ahorro de las familias fue 24% de sus ingresos, antes de su aporte a los fondos de pensiones, o de su considerable gasto en educación. La contundencia de esa estadística se suma a que todos somos testigos del masivo esfuerzo de ahorro e inversión de millones de familias que construyen y mejoran sus viviendas y negocios en las ciudades, capitalizándolas con mercadería, máquinas y vehículos de trabajo, proceso que se viene repitiendo en las áreas rurales.
El segundo error fue tratar a la gente como si fueran muebles, sujetos pasivos e inmóviles, sin tener en cuenta que los obligados a cotizar podrían reducir otras formas de ahorro, mientras que los no afiliados podrían aumentar otras formas de ahorro, y eso, precisamente, es lo que ha sucedido. Al final, afiliados y no afiliados ahorran casi el mismo porcentaje de sus ingresos, según el estrato de ingresos en que se ubican. Entre las familias con ingresos entre quinientos y mil soles mensuales por persona en el 2013, los afiliados ahorraron 19% y los no afiliados 17%. Entre los que superaban los mil soles, los no afiliados ahorraron incluso más que los afiliados. Más que aumentar el ahorro, las AFP lo estarían reorientando hacia el sistema financiero, al Estado y a la gran empresa.
El tercer error fue subestimar el fuerte incentivo a la informalidad creado por el aporte retenido en planilla. Si bien estas sufren varias retenciones con objetivos sociales, la que más incentiva la informalidad es la pensión obligada, por su alto monto, y porque es la que menos valor tiene en la percepción del trabajador. Comparando, las retenciones por gratificación y vacaciones son una modificación en el calendario de la remuneración más que un verdadero sobrecosto. Incluso la CTS, ahora flexibilizada, es percibida casi como remuneración.
Un cuarto error fue escoger un modelo de seguridad social diseñado para Suiza o Chile, países con alta formalidad, trabajadores mayormente en planilla y un Estado competente. En el Perú, ni el Estado mismo cumple sus deudas a las AFP.
En vez de incluir, las AFP agravan la división entre lo formal y lo informal. En vez de un sistema inclusivo y de bajo costo, imponemos uno tan costoso que excluye a la mayoría, luego socorremos parcialmente al pobre extremo con una costosa Pensión 65, y al final dejamos a la mitad de la población desprotegida.
