Rafael Venegas, Director independiente de empresas y senior advisor de Spencer Stuart
El Comercio, 11 de marzo de 2019
La corrupción es una peste que aqueja al mundo, pero principalmente a los países con poca cultura cívica que, coincidentemente, son también los de menor desarrollo.
Esta enfermedad, junto con otra que es la burocracia, hace muy difícil el desarrollo y crecimiento de las empresas grandes y pequeñas. Es por eso que en estos países existe una altísima informalidad, como en el nuestro, en donde ocupa nada menos que al 74% de la PEA y genera casi el 20% del PBI.
En el Perú, este mal es crónico, ya que existe desde la Colonia y se hizo más pronunciado luego de la Independencia. Así se lee en el libro “Historia de la corrupción en el Perú” de Alfonso W. Quiroz, quien destaca el famoso “saqueo patriota”, en donde imperó la abusiva expropiación y una gran corruptela.
En los últimos meses, hemos sido testigos de grandes destapes de corrupción, ‘gracias’ a la tecnología (audios, videos, celulares, etc.) y a la decidida intervención de las autoridades estadounidenses y, posteriormente, brasileñas.
La característica principal para la práctica de la corrupción es ostentar algún tipo de poder y hacer mal uso de este. Como afi rmó Maquiavelo, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Esto lo practican los personajes de los más altos niveles (presidentes, ministros, generales, jueces, congresistas, alcaldes, empresarios, etc.), pero también los de menor jerarquía (policías, guardianes, funcionarios públicos, jefes administrativos, etc.). Solo basta con tener algún tipo de poder. En mayor grado, se forman cadenas más elaboradas (mafi as), donde el ‘poderoso’ crea una organización con intermediarios, representantes, seguridad, entre otros cargos, y tratan de no aparecer en escena.
Como vemos, no toda la corrupción es grande, como la que llena los titulares de los medios. La pequeña es la raíz de la enfermedad y es la que está enquistada en nuestra sociedad. Muchos la practican, pero también muchos la aceptan. Por supuesto, el error es de ambos. Esta es la llamada ‘corrupción hormiga’.
La coima al policía, al guardián para no hacer cola, al funcionario para que acelere un trámite o una licencia, el pago extra para pasar la revisión técnica, para conseguir el brevete o para recibir una certifi cación son casos típicos de ‘corrupción hormiga’. Esto es mucho más común en el sector público, en donde los trámites son diseñados de la forma más engorrosa posible para crear así situaciones propicias para la coima. Estos procesos ‘burocráticos’ creados son la principal causa de esta peste.
Otro tema grave, que abona en favor de la burocracia y la corrupción, es el tremendo exceso de personal en todas las dependencias públicas. Este tema, que es auspiciado por los políticos de turno, vía ‘tarjetazos’, inunda las entidades públicas de personal innecesario e incapaz, y afecta al erario nacional.
Hay más de 1,5 millones de personas trabajando en el sector público, cuando se calcula que solo se necesitaría la mitad. Esto equivale a casi 10% de la PEA. Como ejemplo, hace unos días se supo que en sus dos primeros años, el Congreso incrementó su planilla en más de 800 personas (casi un 25% adicional) y se les llama ‘padres de la patria’.
¿Se puede hacer algo? Yo, estoicamente, aún creo que sí, pero el camino es largo y requiere de grandes y firmes decisiones, así como de mucha disciplina.
En CADE 2018, un grupo de empresarios, apoyados por IPAE, presentó una nueva institución llamada Empresarios por la Integridad (ExI). En ella se están elaborando mecanismos para promover que las empresas y la ciudadanía en general denuncien actos de corrupción. Algo así como las líneas éticas que tienen algunas empresas. La iniciativa me parece muy positiva y ojalá tenga éxito.
En cuanto a la burocracia, causa principal de la corrupción, el Gobierno está obligado a hacer lo que le corresponde para generar bienestar a los ciudadanos.
En ese sentido, se debe seguir con la implementación del plan de reingeniería de la tramitología pública, que inició acertadamente el ex primer ministro Fernando Zavala.
De igual manera, se debe continuar con el plan integral de conectividad pública digital (siguiendo el modelo de Estonia). El Perú tiene una gran ventaja para esto, ya que es uno de los pocos países de la región que cuenta con un documento de identidad único (DNI), lo que facilita tremendamente este proceso. Gran logro, que se le reconoce a la Reniec.
En cuanto a la abultada planilla pública, se debe ejecutar un plan de racionalización, enfocándose en los ingresos fraudulentos de los últimos años. Esto generaría grandes ahorros para el Gobierno, que servirían para nuevas obras de infraestructura o para la reducción de tarifas.
Todo esto parece muy difícil de lograr, pero no es imposible. Si no, revisen lo que pudo lograr en su región el último gobernador de Ica, Fernando Cillóniz.
Digitalizar y conectar integralmente al sector público y a sus ciudadanos. Racionalizar y agilizar los trámites y la planilla pública. Todo esto, sin duda, servirá para reducir la burocracia y, por ende, la peste de la corrupción.
Esto, a su vez, hará que la informalidad se reduzca de manera importante y así el Perú volverá a la senda del crecimiento en bienestar de sus ciudadanos, que se tuvo de manera efímera en la década pasada.
¡Felizmente que aún se puede soñar!
