Por: Miguel Palomino
Presidente del Instituto Peruano de Economía
La República, 19 de julio del 2023
«Otra es reconocer la realidad de la pandemia y del nefasto y corrupto régimen de Pedro Castillo. Ambos hicieron su parte en destrozar la economía…”.
La calidad del empleo en el Perú no se ha recuperado totalmente desde la pandemia. El número total de empleos ha crecido, pero estos son de mucho menor calidad desde cualquier punto de vista.
En Lima, donde se tienen las estadísticas más recientes (y los números son más dramáticos), esto es muy claro. El número de trabajadores subempleados por ingresos ha aumentado en 60% entre el trimestre de abril a junio del 2019 y el mismo trimestre del año 2023.
El subempleo por ingresos se da cuando un trabajador “normalmente trabaja 35 o más horas a la semana, pero sus ingresos son menores al valor del Ingreso Mínimo”, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Así, en Lima, han aumentado en 660.000 los trabajadores que ganan menos del ingreso mínimo en comparación con el 2019.
En contraste, se ha reducido en 150.000 (-5%) el número de trabajadores que ganan más que el ingreso mínimo. Ojo, esto no es producto de alguna manipulación del ingreso mínimo. Basta con comprobar que el ingreso promedio por trabajo solo ha subido un 13% en estos cuatro años. No hay que ser matemático para saber que la inflación ha sido bastante mayor a 13% en ese periodo. En otras palabras, el ingreso promedio real de los trabajadores ha caído en 7% en estos cuatro años.
Pero, contrario a lo que pudiera parecer, estas no son (tan) malas noticias. Una cosa es compararse con el 2019 y otra reconocer la realidad de la pandemia y del nefasto y corrupto régimen de Pedro Castillo. Ambos hicieron su parte en destrozar la economía, pero recordemos que aún no hemos terminado de pagar todos los costos de la gestión de Castillo y sus secuaces. Incluso, si se manejara la economía maravillosamente bien (cosa que no está sucediendo), nos tomaría años superar el daño hecho por Castillo.
Ahora bien, durante los últimos años, la economía se ha venido sanando, no al paso que podría, pero sanándose al fin. En el último año, los ingresos por trabajo han crecido un 15,4%, el doble que la inflación. El empleo adecuado ha crecido en 23,8% en el 2022 y 5,5% en lo que va del 2023.
¡Aún un crecimiento de 5,5% anual es el triple de lo que crece la población en edad de trabajar! Las cifras de empleo adecuado e ingresos de mujeres han mostrado en el último año enormes progresos, en línea (en nuestra sociedad machista) con la vuelta al colegio de sus hijos.
Todo este progreso hubiera sido bastante mayor si no fuera por los profundos costos económicos de las protestas de inicios de año. Recordemos que es el trabajador promedio, y peor aún el de más bajos ingresos, el que se ve perjudicado cuando su trabajo se ve interrumpido. Él mismo sufre las consecuencias de la falta de inversión y del menor empleo que trae consigo. No se crea empleo sin inversión.
Así, pese a la normalización gradual del empleo, el PBI ha mostrado una inesperada caída, especialmente la fuerte caída en la inversión. Con el producto bajando no es posible que se mantenga el aumento del empleo y de las remuneraciones si este sigue cayendo o creciendo a tasas muy bajas. Algo tiene que ceder.
Lo cual nos lleva a las protestas de este 19 de julio (o cualquiera que pueda venir luego). Protestar pacíficamente es un derecho de todo ciudadano. Pero hacerlo incitando a la violencia y atentando contra las libertades de quien no desea protestar es un crimen.
Usar métodos criminales para lograr objetivos políticos a costa de los menos afortunados es un proceder típico de la ultraizquierda que no cree en la democracia. Ellos dicen, equivocadamente, que el fin justifica los medios y si tiene que haber sangre para lograr el fin, adelante.
