Por: Micaela Rizo Patrón, Gerente general de Perú Sostenible
Gestión, 23 de Marzo del 2023
Si bien es responsabilidad primaria del Gobierno, la empresa privada puede activarse y sumar.
Desde hace años pareciera que el Perú vive de crisis en crisis. Entre algunas más estructurales, como la política y social, y más coyunturales, como la pandemia de covid-19, la que se vive en el sector educativo parece una combinación de ambas: una deuda pendiente desde hace buen tiempo, que eleva su nivel de complejidad con nuevos factores que van apareciendo.
Y es que brechas históricas se combinan hoy con eventos como las intensas precipitaciones, inundaciones y huaicos que no son novedad, y que nos encuentran sin un plan de acción e impactan directamente en el inicio del año escolar.
Según afirmó el Minedu en el 2021, más de 124 mil escolares interrumpieron sus estudios por falta de conectividad, problemas familiares o económicos. Además, existe una arista de deserción escolar, influenciada especialmente por el género y la lengua. Se estima que 24.6% niñas con lengua materna indigena abandonaron sus estudios.
Estas cifras sólo son la punta del iceberg. Según un reciente informe del INEI, el Objetivo de Desarrollo Sostenible #4, Educación de Calidad’, es uno de los que más preocupa a nivel nacional.
Y no solo se trata de asistencia escolar, sino también del nivel de calidad que se ofrece. Este estudio revela que solo 2 de los 24 departamentos, Tacna y Moquegua, superan el 50% de estudiantes con nivel satisfactorio de comprensión lectora.
Ni siquiera la capital, teniendo la mayor densidad demográfica, supera el 45%. La situación se agrava conforme nos alejamos de la costa: En Loreto, solo el 9% de los alumnos entiende lo que lee.
Estas cifras son impensables y es inaceptable en esta situación seguir aplazando este eje de desarrollo. La educación, además de ser un derecho fundamental, es clave para mejorar la calidad de vida de las personas, potenciar la empleabilidad y ayudar a salir de la pobreza; empodera a las mujeres y fomenta la igualdad de oportunidades y, además, promueve la paz y la seguridad.
El reto es enorme. Y si bien este es responsabilidad primaria del Gobierno, requiere indudablemente de un esfuerzo colectivo. En este sentido, la empresa privada puede activarse y sumar. Por ejemplo, Empresarios por la Educación, organización sin fines de lucro que contribuye al mejoramiento de la educación pública nacional, ha logrado registrar 134 programas impulsados por empresas en su Plataforma de Interconexión.
Por su lado Aloxi, asociación empresarial con el propósito de mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de inversiones en Obras por Impuestos, desde su creación en el 2008, ha invertido S/. 754-5 millones de soles en proyectos educativos, involucrando a 17 empresas.
Similar esfuerzo despliega Efecto Áncash’, iniciativa de la empresa Antamina enfocada en promover un cambio sistémico e integral en la comunidad educativa de Huari con proyección a la región. Ejemplos así es lo que necesitamos para seguir avanzando hacia una educación inclusiva, próspera y sostenible.
