Los desafíos legales a una diferencia de votos extremadamente reducida son una parte fundamental de la democracia.
Mary Anastasia O’Grady
WALL STREET JOURNAL
20 de junio de 2021
Glosado y Traducido por Lampadia
Durante la campaña presidencial peruana a principios de este año, el candidato socialista Pedro Castillo dijo a los votantes que nacionalizaría los activos de los inversores extranjeros. No dijo si esto se aplicaría a las corporaciones chinas que poseen miles de millones de dólares en intereses mineros peruanos. Pero predecir que no lo hará no es exactamente arriesgarse.
Castillo es un rabioso anticapitalista respaldado por la extrema izquierda de Perú. Es un socio perfecto para Beijing, que ni siquiera pretende preocuparse por la corrupción o los derechos humanos. China está ansiosa por aumentar su influencia política y económica en América del Sur, e hizo incursiones en Perú cuando, en mayo de 2019, el entonces presidente Martín Vizcarra, quien luego fue acusado de corrupción y destituido de su cargo, firmó su Cinturón y Iniciativa vial.
La carta de China que se espera que juegue Castillo es una de las razones por las que los peruanos, junto con Estados Unidos y otras democracias, tienen interés en una revisión transparente de los votos impugnados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Pero no es el único.
La diferencia entre el total de votos de Castillo y su rival de centro derecha, Keiko Fujimori, es extremadamente estrecha. Si Castillo es declarado ganador, ha amenazado con usar su escasa mayoría como justificación para romper la constitución económicamente liberal del país y reemplazarla por algo más cercano a la de Venezuela. No es una exageración decir que él cree que el 50,1% de los votos da derecho al ganador a aplastar los derechos del otro 49,9%.
Esta no es razón para negarle a Castillo una victoria si ganó de manera justa. Pero refuerza el caso de la máxima transparencia, que solo puede garantizarse mediante una audiencia imparcial de ambas partes. Si se puede tomar la palabra de Castillo, la libertad peruana está en juego.
El 10 de junio, 17 ex presidentes de América Latina y España emitieron una declaración en la que pedían a ambas partes que ejercieran el liderazgo esperando que las autoridades electorales peruanas cumplieran con sus responsabilidades de fiscalización.
Los peruanos siguen esperando.
El bando de Castillo dice que el resultado ya está decidido porque tiene una ventaja de alrededor de 44,000 votos después de que las autoridades electorales hayan resuelto algunos desafíos. La Sra. Fujimori dice que unos 200,000 votos más, la mayoría a favor del Sr. Castillo, deberían ser anulados por fraude. Ella dice que puede probarlo si el consejo electoral divulga los datos y el tribunal accede a escuchar la evidencia.
Los partidarios de Castillo, que afirman amar la democracia, quieren negar esa posibilidad. Alberto Fernández, el presidente izquierdista de Argentina, tuiteó felicitaciones al Sr. Castillo días después de las elecciones y agregó algunas palabrerías sobre la «fortaleza institucional» del país.
Pero es demasiado pronto para sacar la conclusión de que las instituciones han funcionado. Primero, se debe permitir a los peruanos impugnar los resultados de las elecciones, como es su derecho según la ley peruana.
Algunos oponentes no muy brillantes de Donald Trump tuvieron un colapso el otoño pasado cuando sugerí que se debería permitir que los desafíos de Trump se desarrollen en la corte. Ellos estaban equivocados. Al permitir que los jueces, muchos de los cuales fueron nombrados por los republicanos, revisaran las denuncias de fraude masivo, el proceso se desarrolló legalmente.
Los peruanos merecen igualdad de trato y transparencia, y la confianza pública en las instituciones lo requiere. Las peticiones de acceso al sistema legal no solo son legítimas, sino que aclararían los resultados.
Es probable que el Sr. Castillo entienda esto mejor que la mayoría. En lo que parece ser un esfuerzo por cerrar el asunto rápidamente, ha retirado sus apelaciones aún no escuchadas por el tribunal electoral nacional.
Ese tribunal, que decide qué apelaciones serán escuchadas, ha tenido un comienzo difícil. Tiene cinco asientos, pero solo cuatro están ocupados. El presidente del tribunal, cuyas simpatías con la izquierda están bien establecidas, es por ley el desempate.
El tribunal solicita que las impugnaciones se presenten dentro de los tres días posteriores a la elección, con prueba de que los abogados han pagado los honorarios requeridos. Cientos de impugnaciones están colgando en el limbo porque el tribunal aún no ha decidido si el incumplimiento de tales tecnicismos debería invalidarlos.
Los abogados de la Sra. Fujimori argumentan que el tribunal debe considerar sus impugnaciones sobre el fondo en lugar de plazos arbitrarios. El tribunal pareció sentir cierta empatía por ese argumento el viernes 11 de junio, cuando dictaminó que aceptaría impugnaciones tardías. Más tarde, ese mismo día, revirtió su propia decisión, lo que generó especulaciones de que está bajo una enorme presión de la izquierda para apresurarse a lograr una victoria de Castillo.
Si Castillo hizo trampa, con la ayuda de aliados políticos como Vladimir Cerrón, entrenado en Cuba, quien encabeza el Partido Perú Libre de Castillo, entonces los peruanos merecen saberlo. Si no hizo trampa y la nación votó, por muy estrecho que sea, por un candidato que ha prometido repetidamente hacer estallar la economía de mercado, ellos también merecen saberlo. Lampadia
